Villarejo se escuda en el CNI para renegar de los audios

La esperada declaración de Villarejo llegaba tras más de media docena de sesiones y dos intentos de apartar al tribunal. El último, este mismo lunes, ante la publicación de una información de sus agendas que refería una reunión con el magistrado Fermín Echarri, que se sienta en el estrado junto a la presidenta Ángela Murillo. Su pretensión ha sido rechazada de plano, por extemporánea y por carecer de relación alguna, como ha zanjado la Sección Cuarta, con el objeto del procedimiento.

Ya en el banquillo, el primer rifirrafe para empezar cuando insistía en referirse al fiscal de Anticorrupción por su nombre, Miguel Serrano o extenderse en preliminares que a juicio de la Sala, no venían a cuento. «Señor Villarejo, vamos a ver: piano», le ha dicho Murillo ya desde el inicio. No ha sido la única vez que ha debido intervenir durante el interrogatorio de la Fiscalía -«él es la institución, usted es otra cosa»-, emplazándole a ceñirse al objeto de las preguntas o acogerse a su derecho a no contestar. «Ejercicio de paciencia», ha llegado a decir Serrano sobre su propia labor.

En el capítulo sobre los audios, que ya han reconocido como veraces y subrepticios los clientes del comisario que han pasado por el banquillo, Villarejo ha incidido en que «hay veinte mil programas» que alteran grabaciones y que si le hubiesen permitido practicar una auditoría independiente, habría evidenciado que «están manipuladas». Su tesis es que el CNI grababa su vida en directo y luego le daba fragmentos de su día a día.  

Así explica que le fuese intervenido un arsenal de grabaciones: «Periódicamente el pacto que yo tenía con el CNI era que monitorizaban mi vida pero para tranquilidad mía yo iba a tener una copia de esa monitorización ». Ha añadido en este punto que esta «era probablemente la misma técnica que utilizaron con el tema de Bárbara Rey».

Sobre por qué elaboraba apuntes y resúmenes de los contenidos de esas cintas, misma estrategia, -«Probablemente porque son las propias notas que elaboraba el CNI y yo facilitaba »-, pero atacando de paso a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que lleva la investigación en la Audiencia Nacional. «Se han dedicado a mentir, falsear y manipular todo lo que se refería a mi».

Villarejo no niega los encargos a sus empresas o prestar servicios de «análisis de inteligencia» y cobrar por ellos, pues defiende que era la manera de sostener el entramado empresarial que estaba «al servicio del Estado». Lo que sí ha rechazado es haber accedido y proporcionado a esos clientes los datos reservados procedentes de bases policiales, entidades financieras o compañías telefónicas que engrosaban los informes por los que facturaba y que fueron intervenidos en los registros de los propios clientes. Es uno de los puntales de la acusación de cohecho sobre él.

«Yo no los obtuve -ha dicho de los listados de llamadas que obran en la pieza Iron- y no creo que tuvieran ninguna utilidad para las actuaciones. En todo caso, pregúntele a la compañía telefonica quién solicitó esos accesos (...) Bajo ningún concepto podían obtenerse bajo mu condición de policía porque nunca tuve acceso a bases de datos policiales de ningún tipo. No tenia ni clave de acceso ni ordenador», ha zanjado.

Sobre por qué entonces se encontraron en los registros, de nuevo, la acusación contra los investigadores. «Es la actuación lógica del dictado de Asuntos Internos, que es el CNI quien prepara el proyecto y ellos ponen el membrete para denigrar a personas a las que hay que destruir», ha sostenido. Con este punto de partida, ha rechazado toda la documental que le iba mostrando el fiscal. «No me creo nada».

Y en esa estrategia de rebatir el prevalimiento de su posición como policía por el que está acusado, ha insistido en que él no decía «jamás» que estuviese en activo. Sí ha concedido que hacía referencias a que por su pasado como comisario, seguía teniendo buena mano. «Las técnicas de marketing para vender servicios y hacer valer tienen las característica de hacer ciertos alardes », ha zanjado.

Ha recuperado esta tesis en otro momento de la declaración para quitarse hierro: «No voy a entrar en el detalle de los métodos de marketing para exagerar los trabajos pero eran humo de paja, cosas que ni se hacían ni se cumplían y era una forma de proyectar una imagen de eficacia que la mayoría de las veces nunca se daba«.

Sin embargo, en otras respuestas, sacaba pecho de lo suyo: «Nosotros no éramos detectives sino analistas de inteligencia. Yo soy licenciado superior en ciencias policiales por la Universidad de Salamanca y con todos los respetos por los detectives, es como su acusar a un doctor en Medicina de hacer labores de auxiliar de clínica ».

A lo largo de la comparecencia, y alternando la sorna, la ironía y a ratos, también el enfado, Villarejo no sólo ha introducido a Bárbara Rey como quien no quería la cosa. Ha situado al expresidente del Gobierno Felipe González como origen último del encargo para la administradora de la constructora Procisa, Susana García Cereceda, que ocupa una de las piezas separadas (Land).

«A mi el señor Felipe González a través de su testaferro, amigo, socio o como quiera llamarle, en República Dominicana Jesús Barderas, me pidió que le ayudara con el problema que tenían las hijas de su gran amigo (Luis García Cereceda), que había fallecido precipitadamente y estaba notando que se estaban haciendo actuaciones para hacer daño a la herencia de estas personas. Acepté el encargo y así lo hice», ha asegurado.

Conforme su declaración, Barderas le dijo que un asesor de Susana García Cereceda se pondría en contacto con él. Se trata de David Fernández Aumente, también acusado, y la persona que según la administradora de Procisa, introdujo a Villarejo cuando necesitaban una empresa de investigación. Por descontado, ni ella ni él, que ya han declarado en el juicio, han metido a Barderas o a González en la ecuación. Villarejo, por contra, ha incidido en este punto: «Recuerdo su gran preocupación».

También ha introducido otros nombres, como el de un juez de la Audiencia Nacional que en su momento, le habría pedido ayuda; el del propio magistrado Echarri o el de un fiscal de Anticorrupción. Se ha desquitado asimismo contra el ex responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, al que ha mencionado cada vez que ha tenido oportunidad; y por extensión con todos los investigadores que en la actualidad forman parte de esa Unidad.

Ha recordado igualmente que fue el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz quien encargó un informe sobre la compatibilidad de sus negocios en 2015, cuando su patrimonio millonario vio la luz en prensa; y que tenía relación telefónica habitual con el que era secretario de Estado de Seguridad en aquella época, Francisco Martínez y se iban intercambiando pseudónimos entre ellos.

Por salir, ha acabado saliendo hasta «la Bruja Lola». Villarejo dice que está en los audios y así, en el sumario, porque era el mote «sarcástico» que le había puesto el abogado de sus empresas, Rafael Redondo. De él, por cierto, ha dicho que era la pata jurídica y que hacían «un tándem» como el que da nombre a la causa. Le ha exculpado, no obstante: «La responsabilidad ultima de lo que se hacía en el grupo era única y exclusivamente mía».

Las sesiones se reanudan este martes y sigue Villarejo en el banquillo y respondiendo al fiscal, después de casi tres horas de interrogatorio en esta jornada. Tiene intención de contestar a toda acusación o defensa que quiera preguntar. Será largo.