Familias relatan el «totalitarismo lingüístico para arrebatar a los hijos de la influencia de sus padres» en Alicante

En la presentación de esta sesión dentro de las primeras jornadas nacionales organizadas en Alicante por Escuela de Todos, la presentadora del debate, Olga Ballester, ha lamentado que las «imposiciones» y la «exclusión del español» ya está provocando, entre otras consecuencias, un auténtico «éxodo educativo».

Rafael Araujo, presidente de la Concapa (concertada), ha enumerado con perspectiva lo que considera «décadas de manipulación y chantaje» a las familias: «¿Qué más tiene que pasar?», se ha preguntado.

En especial, ha puesto el acento en que la realidad actual va a ir a más. «El plan no es solo imponer la lengua en la educación para imponerla en el resto de la sociedad, esto es solo el principio, el plan es arrebatar a los hijos de la influencia de sus padres, y así educarlos como ignorantes y sumisos, vulnerables ante el Estado».

Por eso, ha animado a protestar. «Ha llegado el momento de posicionarnos y defender a nuestros hijos», frente a ese «totalitarismo lingüístico» que ha prosperado, en parte, por los «complejos del político español frente al político europeo».

Cómo indicios de la intencionalidad a todos los niveles de esta política educativa, Araujo ha señalado algunos términos empleados en foros como el Consejo Escolar: «Se habla de lenguas minorizadas porque consideran al valenciano oprimido por el castellano», y del primero como la «lengua propia» como si el segundo fuera «impropio y anormal», cuando a su juicio debería haber un «respeto mutuo» hacia todos los hablantes.

En definitiva, hay un «ataque a la lengua común» y se le confiere un «carácter identitario» a la otra.

Como excepciones de la oposición a esta normativa, el presidente de Concapa ha mencionado a la Diputación de Alicante, que en 2018 se sumó al rechazo junto con familias y algunos sindicatos.

También ha recordado cómo los llamados «asesores lingüísticos» de la Conselleria de Educación han vigilado que se cumplían los porcentajes de enseñanza en cada idioma.

Acerca de las consecuencias de no permitir a las familias elegir la lengua vehicular de sus hijos según las etapas escolares, Araujo ha enumerado las siguientes.

En Infantil, primeros problemas de aprendizaje y que las familias no pueden ayudar a los alumnos en casa; en Primaria, un menor rendimiento y en Secundaria causa un aumento del fracaso escolar, que según él se trata de ocultar con aprobados generalizados y sin que casi ningún alumno repita curso.

Finalmente, Araujo también advirtió de que la nota de Selectividad compite en desigualdad con la nota de valenciano.

Por su parte, Sonia Terreros, presidenta de Covapa, ha apelado a que la comunidad educativa trabaje unida, ya que hay razones para «protestar y reclamar aunque sea en los pasillos».

Como lema, de entrada, afirmó: «Valenciano, sí, castellà, també, no queremos ese adoctrinamiento, contra la libertad de pensar». No puede continuar «la marginación a la hora de hablar en su lengua materna» por los alumnos, además de que se tiene que garantizar «la libertad de los docentes para que puedan generar la motivación para aprender otra lengua», en vez de rechazo.

Ambos representantes subrayaron en sus intervenciones la «defensa» del aprendizaje del valenciano, como «riqueza» cultural, pero no mediante la «imposición» y la «obligación».

«Queremos que los niños algún día puedan ser funcionarios españoles, no encerrarse en el ámbito solamente de la Comunidad Valenciana», subrayó Terreros, en alusión al requisito lingüístico.

«La guerra de lenguas está provocada por los políticos, no por las familias», lamentó, por lo que su objetivo apunta a «derogar» la ley del plurilingüismo y alcanzar «un pacto educativo nacional».

En el plano político, ha afeado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que no haya atendido hasta ahora las peticiones de Covapa de reunirse con esta confederación de AMPA de las tres provincias, mientras «sí tiene tiempo en su agenda para hacerlo con Escuela Valenciana» y un sindicato.

También auguró a la consellera Raquel Tamarit que «se va a ver en los tribunales», como ya le ocurrió a su predecesor, Vicent Marzà, a quien cargan la mayor responsabilidad en esta «barbaridad» de la política educativa.

En su día a día, la organización que representa Terreros ha denunciado ante los medios de comunicación y ante el Síndic de Greuges algunos de los excesos más flagrantes, a su entender. En concreto, ha recordado «una agenda totalmente catalanista que se entregaba a los hijos en los centros escolares, con el mapa de los países catalanes, que abarca desde el Roselló francés en el extremo septentrional hasta el Bajo Segura en el extremo meridional».

«Nos incluían en Cataluña y no lo entendemos, además, con el logo de la Conselleria de la Generalitat Valenciana, algo que si uno no lo autoriza, lo denuncia en los tribunales», ha afirmado.

En esta agenda que «por suerte, la mayoría de los centros no entregaron», había consignas a los alumnos sin dejar lugar a dudas, que Terreros ha releído en estas jornadas de Escuela de Todos: «Nos recomendaban que hablemos catalán y restrinjamos el castellano y si hablas en catalán en el patio del recreo con quienes no lo hablan, así lo aprenderán»,