Ofensiva contra el Gobierno por dejar a nueve municipios valencianos sin juzgado de violencia de género

La reorganización que contempla el Real Decreto 954/2022 supone la desaparición de este tribunal en las localidades valencianas de Xàtiva, Quart de Poblet, Carlet, Moncada, Catarroja y Picassent; así como en los municipios alicantinos de la Vila Joiosa, Sant Vicent del Raspeig y Novelda. Todos ellos dejarán de tener competencias en este ámbito y sus funciones las asumirán otros partidos judiciales más grandes.

El texto publicado en el BOE hace unos días se afana a aclarar que esa agrupación, que afecta a otros organismos de todo el territorio nacional, «no conlleva supresión de ningún Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en funcionamiento».

Se trata de «un redimensionamiento de la planta judicial existente y una mejor optimización de los recursos disponibles, con el fin de alcanzar una mayor proximidad en relación con la víctima, que redundará en una atención más especializada, ágil y uniforme». Los ciudadanos, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, «recibirán una mejor atención de los Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, que no tendrán que asumir los asuntos ordinarios civiles y penales junto con los de violencia de género».

Pero desde el Ilustre Colegio de Abogados de Valenciano no comparten estas buenas intenciones y aseguran que ya advirtieron a la Generalitat sobre las «consecuencias nefastas» de esta decisión que toma el Gobierno central, que es quien tiene las competencias en Justicia. «La norma consigue exactamente el efecto contrario a lo que persigue y se convierte en una medida disuasoria para las víctimas», asevera su decana, Auxiliadora Borja.

«Hay casos como el de Xàtiva, en los que la distancia es de más de 160 kilómetros de ida y vuelta, o el de Catarroja con más de 60», señala. Un problema «muy grave» que también afectará «a los letrados y letradas de oficio que les deban atender, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todo el sistema judicial que debe velar antes que nada porque las víctimas que sufren este tipo de violencia estén en las mejores condiciones», lamenta.

Por ello remitirán a la Conselleria de Justicia un documento solicitando la reversión de esta situación, la creación de nuevos juzgados de violencia de género que poco a poco vayan cubriendo cada partido judicial y la compensación económica a los abogados de oficio en los casos en los que esto último no se pueda llevar a cabo de forma inmediata.

La indignación ha llegado también a la política. Tanto PP como Compromís piden una rectificación al Gobierno central ante esta «barbaridad» y han presentado iniciativas parlamentarias en las Cortes Valencianas y en el Senado contra esta reorganización de los juzgados. Además, los populares han anunciado acciones reivindicativas en los municipios afectados ante lo que consideran un acto «bochornoso» del Ejecutivo de Sánchez.

También han surgido voces discordantes dentro del PSOE. Es el caso del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, que se ha mostrado contrario al cambio. En esta localidad, cuyas competencias en la materia asumirá Alzira, profesionales del Derecho y asociaciones de mujeres han planteado una serie de movilizaciones entra las que destacan el paro de actividad e incluso darse de baja del turno especializado de asistencia a las víctimas de violencia de género. De momento, la manifestación del 25-N cambiará su recorrido habitual para pasar por la sede de los juzgados.

Precisamente, a esa marcha han confirmado su asistencia varias delegaciones del ICAV, que se concentrarán previamente en la delegación de Xàtiva del Colegio de Abogados de Valencia para unirse después a la tradicional manifestación por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

No obstante, desde la Generalitat Valenciana defienden que la reagrupación va en la línea de «concentrar recursos» en busca de una justicia «exclusiva y especializada», con profesionales «que actúen y que trabajen solo por y para las víctimas».

Así lo verbalizó este miércoles la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, con un mensaje para aquellos que muestran «reticencias» a este cambio: «Por encima de los intereses de cada alcalde, de cada municipio, está el interés de las víctimas». Insistió, además, en que «nadie pierde» recursos.

Del mismo modo, Bravo afirmó que las distancias entre los domicilios de las afectadas y los órganos judiciales -que oscilan, según subrayó, entre los 15 y los 45 kilómetros- se han estudiado «con esquisitez» para que no sean «gravosas» y garantizó que habrá una «una prestación gratuita para trasladarlas las veces que haga falta» hasta el juzgado.