Podemos provocará una nueva derrota de Pedro Sánchez con su rechazo a la «ley racista» de Junts

Casi siete días después de que Junts tumbase la reducción de la jornada laboral, medida estrella de Yolanda Díaz (Sumar), junto a PP y Vox, la formación independentista ha decidido introducir en el pleno de la próxima semana la única proposición de ley que tenía registrada: la firmada junto al PSOE para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Junts podría haber renunciado a su cupo, pero, entonces, habría tenido que esperar meses para poder llevar a debate otra norma de este rango.

En marzo, para reconducir las maltrechas relaciones con la derecha separatista, hasta entonces al límite por la exigencia del prófugo Carles Puigdemont de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sometiese a una cuestión de confianza, el PSOE accedió a registrar junto a Junts en el Congreso una ley para la transferencia de competencias de inmigración a la Generalitat, cuyo Gobierno está ahora en manos del PSC. Los socialistas rebasaron así otra de sus líneas rojas, porque hasta esta legislatura nunca se habían planteado ceder competencias migratorias a las comunidades autónomas, conscientes de que la Constitución las sitúa dentro del paquete de las que corresponden al Estado.

Pero Junts, amenazado en Cataluña por la irrupción de Aliança Catalana, un partido independentista de extrema derecha que hace de la inmigración su principal bandera, forzó la máquina hasta que acordó la delegación de competencias con el PSOE. Ahora, Podemos, distanciado del Gobierno desde hace meses, provoca que Sánchez vaya a incumplir una de sus grandes promesas, lo que deja en el aire, nuevamente, la futura relación con el partido de Puigdemont.

Fuentes parlamentarias socialistas le restan importancia a este más que probable revés —con el no de Podemos, basta con el rechazo de PP, Vox y UPN para que la norma decaiga— y dicen que Junts, con esta derrota o sin ella, se iba a comportar igual para encarar cualquier negociación, incluida la que se vislumbra en el horizonte de los presupuestos generales del Estado.

El problema para Sánchez es que Junts le puso sobre la mesa tres 'carpetas' para asegurar la viabilidad de la legislatura y ninguna de ellas tiene visos de prosperar, al menos en el corto plazo. Una, la amnistía 'política' a Puigdemont —o en otras palabras, que pueda regresar a España sin asumir sus responsabilidades penales—, está en manos de los tribunales. Otra, la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que requiere de la unanimidad de los Estados miembros, se ha topado con el férreo rechazo de varios de ellos. Y esta última, la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat, que Junts ha acelerado para que se debata el próximo martes, está a punto de decaer.

Fuentes de Podemos, aunque recalcan que siempre han defendido «la plurinacionalidad y el autogobierno», también subrayan que la iniciativa tiene «intenciones abiertamente racistas». Y es que los planteamientos de Junts en materia migratoria, más cercanos a los del PP e incluso a los de Vox, están en las antípodas ideológicas de la formación de Belarra e Irene Montero. Los izquierdistas señalan tanto el preámbulo de la norma como declaraciones de Puigdemont —«Sin integración no hay nación», dijo el 'expresident'— para dar por probado que la voluntad de los neoconvergentes no es otra que «desplegar una agenda racista». «Es una norma que solo se entiende en el marco de la pugna electoral que mantienen Junts y Aliança Catalana», sentencian, y añaden: «Para hacer leyes racistas no se puede contar con los votos de Podemos».

El tono de Podemos ha molestado sobremanera en Junts, desde donde dan la vuelta a la tortilla y se preguntan cómo puede tacharles de «racistas» un partido que, dicen, se mete «en el bloque de PP y Vox», informa Inés Ruiz-Jiménez. Fuentes parlamentarias de la formación separatista deslizan que los de Belarra están en modo electoral, pero aun así no tiran la toalla e inciden en que «hay margen» y que de aquí al martes quedan «siete días» para negociar. Desde luego, con la dureza empleada este martes por los izquierdistas –la misma que empleaba Junts con la reducción de jornada de Díaz hace una semana– no lo parece.

Antes de eso, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha reconocido abiertamente que su partido habría preferido «tener más tiempo para negociar», pero ha manifestado su respeto hacia la decisión de Junts de incluir el debate de su toma en consideración el martes siguiente. Ahora, ha dicho López con resignación, el PSOE negociará hasta el final para intentar recabar los apoyos para que, al menos, se inicie la tramitación de la ley aunque luego los partidos puedan enmendarla. Poco después, ha llegado el portazo de Podemos.

Entre medias, la portavoz del Grupo Plurinacional Sumar, Verónica Martínez Barbero, había trasladado la intención de su espacio de permitir la tramitación de la iniciativa —aunque hay discordancias internas—, pero había lanzado el mensaje de que de la mano debe llegar la regularización de inmigrantes que permanece bloqueada en la Cámara Baja y a la que Junts, por cierto, se opone. Ese posible intercambio de cromos, salvo sorpresa mayúscula, no se podrá sustentar. Podemos no está por la labor ni de permitir que se discuta una norma «para un fin tan lamentable —dice— como es extender el racismo».