Las empresas inmobiliarias advierten de la reducción de la oferta de alquiler con la nueva ley de Vivienda

En línea con la opinión de los expertos, y de estudios sobre oferta, la Fadei considera que la nueva regulación reducirá, que incluye por primera vez un tope de precios en las zonas que se consideren tensionadas, el número de pisos en alquiler va a reducirse por el temor del arrendador a una obvia pérdida de rentabilidad. La experiencia catalana, con una regulación de precios que estuvo vigente durante un año y medio (antes de que el Tribunal Constitucional la tumbara) apunta en esa dirección, con una caída de la oferta del 15% frente a un descenso de precios de únicamente el 5%, según se recogía en un estudio de la UPF.

Otro estudio, en este caso elaborado por el Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, apuntaba a un doble efecto, en tanto que la ley que limitó los alquileres tuvo el efecto contrario al deseado: mientras que el precio de las viviendas más caras sí bajo, en el caso de las más modestas se produjo un incremento del 12.7% el de los hogares más humildes. La explicación en el hecho de que mientras que los pisos por los que se pedía menos tendieron a incrementar precios para acercarse al precio de referencia fijado, se produjo en paralelo una fuga del mercado de los activos más costosos, generando la falsa apariencia de una reducción de precios.

Desde Fadei lamentan las recientes declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, en las que afirmaba que «con esta Ley gana la ciudadanía y pierden la banca, los especuladores y la patronal inmobiliaria». No obstante, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 España contaba con 56.838 empresas activas prestadoras de servicios inmobiliarios por cuenta de terceros de las cuales, casi el 90% tenían un máximo de dos trabajadores.

«Se confunden las empresas que gestionan y comercializan producto propio con el de una empresa inmobiliaria, dedicada a prestar servicios a terceros, cuyo perfil es el de una pequeña empresa, y su intervención en el mercado se desenvuelve en el terreno de la gestión y asesoramiento», añade la Fadei

La asociación lamenta «la imagen que se proyecta de las empresas del sector inmobiliario», que es la de estar «vinculadas a la especulación y posicionadas en la defensa de intereses espurios, cuando en realidad son garantía de un buen funcionamiento del mercado y un equilibrio en la defensa de los intereses de las partes».

En este sentido, desde la Fadei se recuerda que los poderes públicos deben garantizar a los ciudadanos que la adquisición o alquiler de una vivienda se produzca en un «contexto de seguridad jurídica adecuado y nunca por debajo de la que tienen en la compra o el uso de cualesquiera otros bienes».

La organización reclama que debiera garantizarse por ley que cualquier operador cuente con la necesaria formación, la tenencia de un seguro de responsabilidad civil y una garantía de caución, entre otros. «Un sector que busca su propia regulación es un sector apuesta por mejorar la calidad de los servicios que presta, elevar el nivel formativo de las empresas y ofrecer una seguridad que garantice las entregas de dinero de terceros y que cubra cualquier error que pueda producirse en el contexto de cualquier operación inmobiliaria», subrayan desde la Fadei.

«Los conocimientos no deben presuponerse, deben ser acreditados. Máxime cuando la intervención viene referida a bienes inmuebles que pueden constituir la vivienda de los interesados en sus servicios. La protección al consumidor no viene exclusivamente a través de la exigencia de información o de la entrega de documentación», indica Junyent.

Del mismo modo, denuncian que la nueva ley ignora cualquier medida en la dirección pretendida y prioriza la libre competencia y el libre acceso a la actividad inmobiliaria: «A pesar de citar a las agencias inmobiliarias, ni las define ni detalla en qué consiste su actividad, pero sí revierte una práctica del sector al interferir en la contratación entre las partes, impidiendo que la retribución de la agencia sea a cargo del inquilino«. En realidad, denuncian, el arrendatario pierde protección si el arrendador prescinde de los servicios de la agencia y actúa directamente por su cuenta en la comercialización, contratación y gestión del arrendamiento.