Cerdán equipara las decisiones del Supremo con las adoptadas «en los juicios sumarísimos de la dictadura» de Franco

Para los letrados Jacobo Teijelo y Benet Salellas, ese argumento para tumbar su petición les genera indefensión, «es pueril y frívolo», y consideran que dado que la causa que se sigue en el Supremo bebe de lo que se ha investigado en el Juzgado Central de Instrucción número 2, es razonable que se acumule toda la documentación a pesar del riesgo de que existan retrasos en la instrucción, habida cuenta que esas diligencias podrían incluir elementos exculpatorios para su defendido.

Es preciso recordar que Cerdán permanece en prisión provisional desde el pasado 30 de junio dado que el magistrado considera que pudo tener un papel coordinador en el cobro de dádivas a determinadas constructoras que buscarían hacerse con adjudicaciones de obra pública. En esa trama, presuntamente, habrían participado también el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Noticia Relacionada

La Guardia Civil confirma al juez que los audios de Koldo son auténticos

Javier Lillo

Esta aseveración técnica echaría por tierra parte de la línea de defensa de Santos Cerdán, que apuntó a que los mismos, que sirvieron para enviarle a prisión provisional, habrían podido ser manipulados

Si bien no es la primera vez que la defensa y el juez del caso se cruzan sutilezas en sus escritos, esta comparación con los juicios sumarísimos del franquismo va un paso más allá en la línea de la estrategia que sostiene Cerdán de buscar una pata política a su incriminación.

Para los letrados, el argumento de que la acumulación de lo instruido en el Central 2 generará desorden no tiene soporte constitucional conocido. «Se arregla con ordenar», indican para luego añadir que existen causas mucho más voluminosas que se han tramitado «sin mermar los derechos» de los encausados.

El recurso también ataca que el juez no acepte apremiar a la Unidad Central Operativa (UCO) para que entregue los informes pendientes, y es crítico con los informes ya elaborados, advirtiendo que lo que deben hacer como policía judicial son atestados «y no juicios por delegación», máxime si «carecen de pericia acreditada». Se quejan además de que una vez que la Guardia Civil recaba documentos de entidades externas al proceso, los mismos se conocen por los medios de comunicación y no son remitidos inmediatamente al juez.

En este sentido, abunda en la idea de que si un informe tiene valoraciones económicas, éstas «deben elaborarlas peritos capacitados para ello, y no guardias de los que no se conoce su ciencia o arte sobre el particular».

El recurso se para sucintamente a valorar el informe pericial que trascendió este jueves y que viene a avalar la autenticidad de los audios que se requisaron a Koldo García en su domicilio y que sirvieron para apuntalar la entrada en prisión de Cerdán.

De ese documento técnico -que engloba varios subdocumentos- indican que les sorprende que esté firmado el 10 de septiembre y sin embargo no haya llegado a la causa hasta el 17 de septiembre. Indican que esto ha impedido «un examen más detallado» antes de que el juez se pronunciara sobre si debía mantener en prisión o no al ex número tres de los socialistas.

Por otro lado, consideran que el juez reflejó en la resolución por la que mantenía a Cerdán en prisión «las conclusiones finales» y advierten que «en el cuerpo» del informe «se encuentran conclusiones diametralmente opuestas a las finales, como las referentes a archivos editados, es decir, modificados, ausencia de fechas de creación y reconocimiento de que su revisión ha excluido el 75% del material«.

A su juicio, esto «hace más necesario que nunca la acreditación de la cadena de custodia desde la obtención del documento hasta la incorporación a este procedimiento. Cada vez son más plausibles las hipótesis alternativas sobre las mismas, seguimos sin saber, ahora con más motivo, la atribución de autoría y la integridad original» de los audios grabados supuestamente por Koldo García, concluyen.