Las agencias inmobiliarias estudian fórmulas para cobrar al inquilino y esquivar la ley de vivienda

«Nos veremos obligados a pedir a cualquier inquilino que se acerque a nuestras oficinas a pedirnos información sobre una vivienda o a que le busquemos un piso en alquiler, que nos firme un encargo de prestación de servicios y cobrarle por ello», señala a este periódico el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliaria (FAI), José María Alfaro, que recuerda la cantidad de servicios que las agencias brindan a los inquilinos. «Protegemos su garantía, velamos porque se firme el contrato acorde a la ley de arrendamientos urbanos, informamos de acuerdo a la ley de consumo, nos aseguramos de que la fianza de ese contrato de arrendamiento se deposite en el organismo correspondiente a las comunidades, aseguramos capacidad adquisitiva, damos garantías adicionales a través de compañía de seguros y tramitamos servicios y suministros individuales».

Alfaro explica que las inmobiliarias cumplirán la ley y tendrán que analizar la norma, pero adelantan que el cobro al inquilino se podría llevar a cabo a través de figuras como la del 'personal shopper' inmobiliario que ya existe en el mercado de compraventa. Algo que corroboran distintas fuentes jurídicas a este periódico. «Las agencias pueden buscar alguna fórmula de asesoramiento inmobiliario y que así les paguen el servicio», explica Arantxa Goenaga, socia de Círculo Legal Barcelona y abogada experta en derecho inmobiliario.

Ese es el oficio que desarrolla el 'personal shopper' inmobiliario en el mercado de venta de casas. A diferencia de la relación tradicional entre cliente y agencia, en la que el propietario se hace cargo de los honorarios del servicio, estos profesionales firman un contrato previo con el cliente a la búsqueda de la vivienda en «el que se firma un contrato de servicios donde se describe las características de la búsqueda, los servicios contratados y en el que se incluye el coste final de los servicios así como un importe de gastos iniciales en concepto de honorarios por la búsqueda que se descontarán del coste total», según se detalla en la web de AEPSI, la asociación que une al colectivo en España.

Las fuentes expertas en derecho inmobiliario consultadas ponen en duda que la ley de vivienda pueda ir en contra de este servicio. Según se redacta en la norma «los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador». Pero apuntan exclusivamente a esas prestaciones y no a otras como la del asesoramiento.

Algunas fuentes del sector no creen, sin embargo, que muchas agencias acudan a este negocio y buscarán que el propietario reclame sus servicios con otros tipo de servicios y tarifas.

Con todo, las inmobiliarias ya asumen que será el casero el que se haga cargo de la mayoría o totalidad de los honorarios, que dificilmente alcanzará la cifra correspondiente a una mensualidad de alquiler que hasta ahora se cobra al inquilino en mercados con grandes problemas de oferta como Madrid y Barcelona. Pero también cambiará la calidad del servicio si los propietarios no quieren asumir un coste mayor.

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«Tendremos que decirle al arrendador que hay cosas que no vamos a hacer a no ser que nos paguen por ello, sobre todo en lo que servicios también a favor del inquilino se refiere, como los cambios de suministros y el depósito de la fianza en los organismos regionales», señala Alfaro, que carga contra la ley por desproteger al inquilino. Apunta que con el nuevo escenario se buscará velar «más si cabe» los intereses del arrendador. Lo que se traducirá en que de partida se descarten a aspirantes y se pidan las máximas garantías que exige la ley. Es decir, un mes en concepto de fianza y dos meses más en concepto de garantía complementaria. Lo que elevará la factura inicial al inquilino. Además, las inmobiliarias avisan de que el casero podría trasladar el gasto de agencia al precio del alquiler, lo que traerá más subidas.

La otra preocupación está en el número de arrendadores que perderán las agencias con la entrada de la ley. «Muchos propietarios al ver que se cargan con más costes prescindirán de los servicios de las agencias y alquilarán por su cuenta en aras de sacar más rentabilidad», señala Montserrat Junyent, presidenta de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei). Para Junyent pierde claramente el inquilino. «Se le priva de recibir asesoramiento profesional».

En todo caso, el cambio de papeles supondra un duro golpe a un sector que media en alrededor de 3.000 contratos de alquiler al día en España, según FAI. Aunque según Alfaro «no nos sentimos amenzados». «Lo que nos causa desasosiego es ver los problemas de oferta a los que estamos asistiendo y que la ley no resolverá».