El Supremo mantiene en prisión a Santos Cerdán porque persiste el riesgo de destrucción de pruebas

El magistrado se alinea así con la posición de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular y destaca que no se puede modificar su situación, tal y como solicitó la defensa el pasado 8 de septiembre, cuando pidió su inmediata puesta en libertad.

En su resolución, Puente sí especifica que esta medida cautelar encaminada a conjurar el riesgo de que el investigado pudiera ocultar, alterar, o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento no podrá mantenerse por más tiempo del preciso para satisfacer dicho propósito. Y advierte de que en todo caso no se prolongará por tiempo superior a seis meses de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El magistrado recalca que, desde que la Sala de lo Penal acordara mantenerle en prisión el pasado 23 de julio, no se ha producido "modificación alguna sustancial en las circunstancias que entonces se tuvieron en consideración" para mantener la medida cautelar. Y recalca que el hecho de que Cerdán se proclame inocente no basta para "neutralizar la existencia de motivos bastantes para considerarle (...) eventualmente responsable de los hechos, en apariencia delictivos".

En este sentido, el juez ataca la tesis "artificiosa" de la defensa de Cerdán que apunta a una suerte de "trama o complot" para incriminarle por sus actividades políticas, trama en la que estarían desde la Fiscalía al propio juez o agentes de la Guardia Civil, y añade que no explica qué lleva a esa supuesta trama a escogerle como víctima en vez de ir contra otras personas con mayor "capacidad ejecutiva que éste".

Así, el juez echa en cara que la defensa de Cerdán trate de convertir la instrucción en una "investigación a los investigadores, al socaire de meras imputaciones, indefinidas y carentes del más mínimo apoyo justificativo, siquiera indiciario".

Al hilo, echa por tierra que Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, fuera una suerte de colaborador infiltrado o agente provocador y recuerda que las grabaciones que se le incautaron, y que pesaron en su imputación, no fueron entregadas voluntariamente. Tras esto, en su resolución, el magistrado repasa uno a uno los indicios que apuntan a la participación de Cerdán en la trama que se hacía supuestamente con comisiones ilegales a cambio de amañar adjudicaciones de obra pública.

En cuanto al tiempo que el ex secretario de Organización del PSOE debe permanecer en prisión provisional, indica que ese máximo de seis meses debe comenzar a computarse desde que acordó su ingreso el pasado 30 de junio, y no desde que se acordó investigar si había mensajes cruzados en determinados chats con Cerdán. Y recalca que la instrucción respecto a él "se encuentra en un momento muy inicial".

"Es obvio que, en esas circunstancias, las posibilidades de que, permaneciendo en libertad, pudiera el investigado ocultar, alterar o destruir elementos de prueba relevantes en este procedimiento, cobra una vigencia que, en los otros casos (registradas las viviendas de don Koldo García y don José Luis Ábalos, intervenidos sus dispositivos telefónicos e informáticos, y muy avanzada ya su investigación patrimonial) no tiene", añade.

Puente también se para a explicar en su auto por qué no ha acordado de momento el registro del domicilio de Cerdán, subrayando que para que ese tipo de medidas sean eficaces no deben ser "conocidas previamente o previsibles para la persona investigada". En este punto, recuerda que Cerdán, aunque anunciara en los medios de comunicación de manera prácticamente inmediata que iba a renunciara su acta de diputado, "se demoró varios días en renunciar" a esa condición lo que "dio lugar objetivamente a una ventana temporal durante la que dicho registro no habría sido posible".

"En esas circunstancias, y evidentemente después cuando la propia parte invitaba implícitamente al instructor a que practicara el registro y casi le sugería que el mismo se llevara a cabo antes de determinada fecha, la diligencia referida hubiera perdido entonces toda su virtualidad y habría sido sólo una visita social", lamenta.

Tras esto, vuelve a insistir en el supuesto papel de Cerdán en la trama -"era en la organización la persona encargada de percibir los premios económicos, comisiones o mordidas a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones"- e insiste en que "mantendría con éstos últimos (Ábalos y Koldo García) una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos".

Por eso, Puente explica que el exdirigente socialista "habría de ser inequívocamente conocedor del importe total de los indebidos pagos en relación con cada una de las obras adjudicadas, así como también del procedimiento concreto por el cuál la adjudicataria satisfacía las comisiones o premios pactados". "Y es, precisamente, este particular y decisivo conocimiento el que podría permitir desvelar en toda su dimensión las concretas responsabilidades penales que pudieran haberse producido no ya solo en los tres investigados, indiciariamente corrompidos, sino en el marco también de las empresas", concluye.

Por otro lado, abunda en la necesidad de mantenerle en prisión explicando que la investigación de la situación patrimonial de Cerdán no ha concluido dado que hay "determinadas faltas de sintonía entre sus declaraciones tributarias y la procedencia real de determinados ingresos bancarios". Debido a esto, explica que tuvo que requerir informaciones complementarias que han sido muy recientemente aportadas a la causa.

Y suma a esto que también se debe profundizar en los lazos que unen al político con la empresa Servinabar, de Antxon Alonso, que se encuentra en el epicentro de determinadas adjudicaciones en las que participó junto a Acciona