Anticorrupción rebaja a 80 años su petición de más de un siglo de cárcel para Villarejo

El encargado de enunciar las conclusiones ha sido el fiscal César de Rivas, que ha retirado la acusación contra el comisario por el delito de cohecho activo, tráfico de influencias y de descubrimiento y revelación de secretos cometidos contra dos particulares, rebajando así el cómputo total de años de condena que se le podrían imponer. De igual modo, ha minorado las responsabilidades civiles que planteaba al inicio. En suma, rondará el millón de euros.

En el caso de la pieza 'Iron', el espionaje a un bufete de abogados por cuenta de otro despacho de su competencia, la Fiscalía instaba 57 años de prisión para el polémico policía por cohecho activo, cohecho pasivo, revelación de secretos de empresa, siete delitos de revelación de secretos de particulares, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

Conforme ha detallado De Rivas, se retiran los cargos por cohecho activo y tráfico de influencias, si bien la revelación de secretos de particulares se califica como por cuenta de funcionario público, que es más grave. Al final, se restan en este apartado en torno a ocho años de prisión y la modificación repercute en una rebaja de las penas para el resto de los acusados como el abogado de sus empresas, Rafael Redondo, o su mujer, Gemma Alcalá , que afrontaban un delito de cooperación necesaria en ese cohecho activo que ahora se retira.

Además, la Fiscalía ha retirado su acusación completamente contra el subinspector de Policía Javier Fernández y el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro , pues si bien entiende que "han quedado totalmente acreditados los elementos que llevaron a formular acusación contra ellos" en tanto que proporcionaron datos reservados a la red del comisario, lo que no ha quedado "del todo acreditado" es que lo hiciesen en connivencia con él ni con el resto de miembros de Cenyt que comercializaron esos datos.

Los fiscales han sacado igualmente de la ecuación al comisario exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, Enrique García Castaño , que era otro de los principales acusados en el juicio y que se encuentra convaleciente de un problema grave de salud. La vista oral está suspendida para él en espera de una nueva evaluación médica dentro de unos meses. Será entonces cuando se decida si es inimputable y por tanto, no puede asumir responsabilidad penal.

Por lo que respecta a la pieza 'Land', espionaje entre los miembros de la familia Cereceda, se retira igualmente el delito de cohecho activo a Villarejo y al resto de los acusados miembros del entramado Cenyt, así como decaen los delitos de revelación de secretos afectos a a vida sexual de dos de los perjudicados, Joaquín Torres y Silvia Gómez Cuétara. Es más de una década de condena de rebaja sobre los 38 años de cárcel que pedía al inicio Anticorrupción.

En cuanto a la pieza 'Pintor', el intento de extorsión con un vídeo sexual a un exjuez, el propio afectado ha expresado a través de su abogado el perdón del ofendido al inicio de la sesión, de manera que decae la acusación por revelación de secretos. Se mantiene no obstante la relativa al intento de extorsión, que es un delito público al que no afecta la posición del perjudicado. También sigue vigente la revelación de secretos cometida sobre otro particular en el contexto de este encargo, pero el horizonte de pena pasa de 14 años a menos de una década.

La Fiscalía desarrollará las conclusiones en el trámite de informes a partir del 11 de julio, cuando se reanudarán las sesiones y este primer juicio al comisario Villarejo afrontará su recta final tras cerca de ocho meses. Se prevé que las intervenciones tanto de la acusación pública como de las defensas -especialmente la del comisario- sean extensas y finalice la vista oral ya en el mes de septiembre .

Es el primer juicio que se celebra por la macrocausa Tándem, que ya cuenta con 33 piezas se investigación separadas de las que más de un tercio están en instrucción. Con todo, en este caso no se enjuician los delitos más graves que se imputan a Villarejo, como el de organización criminal y blanqueo de capitales, que aún se siguen investigando.

El comisario viene alegando que estos tres encargos, como el resto de los que se analizan en la Audiencia Nacional, fueron fruto del uso que hacía de sus empresas como tapadera de su auténtica misión de agente encubierto al servicio del Estado. La Fiscalía Anticorrupción lo que señala es que al margen de que tuviera o no, actividades policiales relacionadas con los servicios de Información e incluso de Inteligencia, se prevalió de su cargo como comisario en activo para acceder a información sobre terceros que luego mercantilizaba amasando un patrimonio millonario.