La Fiscalía Europea estudia si puede quedarse la causa de Cerdán

Según ha podido saber ABC, la Fiscalía Europea estudia si puede reclamar la investigación de la causa por la existencia de dichos fondos comunitarios en los expedientes de licitaciones investigados, mientras la Fiscalía Anticorrupción tiene claro que la existencia de dichos fondos no es motivo suficiente para que el organismo independiente de la Fiscalía española reclame la investigación.

La Fiscalía Europea, organismo de reciente creación (2021) con sede en Luxemburgo y delegados en cada uno de los países con representación –en el caso de España Ignacio De Lucas– tiene la función de investigar, instruir y enjuiciar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea. Para ello, cada vez que asume una investigación lo hace de principio a fin como si se tratase de un juez instructor y sólo lo entrega a los juzgados nacionales competentes para juzgar cuando concluye, presentando acusación o solicitando el archivo.

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Javier Lillo

En la delegación española de la Fiscalía Europea son conscientes de que la cuestión de la competencia está sobre la mesa y habrá que abordarla. Oficialmente, afirman fuentes consultadas, aún no se ha producido ningún movimiento para reclamar la investigación y avanzan que la prioridad es la buena marcha de la misma, no perjudicar las pesquisas y el desarrollo de la instrucción, que es compleja y que habría que desgajar. En las próximas semanas habrá, según fuentes sondeadas por ABC, algún movimiento sobre este delicado asunto.

Hasta ahora, Anticorrupción se ha ocupado de impulsar las pesquisas en trabajo conjunto con un equipo de 12 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para revisar las adjudicaciones de obra a las que apuntó el comisionista Víctor de Aldama y cruzarlas con la información extraída de los audios requisados a Koldo García, entre ellos uno en el que se le oye, presuntamente, hablando del reparto de mordidas con Santos Cerdán.

Desde el departamento encabezado por Luzón esperarán igualmente a que el asunto se estudie, pero consideran que la instrucción no se la puede llevar la Fiscalía Europea porque en esta causa no se investiga ningún delito de malversación de caudales públicos, sino de cohecho.

Según la documentación revisada por este diario, de los seis expedientes de contratación pública que se investigan en la causa, al menos tres son financiados con fondos de la Unión Europea. Suman 401,3 millones de euros y son de Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, dependiente del Ministerio de Transportes.

El primero de ellos, de Adif Alta Velocidad y adjudicado en enero de 2019 a una UTE (Unión Temporal de Empresas) de Ferrovial y Acciona por 146,6 millones de euros, impuestos incluidos, consistió en las obras de construcción de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad entre Murcia y Almería, en concreto el tramo Pulpí-Vera. El segundo, de mayo de 2019 y adjudicado a la misma UTE, asciende a 192,1 millones de euros. Se trata de las obras de soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia, la línea de alta velocidad que une Madrid con Levante. El tercero, que sumó 62,6 millones de euros para Acciona, fueron las obras para la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y se adjudicó en noviembre del mismo año. Los tres corresponden a la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.

El magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Leopoldo Puente envió a Santos Cerdán a prisión preventiva –donde lo mantiene por riesgo de destrucción de pruebas- por indicios de que ha podido cometer delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en relación con el cobro de comisiones ilícitas en relación con las adjudicaciones a Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Acciona Construcción en UTE con Servinabar, la compañía navarra de Antxon Alonso, un amigo de Cerdán, quien por cierto tuvo la mitad de participaciones de dicha empresa, según la documentación incautada.

Ábalos, Koldo García y los empresarios que presuntamente les entregaron mordidas están investigados por los mismos delitos. Se trata de José Ruz, dueño de LIC; Antonio y Daniel Fernández Menéndez, directivos de OPR; Fernando Agustín Merino Vera (extrabajador de Acciona Construcción) y Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar

El martes, el magistrado Puente acordó desgajar la investigación abierta a Ábalos y que ya afecta también a Cerdán en dos. Por un lado, y dándola ya prácticamente por acabada, investiga a Ábalos, su asesor y Aldama por los contratos de mascarillas durante el Covid. En esta causa también se ha abordado la contratación de la expareja del exministro, Jessica García, en las empresas públicas Ineco y Tragsa, dependientes de Transportes, así como las gestiones que Ábalos y Koldo García hicieron con Aldama para forzar la emisión de una nota de prensa en la que el Ministerio avanzaba que Air Europa se llevaría un rescate público de 475 millones de euros.

En la segunda pieza, que el magistrado especificó en su auto del martes que se encuentra «en una fase muy incipiente», por lo que se puede decir que arranca ahora, se investigará la posible intervención de Cerdán, Ábalos y su asesor en la adjudicación de contratos públicos para llevarse comisiones ilícitas, motivo por el que el ex número tres del PSOE se encuentra en prisión provisional. Esta es la causa que la Fiscalía Europea estudia si puede ser de su competencia.

El magistrado aclaró que «es necesario diferenciar» entre las adjudicaciones de obra adjudicadas a Acciona Construcción en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras menores que pudieron ser impulsadas por Santos Cerdán y las que pudieron instar a amañar Ábalos y Koldo García en connivencia con Aldama.