La defensa de Villarejo minimiza ahora sus encargos ante el tribunal: «¿Alguien duda ya de lo imaginativo que es?»

El comisario no está acusado de estafa, sino de cohechos y revelaciones de secretos en tres proyectos distintos -Iron, Land y Pintor-, por lo que no pierde nada por insinuar ante la Sala que esos informes y esos datos que facturaba a los clientes que le encargaban investigar a terceras personas eran una invención.

No es algo a lo que haya recurrido durante la instrucción de la causa, aunque cuando fue su turno de dejarse interrogar ante el tribunal si llegó a justificar en razones de «marketing» y en la necesidad de «hacer ciertos alardes» algunas de las afirmaciones recogidas en los audios de estas tres piezas separadas. Ahora, en la sesión definitiva, su abogado, Antonio José García Cabrera, ha ido un poco más allá en esa vía mientras Villarejo, juntando los dedos de las manos, inspiraba profundamente a su lado.

En su exposición, ha recordado que el primer juez instructor que tuvo esta causa, Diego De Egea, archivó las investigaciones sobre estas tres piezas separadas y calificó los informes de Villarejo como «meras proyecciones especulativas». A aquella frase ha vuelto ahora la defensa: «¿Hay una manera mejor de definir lo que hacía el señor Villarejo? Eran proyecciones especulativas. A estas alturas ¿Alguien puede dudar de lo excesivo que es el señor Villarejo, lo argumentativo, lo imaginativo, lo creativo que es?«, ha planteado, para añadir: «Algunos lo han llamado estafa».

«Se puede criticar, pero lo que no podemos es convalidar (esos informes) como palabra de Dios porque se veían datos absurdos», ha señalado, para citar una referencia «inventada» en uno de los reportes de la pieza Land, donde estaba en juego la millonaria herencia del constructor de La Finca, Luis García Cereceda; y otra en Iron, sobre espionaje a un despacho de abogados.

«Yo no le he preguntado a Villarejo si era cierto pero evidentemente, no lo era. Era una técnica reprobable probablemente, pero ¿qué podía hacer que su clienta se sintiera más concernida?», ha añadido, equiparando la falsedad de aquella información con «la mayoría» de la que proporcionaba. Sobre Iron, comentario similar respecto de la frase célebre del comisario diciendo a un cliente que lo que le iba a conseguir era «más ilegal que una patata». «¿Qué iba a decir para vender un asunto tan caro?», ha planteado.

Rebatía así el letrado y en genérico, las acusaciones por delitos de revelación y descubrimiento de secretos porque conforme ha insistido, para que se produzca esos secretos tienen que ser ciertos. «Este es el problema de esta causa. Nadie ha comprobado la realidad de estos datos», ha apostillado.

En cuanto al cohecho, García Cabrera apuesta por una interpretación del delito que dejaría fuera a Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que hubo cohecho porque Villarejo, «prevaliéndose de su condición de Policía», engordaba con datos confidenciales los informes para sus clientes a cambio de ingentes cantidades de dinero. Unos datos que no habría podido obtener de no tener placa.

La defensa del comisario lo que sostiene es que esa relación con sus clientes se produjo «completamente al margen» de las funciones policiales que tenía, como si estuviese desdoblado. Sostiene así que lo que hizo lo fue en condición de empresario que no de funcionario público, para eludir el delito e incide en que nadie sabía que era policía ni lo podía saber, porque la privacidad era inherente a su condición de agente encubierto. «Sería la primera vez que se condenasen unos hechos así al margen de su actividad oficial, como cohecho», ha dicho al tribunal.

Por otra parte, tanto los clientes de Iron -socios del bufete Herrero y Asociados- como los de Land -Susana García Cereceda, su socio y su jefe de seguridad- y los de Pintor -los hermanos Muñoz, que querían presionar a un abogado en una negociación- reconocieron los hechos al inicio del juicio tras alcanzar acuerdos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción que han conllevado una importante rebaja en las penas que solicita para ellos. Ninguno, de ser condenado en esos términos, tendría que entrar en prisión, cuando antes la condena más baja que instaba en estos casos era de ocho años de cárcel.

La defensa de Villarejo ha pedido la absolución también para todos ellos porque entiende que «ni siquiera» han hecho «un auténtico y válido reconocimiento de los hechos» sino que accedieron condicionados ante «el terror» por las «enormes y desproporcionadas penas de prisión» que se les instaban. «Ante peticiones de penas tan desproporcionadas de cien años que se quedan en unos meses es humano ceder, incluso aunque se sientan inocentes (...) ¿Quién no va a reconocer que es culpable si le van a meter garrote vil?», ha apuntado, para añadir, en otro momento de su disertación: «¿Qué culpa tienen los investigados enjuiciados que fueron a lo que creían que era un despacho de abogados?».

En este sentido, y si bien la defensa no reconoce la validez de los audios como prueba porque cuestiona tanto la legalidad de las entradas y registros, como la custodia de las pruebas, la ausencia de soportes originales y hasta que los hubiese grabado el propio comisario, ha entrado a comentar que lo que se dijese en esas cintas eran confidencias. «En el confesionario, ante su abogado, en una situación desesperada, cabe todo, hasta la maldad más grande del mundo y eso no significa que se vaya a cometer. Resulta que ahora las personas que se sienten víctimas eran los verdugos», ha añadido.

El paraguas se ha abierto también para su familia, pues mujer y primogénito se sientan en el banquillo y en su caso, sin acuerdo ninguno. «Se cometen grandes injusticias con los que no se conforman. Se iban a pisar las hormigas sin miramiento porque se venía a por el elefante. No han faltado ni las familias, elemento importante para presionar al elefante, ni las personas que trabajan en las empresas, a los que se ha criminalizado para ver si decían algo, para ver si encontraban algo», ha asegurado.

Todo, salpicado de referencias a la condición policial de Villarejo y a sus «destacados» servicios al Estado. En este sentido, ha cargado contra el fiscal Miguel Serrano, que en su turno de conclusiones definió a Villarejo como «un corrupto» envuelto en «la falsa bandera de un patriota» y le ha reprochado que llegase al insulto. «Comprendo la paciencia del señor Villarejo, porque hay que tener mucha paciencia para una persona que ha estado haciendo muchos servicios para España, no digo que todos defendibles, tenga que aguantar esos ataques que todos sabemos que no es cierto», ha señalado.

Este ha sido, de hecho, el hilo conductor. Que todo este juicio se podía haber «ahorrado» si se trataba de «cazar al elefante» juzgándole exclusivamente por el asunto sobre unos guineanos que recogía la denuncia que desencadenó la investigación en primer lugar. Para la defensa de Villarejo, todo lo actuado después «es prospectivo» porque al inicio pudieron haber indicios de cohecho y de blanqueo en ese asunto que sigue en instrucción, pero ni Land ni Iron o Pintor aparecían por ningún sitio.

Ha clamado además, por «la ponderación al juzgar a Villarejo» porque considera que «es insignificante» la relación de hechos por la que está en el banquillo «en relación a su actuación y su modus vivendi al servicio del Estado, para bien y para mal». «Nos estamos intentando defender en un partido procesal que solo es una apariencia para eliminar a un testigo incómodo que el propio sistema creó y que ahora intenta eliminar. Es la guerra jurídica (...) El elefante es parte del sistema y cuando le juzga, se está juzgando a sí mismo y esta es la verdad del caso Villarejo», ha añadido.