Las cesiones de Sánchez complican la prestación de varios servicios en el País Vasco

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Gerard Bono

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Con el último punto en vía muerta, el PNV y el Gobierno vasco (teniendo en cuenta la bicefalia que caracteriza al partido) han puesto sus esfuerzos en el cumplimiento de las transferencias pactadas con Pedro Sánchez en distintos momentos clave para su supervivencia el último lustro. Y si bien algunas de las más importantes no acaban de materializarse –como la de la gestión económica de la Seguridad Social–, otras sí lo han hecho, pero con serias dificultades a la hora de ponerlas en práctica y, en algún caso, prescindiendo de la correcta prestación de otros servicios ante la escasez de previsión y recursos en la administración vasca.

El claro ejemplo de esto es la seguridad de bienes y personas en los puertos de Bilbao (Vizcaya) y Pasajes (Guipúzcoa), que fue asumida por la Ertzaintza el pasado 3 de febrero. «Damos un paso adelante en nuestro autogobierno y damos un paso adelante en lo que afecta a la seguridad para nuestro país», afirmaba entonces Pradales en un acto en el enclave portuario. Dicho servicio lo prestaba anteriormente la Guardia Civil con cerca de 300 agentes, que hoy mantiene las funciones de inspección de barcos y aduanas y los rescates más allá de las 12 millas.

Con el cambio de manos de la tarea, que no sólo implica el control de las láminas de agua, sino también la tarea de escolta a embarcaciones de personas o de transporte de combustible para evitar acciones terroristas o de piratería, el Departamento de Seguridad que dirige Bingen Zupiria destinó allí a la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) de la Ertzaintza. Algo que, según trasladan a este periódico distintas fuentes, ha mermado su capacidad para llevar a cabo las funciones que ya tenían asignadas.

Desde entonces han sido diversos los avisos de emergencia que se han producido tanto en el mar como en la ría de Bilbao que han quedado sin auxilio por parte de esta unidad especializada de la policía autonómica. Sin darse un aumento significativo de medios humanos (el Gobierno vasco sí ha estrenado recientemente un nuevo helicóptero), ahora suman a sus labores de rescate las nuevas en los puertos, teniendo que desplazarse expresamente desde estos puntos con lo que se eleva el tiempo de actuación. Por el momento, y gracias a la intervención de otros cuerpos de rescate como el de la Guardia Civil o de la intervención de la Cruz Roja, no se ha tenido que lamentar ninguna víctima mortal.

De acuerdo con las denuncias de miembros de la UVR, a los que el Gobierno vasco trasladó hace meses un cuestionario para ver cómo podían mejorar sus prestaciones y que no ha resultado en medidas concretas, el traspaso también ha afectado negativamente a sus horas de entrenamiento o al tiempo que dedican a patrullar en el mar. «No están», comenta un mariscador al ser preguntado por sus continuas quejas sobre el aumento de la pesca furtiva en la región. Una realidad que reconoció a mediados de mayo la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, al hablar del «descenso que se observa en las últimas temporadas en el número de algunas especies en el Golfo de Vizcaya».

Más allá de lo relativo a la Ertzaintza, hay otros Departamentos que se han visto superados en los últimos tiempos con la llegada de nuevas tareas. «Es un marrón», afirman responsables del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, que el pasado 1 de julio comenzó a gestionar los permisos de trabajo a extranjeros. A partir de ahora será la administración autonómica quien tramite las autorizaciones iniciales de trabajo, por cuenta propia o ajena, de los inmigrantes cuya relación laboral se vaya a desarrollar en la región, aunque la legislación (las condiciones que deben cumplir los solicitantes) seguirá siendo de carácter estatal. Un conjunto de modificaciones administrativas «complejo», que requiere de un tiempo de adaptación, pues todos los pasos precisan de la coordinación con la Administración Central.

La justificación del traspaso es la de agilizar trámites, pues el Gobierno autonómico plantea que tiene un mayor conocimiento de las necesidades de las empresas en la zona, que son las que inician los procedimientos a la hora de solicitar trabajadores, además del número de ciudadanos registrados en Lambide (servicio vasco de empleo). Allí contabilizan cerca de 5.000 personas que han sido formadas y están registradas como demandantes. Sin embargo, estos expedientes, al haberse iniciado de forma previa a la entrada en vigor de la competencia seguirán por el momento en manos de la AGE, estando en las del Gobierno vasco únicamente los que lleguen a partir de este 1 de julio.

En cuanto a estas cifras, las fuentes consultadas en el Ejecutivo regional no eran capaces de dar una aproximación después de asumir la competencia. El cambio administrativo se produjo un mes después que la llegada del nuevo Reglamento de Extranjería, que facilita (de forma general) el acceso los permisos de trabajo. Desde entonces se habría producido un «aumento del 40% en las solicitudes», por lo que ante este mayor número de expedientes, estaban todavía «ciegos» para valorar cuántos correspondían al País Vasco.