El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha dictado auto de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral, contra Francis Puig -hermano del expresidente valenciano Ximo Puig- y el empresario audiovisual Juan Enrique Adell Bover, en la causa abierta ... por las ayudas de la Generalitat que recibieron, entre 2015 y 2018, las productoras que administraban.
En un extenso escrito fechado el 28 de enero al que ha tenido acceso ABC, el juez observa en la actuación de ambos indicios de los presuntos delitos de estafa agravada y falsedad documental, tras seis años de instrucción. No obstante, descarta el de fraude de subvenciones, pues no se alcanza el umbral penal de 120.000 euros vigente en el momento de los hechos para cada uno de los ejercicios analizados, que se enmarcan en la primera legislatura de Puig como jefe del Gobierno autonómico.
La cantidad supuestamente percibida de forma indebida ronda los 67.500 euros, como indicó en la Intervención de la Generalitat en un informe sobre las subvenciones para el fomento del valenciano en medios de comunicación. Las mercantiles a cargo del hermano del ex líder del PSPV-PSOE, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, habrían obtenido 33.842,48 y 9.397 euros, respectivamente. Por su parte, Canal Maestrat -dirigida por su socio- habría percibido 24.264,65 euros sin justificación.
En su resolución, el magistrado apunta que «la conductas son relevantes en un doble aspecto, tanto cuantitativo», como «en los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados». De hecho, considera a Mas Mut Produccions una «empresa ficticia e instrumental» que fue «creada con la única finalidad de obtener subvenciones».
El auto da diez días de plazo a las partes para que se soliciten el sobreseimiento o la apertura de juicio oral, como previsiblemente pedirá la Fiscalía. El auto no es firme y puede ser recurrido en reforma. El PP llevó sus sospechas a los tribunales en 2019. Un error procesal a principios de 2023 –no se dio traslado a las partes para que pudieran presentar alegaciones antes de que el magistrado prorrogara la causa– puso fin a la investigación. Desde entonces, no se han podido ordenar nuevas diligencias, más allá de cerrar aquellas que estaban en marcha.
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