El Gobierno mima al PNV con una ley para desclasificar los secretos del franquismo y la Transición

Esta reforma es una vieja reivindicación del PNV con la que el Ejecutivo quiere hacer un guiño a los nacionalistas. Aitor Esteban, exportavoz del PNV en el Congreso, le arrancó en febrero a Sánchez el compromiso de reformar esta norma, que ya ha estado sobre la mesa en otras legislaturas, pero que nunca ha llegado a buen puerto. De hecho, el PNV ha llegado a presentar hasta cuatro iniciativas legislativas en este sentido, que siempre han quedado paralizadas en la fase de tramitación parlamentaria. La última, en la pasada legislatura, en la que la norma se quedó a un paso de ser aprobada.

Ahora, el Gobierno se compromete con el PNV a llevarla a buen puerto con el objetivo de mantener un apoyo que parecía frágil después del estallido del caso Cerdán. En el Proyecto se especifica el levantamiento «automático» del secreto de los documentos clasificados de hace más de 45 años, lo que incluye a los correspondientes a la dictadura franquista y a la Transición. Aunque el Gobierno se guarda un as bajo la manga, con una disposición adicional que establece que una información podrá seguir siendo secreta con carácter indefinido si se aprecia que hay razones suficientes para clasificarla de nuevo. «Se desclasificará automáticamente salvo que algo afectara la seguridad nacional y la defensa», ha resaltado el ministro Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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En su intervención, ha aclarado también que la nueva Ley de Información Clasificada deja en manos del Ministerio de la Presidencia los secretos oficiales, lo que le convertirá en el guardián de esta documentación comprometida, que quedará clasificada en cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Para cada una de ellas, la norma establece un período previo a la desclasificacion, que va de los 45 años de la de alto secreto (con prórrogas de hasta 15 más), los 35 más 10 de la información calificada como secreto, a los entre 7 y 9 años de la confidencial y los 4 y 5 de la información restringida. Varios de los socios del Gobierno, como el propio PNV y EH Bildu, ya han afirmado que estos plazos les parecen excesivos y que pelearán por reducirlos durante la tramitación de la norma. Lo que vuelve a abrir una brecha dentro de la mayoría de investidura que sostiene al Ejecutivo. «Está lejos de lo que pedimos, pero seremos propositivos para reducir los plazos de desclasificación», ha explicado Maribel Vaquero, portavoz parlamentaria del PNV, nada más conocer los detalles de la propuesta del Gobierno.

Otra de las cuestiones que aborda la nueva ley es la revelación de esos secretos de Estado, para lo que impondrá multas de entre 800.001 euros y 2,5 millones a todo aquel que difunda información de carácter «secreto» o de «alto secreto». La norma no excluye a los periodistas, aunque sí recoge que a la hora de aplicar la sanción se tendrá en cuenta el ejercicio de la libertad de información.

«El régimen es más proporcional habida cuenta de que hoy la revelación de información clasificada está únicamente tipificada en el código penal, de tal manera que hoy revelar una información clasificada es un delito que conlleva cárcel», ha explicado el ministro, quien además ha revelado que el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto para regular el secreto profesional de los periodistas.

«Queremos proteger el trabajo de los profesionales de la información, incluyendo el secreto de sus fuentes y de sus comunicaciones», ha señalado, sobre un texto que ha sido consensuado con las principales asociaciones del sector. Según el ministro, esta ley regulará no solo quiénes son los titulares de este derecho de secreto profesional, sino también en qué consiste y cuáles son sus límites.

En ese sentido, ha especificado que habrá dos supuestos en los que un juez pueda ordenar la práctica de diligencias para identificar a una fuente de información. Por una parte, que exista un daño grave e inminente que afecte a la vida, a la integridad física o a la seguridad de alguna persona y, por otra, que exista un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional o para elementos fundamentales del sistema constitucional. «En estos casos, el juez puede establecer medidas proporcionales para conocer la fuente de los profesionales de la información. Y solo podrán ser proporcionadas cuando el sacrificio de los derechos no sea superior al beneficio para el interés general y de terceros», ha dicho Bolaños.

Este anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros en primera vuelta, debe pasar ahora el turno de los informes preceptivos de los órganos consultivos antes de llegar a su tramitación parlamentaria. Según el Gobierno, este derecho estaba pendiente de desarrollo desde 1978 y con este anteproyecto se equiparará a lo que ocurre en países de nuestro entorno.