El Congreso tumba la cesión migratoria a Junts y se rompe el bloque de investidura

Es el tercer fracaso en tres semanas de curso político, tras la devolución del proyecto de ley para reducir la jornada laboral –norma estrella de Yolanda Díaz– y el rechazo a tramitar la iniciativa de Sumar para crear una oficina anticorrupción en España. Pero más allá de lo cuantitativo, que sin duda es fiel reflejo de la fragilidad parlamentaria de un Ejecutivo que todavía no ha presentado unos presupuestos en estos dos años de legislatura, se aprecia un salto cualitativo. Las ruedas de prensa previas al pleno, el debate y los corrillos en los pasillos, con acusaciones cruzadas y palabras tan altas en el hemiciclo como fuera de él, han constatado que la cohesión en el bloque de investidura no existe.

Podemos, actor 'sine qua non' de esta nueva fase de la legislatura, en la que por primera vez se cuela en las conversaciones privadas la especulación de si el país está ante un escenario preelectoral –hipótesis que el Gobierno aleja emplazando al 2027–, adelantó su intención de votar en contra de la ley presentada por PSOE y Junts al considerarla «racista» y una excusa de los neoconvergentes para competir contra el auge de la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Pero al 'no' de los cuatro diputados de Ione Belarra, a los que varios socios observan con desconfianza, convencidos de que se frotan las manos ante la idea de ir a las urnas, se han adherido dos: el del diputado de Chunta, Jorge Pueyo, y el del diputado de Compromís Alberto Ibáñez, quien, al contrario que su compañera de coalición Àgueda Micó, sigue bajo el paraguas de Sumar. Izquierda Unida, que ha mantenido el suspense hasta el final, ha apretado el botón verde.

Noticia Relacionada

Moncloa incluye una cláusula para saltarse su propio embargo de armas a Israel

Ainhoa Martínez

Se da la paradoja de que Micó, en el Grupo Mixto, ha aceptado la toma en consideración de la ley, como ha marcado la dirección de sus antiguos colegas de bancada, mientras que Ibáñez no ha dudado en romper la disciplina de voto. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, restaba importancia por la mañana a posibles deserciones y las vinculaba a que se conocía de antemano que la ley iba a decaer. «Es la base de la que debemos partir para entender ciertas posturas en el grupo», ha dicho la diputada izquierdista. Han sido solo dos borrones.

Noticia Relacionada

Jorge Pueyo y Alberto Ibañez, los diputados de Sumar que votaron 'no' a la cesión migratoria a Cataluña

David Sánchez de Castro

El representante de la Chunta Aragonesista y el de Compromís, por diferentes motivos, acabaron votando junto a Podemos, PP y Vox

Pero lo cierto es que Micó e Ibáñez, además de exhibir la desazón que atraviesa Compromís, con Més e Iniciativa remando en direcciones contrarias, han reflejado los dos enfoques que se han visto en la izquierda y los partidos nacionalistas. Unos han primado la forma, y se han quedado en el marco competencial, y otros, el fondo, censurando las posiciones de Junts, próximas a las de PP y Vox, pero aliado indispensable del Gobierno de PSOE y Sumar. Junts, el mismo partido que hace dos semanas le dio carpetazo a la reducción de la jornada laboral, como reclamaba la patronal catalana.

Las diferencias ideológicas entre los aliados del Ejecutivo siempre han estado ahí, pero este martes eran un elefante en una cacharrería. El debate ha comenzado con José Zaragoza (PSC) hablando de Gaza –fuentes parlamentarias de Junts han trasladado su malestar por lo poco que se ha hablado de la propia delegación de la inmigración–, con Míriam Nogueras (Junts) alertando del «colapso» y «desbordamiento» migratorio en Cataluña por la llegada de personas de forma irregular y Nacho Martín Blanco (PP) acusando al Gobierno de «trilerismo» político por prometer una cesión que posiblemente, según él, no iba a pasar el corte del Tribunal Constitucional. Los populares, como Vox y UPN, han rechazado la tramitación de la norma, pero no por «racista», sino por suponer una amenaza a la soberanía nacional. «No hay diecisiete fronteras, solo una», ha clamado Pepa Millán.

Este martes, sin embargo, el protagonismo ha recaído principalmente en Podemos, cuyos votos han sido decisivos para dejar en papel mojado la cesión de Sánchez ante Carles Puigdemont, igual que de momento ha pasado con la amnistía del prófugo y la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Nogueras, cuyo partido ve sus tres grandes 'conquistas' incumplidas, ha sido la más dura. «Si el argumento es que los catalanes son racistas, será la prueba del algodón de que es tan anticatalana la extrema derecha española como la extrema izquierda española. Quien está pidiendo esta ley es Cataluña», ha aseverado, tras preguntar retóricamente al exvicepresidente Pablo Iglesias si es también «racista» el PSOE, coautor de la iniciativa, o solo lo son los catalanes que quieren las «herramientas» para «controlar este fenómeno».

El PSOE ha telefoneado a Podemos, pero no ha cambiado nada. Su diputado Javier Sánchez Serna, en el debate, ha retado a Junts a retirar la ley y apoyar la regularización de inmigrantes que plantea la iniciativa legislativa popular varada en la Cámara Baja: «Entonces, nos sentaremos a hablar». Pero la implosión en el bloque de investidura no ha terminado en el choque de Junts y Podemos. Gabriel Rufián, de ERC, ha arremetido primero contra los de Belarra porque la cesión, ha dicho, era para Cataluña y no para un solo partido; pero se ha sumado después a ellos al afirmar que la primera parte de la intervención de Nogueras es «racista» y se debe a la irrupción de Aliança Catalana. Bildu, PNV y BNG, nacionalistas todos ellos, también han cargado tintas contra Podemos. Un antiguo aliado que hoy, como Junts, resquebraja el bloque de investidura.