La regulación catalana de los alquileres aumentó el precio de las viviendas más humildes

El estudio se basa en un análisis realizado desde diciembre de 2020 hasta 2022, cuando el Tribunal Constitucional (TC) tumbó la medida al decretar que la Generalitat no tenía competencias para aplicarla. Apunta que la regulación redujo un 10% los contratos firmados, sobre todo los de las viviendas más caras (36%), que se quedaron sin incentivos para continuar en el mercado vista la rentabilidad escasa que ofrecían las rentas frente otros tipos de operaciones financieras.

Y es que la norma aplicada por la Generalitat no consideraba las características singulares de las viviendas, como terrazas de uso privativo, equipamientos de lujo o rasgos arquitectónicos y urbanísticos particulares, propiciando que más de un tercio de los grandes tenedores se planteara vender o convertir estos activos en viviendas turísticas.

Josep María Raya, catedrático de Economía Aplicada y coautor del informe, asegura que el problema de los precios elevados en grandes ciudades radica en la alta demanda y una oferta limitada, no en otros poderes de mercado. Este desajuste, admite, podría acarrear consecuencias desastrosas a futuro como la reducción del numero de construcciones por falta de incentivos, desplazar la demanda a zonas o ciudades limítrofes donde sí suben los precios o reducir la calidad media de los inmuebles.

Los datos del informe, elaborado también por José Montalvo, catedrático de Economía Aplicada, y Joan Monràs, asesor de la Reserva Federal de San Francisco, indican además un alto grado de incumplimiento de la ley, pues detectan un gran número de pisos con alquiler por encima de este índice de referencia. Este efecto coincide, aseguran, con experiencias vividas en otros países, donde al aplicarse esta medida aparecen mercados paralelos para sortear regulaciones.

La regulación del alquiler fue una medida impulsada por el Sindicato de Inquilinos y aprobada 18 de septiembre de 2020 por los grupos parlamentarios de Junts, Esquerra, los comunes y la CUP. La medida implicaba congelar o bajar los precios de los nuevos contratos de alquiler en los municipios catalanes con más de 20.000 habitantes, la gran mayoría de ellos situados entorno a la ciudad de Barcelona.

La normativa establecía que en estas áreas el precio no podía aumentar con respecto al contrato anterior ni superar el índice de referencia de precios de la Generalitat. Ya en su momento, las principales asociaciones del sector salieron en tromba a descalificar la medida, acusándola de coercitiva y valorando el riesgo de que el parque de viviendas de alquiler se redujera considerablemente en el futuro.

Como sucedió en otras ciudades europeas como Berlín o París, en este caso, el Tribunal Constitucional (TC), admitió a trámite un recurso de contra la norma en 2022, resuelto de manera favorable en abril considerando que las administraciones regionales o municipales no tienen competencias para imponer índices de precios que sean vinculantes.