Un juzgado de Catarroja centraliza la investigación sobre la dana en Valencia e indaga sobre la alerta tardía

Así lo comunicó a una delegación de fiscales en una reunión que mantuvieron este jueves, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De este modo, conforme se vayan produciendo las peticiones de inhibición que lleguen de otros juzgados, algo que todavía no ha ocurrido hasta la fecha, todas esas actuaciones se van a acumular a las diligencias previas 692/24, abiertas inicialmente por 75 fallecimientos en localidades del partido judicial de Catarroja.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha creado un equipo de cinco profesionales, entre los que se incluyen especialistas en medio ambiente, anticorrupción y penal, para «proporcionar una respuesta coordinada» y «trabajar en colaboración» con este juzgado, según ha comunicado el Ministerio Público este viernes, en una instrucción que se prevé larga y compleja.

La magistrada pidió, a principios de diciembre, documentación al Ministerio para la Transición Ecológica sobre los embalses de Forata, Loriguilla y Buseo y el estado de sus cauces, así como el organigrama directivo y técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

También solicitó al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat información sobre todas la actuaciones que llevó a cabo el 29 y 30 de octubre. Asimismo, emitió un oficio a la Conselleria de Interior y Emergencias para que que comunicara quién tomó la decisión de emitir el mensaje de alerta a la población -que llegó tarde para muchos- aquella fatídica tarde, la información de que se disponía y desde qué momento, si ésta procedía de otros órganos o administraciones y si se adoptaron otras medidas preventivas.

De hecho, el juzgado ha empezado a recibir ya parte del material reclamado. Todo ello en el marco de diligencias acordadas tras ser solicitadas por los abogados de la familia de uno de los fallecidos. En paralelo, también se ha efectuado en las últimas semanas el ofrecimiento de acciones a distintos perjudicados.

Mientras, las denuncias y querellas siguen llegando a los tribunales para pedir cuentas sobre la gestión de lo ocurrido a los responsables políticos de distintas administraciones. La última se ha presentado esta semana por parte de más de un centenar de afectados contra cinco cargos de la Generalitat y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Se da la circunstancia de que, tras la inundación de las instalaciones de los juzgados de Catarroja, la actividad se retomó a principios de diciembre en un espacio habilitado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El debate sobre quién tiene la competencia para investigar las posibles consecuencias penales derivadas de la tragedia se abrió a los pocos días de la riada y ya ha habido resoluciones al respecto.

En ese sentido, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia se inhibió en el número 20 cuando recibió una denuncia de Manos Limpias por la gestión política de la dana. Pero el titular de este último órgano, el primero que investigaba el fallecimiento de una víctima mortal en el mismo partido judicial, rechazó esa derivación al considerarla prematura.

La Audiencia de Valencia resolvió que el juzgado competente para investigar la denuncia -que acabó siendo archivada- era el número 15, alegando que la ley no permitía acumular ambas diligencias en ese momento procesal.