La defensa de Redondo le baja del 'tándem': Villarejo era su «jefe supremo» y él, «sólo un empleado»

La Fiscalía Anticorrupción tiene a Redondo incardinado en la posición de «socio» del comisario. Cabeza visible del bufete de abogados del entramado, Stuart&Mkenzie, su nombre aparece en los tres encargos que se están juzgando -Iron, Land y Pintor-, asociado a reuniones y facturas, pero tanto en instrucción como en la propia vista oral viene sosteniendo que él se encargaba exclusivamente de la parte de asesoría legal, no del resto.

En ese esfuerzo por diferenciar, su letrado, Antonio Tapia, ha pedido a la Sala que evite hacer de la causa «una mancha de aceite» en torno a Villarejo que se lleve por delante a todos los que estuvieran a su lado «por el mero hecho de estar». Sostiene que la condición de «socio» de Redondo se reduce a «una participación del 0,016%» en las empresas, que cuenta con «un patrimonio modesto» muy alejado «de las cantidades millonarias» que manejaba el polémico policía y que ni es ni fue nunca funcionario público, «sólo un abogado». Ha llegado a definirle como una «víctima colateral».

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«Rafael Redondo es culpable de acompañar a Villarejo a las reuniones, le acompañaba de bulto, básicamente, para reír las gracias a su jefe», ha señalado, tras recordar que la Fiscalía Anticorrupción ya dijo en sus informes que «no se mueve un papel en Cenyt» sin que lo sepa el comisario y que él mismo declaró, como también su mujer, Gemma Alcalá, que era «el jefe supremo, el jefe todopoderoso» en sus empresas.

Ya en lo concreto de las acusaciones que pesan sobre él, el letrado ha puesto el acento en rebatir el delito de cohecho de Villarejo del que se le considera cooperador necesario. Considera, en primer lugar, que ese ilícito no concurre en este caso porque los hechos no los habría cometido el comisario en su rol de policía sino en el de empresario privado. Choca este aspecto con el que viene haciendo valer el propio Villarejo, empeñado en que todo lo que hacía tenía el trasfondo de un servicio al Estado.

«El cohecho solo se puede dar si el sujeto actúa dentro de su ámbito funcionarial. Únicamente en ese foro. No puede haber cohecho si el funcionario por muy funcionario que sea, comete el hecho en otro ámbito, como un ámbito empresarial, que es este caso», ha alegado, para insistir en que actuaciones como los encargos para un bufete de abogados, una familia adinerada y dos empresarios que se analizan en la vista oral están «extramuros» de sus cometidos oficiales.

En este sentido, ha insistido en que «los clientes pretendían saber cosas de otros pero no pretendían ni un expediente policial ni acelerar una investigación ni borrar antecedentes penales», que habrían sido conforme su razonamiento actos que desarrollar como policía. Sobre la obtención de esos datos, que saldrían de bases reservadas a funcionarios conforme expone la Fiscalía, ha recordado que Villarejo «ni siquiera tenía claves» para conseguirlos por sí mismo.

Con esta premisa, descarta que concurra el cohecho, pero también que de haberlo, Redondo fuese «cooperador necesario» del mismo por «asistir a reuniones, firmar facturas y estar apoderado en las cuentas», ya que eso «no es indispensable» para el delito. «Parece que estamos en un procedimiento que es el bien contra el mal, los honestos contra el corrupto y sus secuaces (...) Cualquiera de nosotros podemos ser el malo en una historia mal contada y esta es una historia mal contada. Todos en este procedimiento, también los ofendidos, tienen sus miserias que esconder», ha alegado.

En este sentido, ha puesto el acento en los acuerdos de conformidad que han alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción los tres grupos de clientes de los tres encargos que van a juicio, consiguiendo rebajas en la petición de penas «de 20 años a 20 meses» y convirtiéndose, en opinión de la defensa de Redondo, «en testigos de cargo excepcionales».

También ha reparado en los perjudicados que, como el ex juez Francisco Urquía y el que fue su abogado, Mateo Martín Navarro, han retirado la acusación en el último momento de los delitos por revelación de secretos. El abogado de Redondo ha señalado que el gesto se ha producido «tras pasar por caja» y llevarse a cambio de los acusados «cantidades de seis cifras».

«Esto es un mercado persa económico, y los ofendidos han hecho caja. Y un mercadeo procesal con los conformados, con brutales reducciones en sus condenas», ha criticado. Según ha señalado parafraseando a un tercero, «con dinero, este juicio habría durado 15 días».