La debilidad del Gobierno obliga a eliminar uno de cada cinco días de pleno en el Congreso de los Diputados

El actual periodo de sesiones, el que abarca estos siete meses de 2025, ha servido para poner en marcha apenas seis leyes y ocho decretos. Botín legislativo escaso que sirve para explicar que se hayan tenido que eliminar uno de cada cinco días de los plenos ordinarios señalados en el calendario. De las 42 sesiones previstas, solo se celebraron 35. Siete jueves –los días señalados para las votaciones de las propuestas del Consejo de Ministros– se quedaron sin actividad ante la falta de iniciativas del Ejecutivo, más enredado en solventar la corrupción que le salpica que en poner en marcha nuevas leyes para allanar la vida de los ciudadanos. Y no será por falta de propuestas, pues en la mesa de Francina Armengol, presidenta del Congreso, aguardan casi una treintena de textos aprobados en el Senado a los que no se da tramitación, como la ley antiokupación o la ley del suelo.

Apenas unas horas después de la derogación del decreto 'antiapagones', Patxi López, portavoz del PSOEen el Congreso, trataba de enjugar esa sensanción de derrota resaltando que habían sacado adelante siete de las ocho votaciones previstas, pero ocultando que a ese pleno extraordinario no se llevaron al orden del día ni la reducción de la jornada laboral ni la reforma de la carrera judicial, precisamente para evitar más derrotas.

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López, el apagafuegos principal del PSOEen el Congreso, sacó pecho asegurando que «los datos no dicen que sea un Gobierno débil», al tiempo que retaba a buscar una legislatura más fructífera que la actual, en la que, recordó, «llevamos 42 leyes y decretos aprobados» desde el inicio. Pues bien, a mediados de la anterior legislatura, la que fue desde finales de 2019 hasta mayo de 2023, las Cortes acumulaban un total de 119 leyes y decretos aprobados. Un 65 por ciento más que en la actual, si bien es cierto que entonces la irrupción de la pandemia provocó un aumento inusual de la actividad legislativa, pues obligó a buscar soluciones rápidas con numerosos decretos que buscaron mitigar el azote de la enfermedad.

En cualquier caso, basta con mirar a 2022 –periodo temporal ya con una normalidad sanitaria parecida a la actual– para encontrar un ritmo legislativo mayor. En ese año, el Gobierno de coalición aprobó 74 normas entre leyes y decretos, de las que 37 llegaron antes del mes de agosto. Una cifra que supera, con mucho, los 14 textos publicados en el BOE en este 2025. Para igualar, el Consejo de Ministros tendría que aprobar antes de diciembre otras 60 leyes. Reto imposible, pues como el mismo Patxi López reconocía en sus declaraciones a RTVE, el Ejecutivo solo «tiene otros 43 proyectos en marcha» en diferentes etapas de tramitación.

Siguiendo con los datos, otro ejemplo que destapa la actual debilidad del Gobierno hay que buscarlo en 2023. Antes de disolver las Cortes a finales del mes de mayo, el Ejecutivo tuvo tiempo de dar luz verde a 22 leyes y decretos, casi el doble de lo que ha logrado en este 2025 y eso que el periodo de sesiones ha durado dos meses más. Números que contradicen las palabras de López y que reabren las dudas sobre el devenir de la legislatura.

De hecho, para evitar más derrotas, el Gobierno se ha negado a llevar a la Cámara votaciones importantes como los objetivos de estabilidad, los Presupuestos Generales del Estado o la mencionada reforma de la carrera judicial impulsada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. «La derrota en el decreto 'antiapagones' supone un fracaso más de Pedro Sánchez, con el que culmina un periodo de sesiones totalmente improductivo, marcado por la debilidad del Gobierno y por la corrupción», explica Ester Muñoz, portavoz del PPen el Congreso, quien critica que Armengol tenga «en el 'congelador' iniciativas del PP que mejorarían la vida de los españoles, pero que al PSOE no le conviene que se tramiten, como la ley antiokupación».

Para la diputada leonesa, «el PSOE utiliza el Congreso para llevar a cabo su plan de democracia a la carta» y pide a la presidenta de la Cámara Baja que deje de actuar «como un peón de Sánchez, para tratar de mantener con vida a un Gobierno que se encuentra en su fase final».

Y no solo porque lo diga el Partido Popular, sino por las señales que lanzaron varios de los socios del Gobierno durante ese último pleno con el que se bajó el telón parlamentario antes de las vacaciones. «Si no se ponen las pilas, 'adeu'», explicaban desde Junts el pasado martes, en referencia a las promesas incumplidas por el Ejecutivo que mantienen inquieto a Carles Puigdemont. Sobre todo, dos:el uso del catalán en la Unión Europea y la aplicación total de la ley de amnistía. «Prometen una cosa y no la cumplen nunca. Si queréis que la legislatura dure, lo mínimo es cumplir. Que hagan lo que tengan que hacer, pero que dejen de pedir y de decir que tienen urgencias», insisten desde la formación independentista, dejando claro «si el Gobierno se quiere ahogar es su problema», pero que ellos no les van a sostener si no cumplen. «Se fueron de aquí el 9 de julio –día en el que Sánchez compareció para dar explicaciones por la corrupción– vendiendo que todo estaba resuelto, y no es así», advierten.

Consciente de la necesidad de recomponer la mayoría de la investidura, Sánchez llevó al Consejo de Ministros del martes pasado la nueva ley de secretos oficiales, una de las reivindicaciones históricas del PNV. Un guiño que se une al que solo días antes hacía a ERC con el pacto de la financiación singular para Cataluña, acordada con los republicanos en el marco de la negociación por la investidura de Salvador Illa. Toca ver cómo recompone la relación con Podemos, el socio más díscolo, sobre todo por su necesidad de diferenciarse de Sumar para ganar espacio en la izquierda ante un posible horizonte temporal.