El Congreso debatirá la semana que viene la delegación de competencias de inmigración a Cataluña

El debate, que se sustentará el martes, no es sino el primer paso para que empiece a tramitarse la norma. Después quedarían las enmiendas a la totalidad, las parciales, la ponencia en comisión, el dictamen y su regreso al Pleno para su aprobación y envío al Senado. No obstante, si Podemos mantiene su posición expresada en marzo, cuando PSOE y Junts registraron conjuntamente la ley tras meses amagando con una ruptura definitiva por la cuestión de confianza que le exigía el prófugo Carles Puigdemont al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Pleno de la Cámara Baja rechazará la tramitación de la iniciativa, que decaerá a las primeras de cambio. Y fuentes de Podemos han dejado claro que siguen en sus trece.

Fuentes de Junts trasladaban poco antes que Podemos no les había hecho llegar ningún cambio de opinión, por lo que los independentistas o el Gobierno iban a tener que negociar contra reloj con el partido de Ione Belarra, que lleva meses distanciándose del Ejecutivo, rechazando explícitamente la etiqueta de «socio» y dando por «muerta» la legislatura. En este contexto, la Cámara Baja discutirá una de las tres 'carpetas' que la derecha separatista ha puesto encima de la mesa como imprescindibles, como la 'amnistía política' a Puigdemont y su regreso a España —en manos de la Justicia— y la oficialidad del catalán en la Unión Europea —que, por ahora, solo acumula portazos de otros Estados miembros pese a los esfuerzos del Gobierno—.

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El inicio del curso parlamentario no es muy halagüeño para los intereses del Gobierno de coalición. La reducción de la jornada laboral, medida estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura, fracasó estrepitosamente precisamente por la oposición de Junts, que registró una de las enmiendas a la totalidad aprobadas, que provocaron la devolución del texto al Consejo de Ministros.

La ley registrada por PSOE y Junts plantea que los Mossos d'Esquadra tengan presencia en las fronteras y que puedan ejecutar las devoluciones en caliente —aunque no tengan ellos la capacidad de tomar la decisión—. También, que la Generalitat de Cataluña gestione la admisión, regularización y expulsión de inmigrantes y el control de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), entre otras cuestiones.