El fiscal del caso Begoña trata de frenar otro informe de la UCO

Con el encargo de dicho informe a la Unidad Central Operativa (UCO), el instructor buscaba saber si la relación entre Gómez e Hidalgo pudo tener alguna consecuencia en el rescate público de la compañía aérea en noviembre de 2020 con 475 millones de euros.

En dos informes entregados al juzgado, en octubre de 2024 y marzo de este año, el fiscal del caso José Manuel San Baldomero se opuso a que el documento policial llegue al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid considerando que la Audiencia Provincial acotó la causa, impidiendo al instructor Peinado que abriera la vía de la posible participación de la mujer del presidente en conversaciones para el rescate de la aerolínea por considerar que los indicios vistos por el juez en realidad eran «conjeturas». De ahí que el representante del Ministerio Público solicitase al instructor que dejase sin efecto la petición de dicho informe a los agentes de la Benemérita.

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En una providencia del pasado 22 de marzo, el juez Peinado insistió, sin embargo, en ahondar en dicha línea de investigación, considerando que la Sala no se lo impidió en ningún momento. «Lo que figura recogido en dichas resoluciones (de mayo de 2024 y octubre de 2024 de la Audiencia Provincial) es que se excluyan de la investigación por los hechos ya conocidos relativos a Globalia, pero no de los hechos realmente nuevos y de signo incriminatorio y se motive por resolución judicial». Y fue más allá. Advirtió de que no hacerlo podría significar incurrir en un delito de prevaricación por su parte y de la omisión de perseguir delito en el caso de los agentes.

«Precisamente para la acreditación de hechos nuevos es por los que se ha solicitado y sobre lo que debe versar el informe de la UCO pendiente de cumplimentar, recordando que solicitar que no se remita dicho informe por la UCO podría suponer que se pasase por alto la comisión de nuevos hechos delictivos. Al contrario, impedir que se comprueben podría ser constitutivo incluso de infracción penal por parte de este proveyente, bien de un delito de prevaricación, o del delito de omisión de perseguir delitos, o de inducir a los agentes de la UCO de la Guardia Civil a que cometan dicho delito de omisión de perseguir delitos en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios», argumentó el magistrado.

El juez Peinado pidió a la Guardia Civil una serie de diligencias que, en caso de recabarse e incorporarse al informe policial, podrían aportar información complementaria de Begoña Gómez a otro informe aportado también por la UCO a la causa del Tribuna Supremo en la que se investiga al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por presunta corrupción.

Según este informe entregado al Alto Tribunal, el empresario y representante de Air Europa Víctor de Aldama, investigado junto a Ábalos y su asesor en el Ministerio, Koldo García, dijo a este último en septiembre de 2020, cuando vio que el rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea peligraba: «Hidalgo se está buscando la vida, acaba de llamar a Begoña».

Según investiga el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, Aldama habría pagado comisiones ilegales tanto en efectivo como en especie al ministro y su mano derecha. El último informe que entregó el miércoles la Guardia Civil al Supremo aportó la novedad de que, por presionar para que el Consejo de Ministros del que él mismo formaba parte otorgara la ayuda pública a Air Europa a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ábalos habría disfrutado de unas vacaciones en una villa de lujo cerca de Marbella con un alquiler mensual de 9.800 euros. Un coste que habría asumido, según los indicios recabados por los agentes, Víctor de Aldama.

Esto último habría ocurrido en agosto, cuando el empresario consiguió que el Ministerio de Transportes publicase una nota de prensa en la que daba por hecho el rescate que, como afirmó el propio Aldama, «dio oxígeno» al propietario de la compañía.

Sin embargo, y puesto que pasaba el tiempo y el rescate no llegaba, Aldama le transmitió a Koldo García el nerviosismo de Hidalgo, que estaría buscando la manera de llegar, se entiende, al Gobierno de Sánchez. En ese contexto es en el que transmitió a Koldo García que el empresario había telefoneado a Begoña Gómez y, si tenía éxito por esa vía, le insinuó que las comisiones de ambos se truncarían. «Te lo digo como amigo, creo que se va todo a la mierda», dijo.

Las diligencias que el juez Peinado ordenó en junio de 2024 a la UCO, y a las que la Fiscalía se opone, fueron que los agentes solicitasen a la SEPI «los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas, en cualquiera de sus fases, así como la documentación e información que, en relación a los mismos, permitan conocer su inicio, desarrollo, ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto».

El director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Julián Mateos y el director de Asuntos Jurídicos de la SEPI, Javier Morales, también acudieron a entregar documentación al instructor del caso Begoña a petición de éste que ya está en manos de la UCO y serviría para elaborar el informe al que se opone la Fiscalía.