Moncloa incluye una cláusula para saltarse su propio embargo de armas a Israel

Esta puerta de atrás permite al Ejecutivo reservarse la capacidad de «poder autorizar una operación», mediante acuerdo del Consejo de Ministros, «en circunstancias excepcionales que afecten al interés general». Esto es, si el Gobierno considera que se ve afectada, por ejemplo, la seguridad nacional por prescindir de cierta tecnología militar o inteligencia israelí, podría seguir utilizándola en la práctica saltándose su propio veto. Esta salvaguarda confirma los recelos de algunos socios, dentro y fuera de la coalición, sobre la aplicación efectiva de la medida y explica también las dificultades «técnicas» que han acompañado a la redacción del texto y que han motivado su retraso.

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En el Gabinete se remiten a la normativa de comercio exterior en materia de defensa y doble uso, que «hace referencia a este concepto de interés general, aludiendo, por ejemplo, a elementos asociados con la seguridad nacional o la política exterior». En este sentido, fuentes gubernamentales resaltan que se trata de una salvedad para «situaciones excepcionales que puedan no haber sido previstas inicialmente o que surjan a lo largo de su implementación«.

La excepción ha generado ya reparos en el socio minoritario de la coalición que, tras sacar pecho por la aprobación de la medida, anunciaba inmediatamente que solicitaría su convalidación como proyecto de ley para poder ampliar el ámbito de aplicación del embargo. Además, avanzaba que mientras no sea modificada la disposición adicional que permite excepciones a algunas operaciones con Israel, el partido se «opondrá» a cualquier propuesta que, en este sentido, se haga en el Consejo de Ministros. Desde Podemos también han visto confirmadas sus sospechas y fuentes consultadas por ABC lamentan que «como se temían, el embargo no iba a ser total y efectivo, sino un coladero para aparentar y no hacer nada». No obstante, desde el partido morado estudiarán a conciencia el texto antes de hacer una valoración.

Fuentes gubernamentales responden que han «agotado» todas las opciones legales que tenían a su alcance para efectuar el embargo de armas. Revelan que, durante estas semanas, el equipo jurídico del Gobierno, la Abogacía del Estado, ha estado, «literalmente», revisando «cada coma» de la norma para garantizar que estuviera blindada jurídicamente. «Hemos llegado al límite de lo que podíamos hacer», se justifican, recordando que también hay parte de la legislación comunitaria e internacional que hay que cumplir.

En todo caso, desde el Ejecutivo hacen un llamamiento a los socios, con quienes intercambiaron impresiones y el propio texto del real decreto ley durante el fin de semana, para que lo convaliden –tienen un plazo de un mes–y que la ambición de conseguir algo mayor no impida que se puedan empezar a dar algunos pasos. «Hay socios que querrían seguir avanzando, nosotros también, pero hay que dar los pasos que se pueden dar», señalan fuentes gubernamentales, que apuntan inmediatamente: «Queremos tener un texto cerrado y aplicable en términos prácticos. No queremos un decreto ley que no pueda aplicar un funcionario de aduanas».

La norma también prevé una disposición transitoria para «revocar las autorizaciones vigentes a fecha de la entrada en vigor» de la norma -con su publicación hoy en el BOE- y para «prohibir las pendientes de resolución». Es decir, que todos los contratos que nos vinculan con Israel actualmente o los que estaban pendientes de desbloquearse quedarán automáticamente anulados. «Todo ello para evitar que haya ningún agujero o ninguna casuística no prevista».