Un condenado por corrupción en Vigo pide el indulto por su militancia en el PSOE y la UGT

A lo largo de las siete páginas de su escrito —al que ha tenido acceso ABC—, la defensa de Gutiérrez Orúe sostiene que el funcionario «no se lucró con el producto de su delito», habiendo además reparado el daño con el pago de la indemnización a la que fue condenado, de manera solidaria junto al otro encausado, el empresario Ramón Comesaña, apoderado de la concesionaria Imesapi. «Gutiérrez Orúe lleva trabajando desde los 19 años, dedicó la práctica totalidad de su vida a la defensa de los trabajadores y a desempeñar su trabajo como servidor público, desde que a los 25 años [en 1981] empezó a trabajar como peón en el Concello de Vigo», y reitera de nuevo que «en marzo de 1982, con 26 años, se afilió al sindicato UGT y pocos meses después, en noviembre del mismo año, al PSOE» . La petición de indulto incluye los carnets de afiliación al sindicato y al partido, para que no haya duda.

El relato de la defensa busca humanizar al reo. Se subraya cómo logró su título de Graduado Social por la USC «que obtuvo con sumo esfuerzo pues lo tuvo que compatibilizar además de con su trabajo en el Concello de Vigo y su labor sindical, con su propia familia». Gutiérrez Orúe, jubilado desde que se dictó la sentencia de primera instancia en 2019, «se muestra tremendamente arrepentido de lo que hizo , queriendo recalcar en cualquier caso que nunca se lucró personalmente en absoluto».

Ese arrepentimiento, sin embargo, no se tradujo durante la fase de instrucción en el esclarecimiento de quién, desde la esfera política, le dio la instrucción de que se abonaran las facturas a la concesionaria, con las que se pagaba el sueldo de la cuñada de Carmela Silva a cambio de nada. El papel de Gutiérrez Orúe ahí fue determinante, ya que se convirtió en el cortafuegos de la investigación . Durante el juicio en la Audiencia de Pontevedra, Comesaña lo señaló como responsable de ordenarle la contratación de Falque. Pero Orúe guardó silencio. De hecho, nunca se llegó a imputar ni al concejal responsable de personal, Santos Héctor, ni tampoco a la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación, Carmela Silva. El 'enchufe' de su cuñada no salpicó penalmente a ningún político , argumento al que se aferra el PSdeG para desentenderse de este caso, por más que tanto el Supremo como la Audiencia reiteraran en sus sentencias que el único motivo que llevó a la concesionaria a pagarle un sueldo a Falque era su relación familiar con Silva.

Junto con la solicitud de indulto parcial, los abogados de Gutiérrez Orúe solicitan la suspensión de su entrada en prisión, dado que la sentencia del TS es firme y contra ella no caben más recursos. Los magistados de la Sala de lo Penal lo consideraron autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otros dos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil .

La sentencia del Supremo estableció que la concesionaria Imesapi «cobró del Concello [de Vigo] un total de 108.147 euros librando facturas por importes inferiores a 18.000 euros para que la contratación pudiera realizarse en la forma de contrato menor y evitar las formalidades y controles», y que estas facturas «reflejaban unos trabajos que no se habían realizado, y que fueron destinados al pago de las nóminas» durante cinco años de Vanesa Falque, la cuñada de Carmela Silva . Además, Gutiérrez Orúe «influyó directamente» en que se emplearan fondos municipales en el abono de estas factura «dada la confianza de que gozaba por su experiencia y antigüedad en el Concello». «Nos encontramos ante una pluralidad de acciones ejecutadas de común acuerdo por ambos acusados con idéntico propósito», que no era otro que «beneficiar económicamente a Vanesa Falque a costa de fondos del Ayuntamiento bajo la forma de retribuciones mensuales por unos trabajos que no había realizado» .

Los magistrados reiteraron que Comesaña no fue condenado por la contratación de la cuñada de Carmela Silva, sino por participar de una trama de facturas falsas que giraba al Concello aduciendo que servían para pagar un servicio a mayores del que ya prestaba la concesionaria. «No correspondía al Concello abonar ninguna cantidad adicional», de ahí que «a fin de compensar a Imesapi de un gasto que no era necesario y cuya única finalidad era el beneficio económico de la señora Falque», se adjudicaron los contratos irregulares.

La concesionaria Imesapi, perteneciente al grupo ACS, sigue trabajando para el Concello de Vigo en diferentes concesiones —la más jugosa, una de 9 millones de euros en UTE con FCC para el mantenimiento del alumbrado público—, si bien el apoderamiento de Ramón Comesaña fue revocado en septiembre de 2021.