La Fiscalía Anticorrupción pide abrir juicio contra el hermano de Ximo Puig por estafa y falsedad documental

En un extenso escrito fechado el 18 de julio al que ha tenido acceso ABC, el Ministerio Público atribuye a Puig los presuntos delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil, mientras a Adell Bover le acusa sólo de este último. Sin embargo, «vista la facturación cruzada, ambos podrían ser autores por cooperación necesaria de los delitos cometidos por el otro».

No considera así que los hechos sean constitutivos del supuesto fraude de subvenciones que el PP, como acusación popular, sí entiende que se cometió. Por contra, las defensas de los investigados han reclamado el archivo de las diligencias tras descartar la existencia de ilícito penal.

Los populares llevaron a los tribunales en 2019 las ayudas que recibieron del gobierno valenciano, el catalán y el aragonés Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, gestionadas por el familiar del exlíder del PSPV-PSOE; y Canal Maestrat, Kriol y Nova CB, a cargo de los Adell Bover.

Aunque pudiera precisar más en un futuro escrito de calificación, la fiscal pone de relieve que los hechos imputados a las dos primeras y a Canal Maestrat podrían constituir un delito continuado de falsedad en documento mercantil por la utilización de «facturas duplicadas y cruzadas».

Al mismo tiempo califica de estafa agravada -o, de forma subsidiaria, de apropiación indebida- las cantidades obtenidas por Mas Mut por parte de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya en los cuatro años investigados: 110.691,97 euros para el fomento de la lengua propia en los medios de comunicación. Tras la investigación llevada a cabo, Anticorrupción apunta que esta mercantil «puede ser considerada una empresa ficticia o instrumental».

Además de considerarla «redundante», al tener el mismo objeto que Comunicacions dels Ports, la Fiscalía pone el foco en que la sede social de la productora estaba situada en una vivienda particular de Peñarroya de Tastavins (Teruel) -propiedad de otro de los hermanos Puig-, «donde no se ha hallado indicio alguno de actividad societaria». Pese a estar dedicada a la actividad digital, agrega, algunos trabajadores testificaron que realizaban tareas de locución y maquetación de noticias propias de la otra mercantil.

Unas sospechas que extiende a Kriol, aunque el «cierre prematuro» de la investigación ha impedido «deducir indicios suficientes» al respecto. Por todo ello, en caso de que el juzgado constate este supuesto perjuicio económico, considera que habría que ofrecer acciones a los servicios jurídicos de ambas administraciones públicas.

De acuerdo con el informe aportado a la causa por la Intervención de la Generalitat Valenciana, los importes «indebidamente percibidos» -Comunicacions dels Ports (33.842,48 euros), Mas Mut (9.397) y Canal Maestrat (24.264,65)- están por debajo del umbral penal fijado en 120.000 euros en cada ejercicio analizado, de ahí que Anticorrupción no contemple el fraude de subvenciones.

Como detalló un amplio dossier de la Guardia Civil, se incluyeron conceptos como la reparación de un aire acondicionado, el cambio de pantalla de un teléfono móvil, la revisión de los extintores o los gastos de combustible y el pago del impuesto de circulación de un vehículo.

A pesar de que se solicitó el mismo dictamen a la Generalitat catalana, este organismo no determinó esas cantidades y adujo que presumía como válida toda la documentación presentada, puesto que no era necesario presentar facturas para acreditar el gasto, sino que su concesión se basaba en indicadores de actividad del año anterior.

Un error procesal a principios de 2023 –no se dio traslado a las partes para que pudieran presentar alegaciones antes de que el magistrado prorrogara la causa– puso fin a la investigación. Desde entonces, no se han podido ordenar nuevas diligencias, más allá de cerrar aquellas que estaban en marcha.

De hecho, la Fiscalía indica en su escrito que «aunque otras personas pudieron haber intervenido en la confección de la facturación cuestionada penalmente o pudiera haberse planteado la responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de estafa, no es posible continuar con la investigación» por este motivo.

Las partes quedan ahora pendientes de la decisión del juez, que confirmó el archivo del procedimiento, el año pasado, para el exdirector general de Política Lingüística del Ejecutivo valenciano Rubén Trenzano.