Catorce antifascistas aceptan nueve meses de cárcel por provocar altercados y atacar a la Guardia Civil en un partido de fútbol

El juicio se había fijado para este jueves en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante. Pasadas las 10.30 horas, se ha comunicado el acuerdo de conformidad entre las partes, por el que diez personas han sido condenadas por desórdenes públicos con lanzamiento de objetos a seis meses y un día de prisión; por atentado contra agentes de la autoridad a tres meses y un día de cárcel; a un mes y 16 días de cárcel por lesiones menos graves, que se sustituyen por ese mismo tiempo de localización permanente; y a pagar 360 euros de multa por cuatro delitos leves de lesiones.

Por su parte, otras dos personas han sido condenadas también por el delito de desórdenes públicos con lanzamiento de objetos a seis meses y un día de prisión. Otras dos personas han sido condenadas por falta de respeto a la autoridad al pago de una multa de 90 euros. Inicialmente, Fiscalía reclamaba hasta ocho años de prisión y cinco la acusación particular.

Los acusados también deberán indemnizar a seis agentes de la Guardia Civil y a la Dirección de la Guardia Civil con un total de 6.573,31 euros -entre 720 y 1.793 euros, más la cuantía por los móviles estropeados-. Los letrados de la defensa han afirmado que las cantidades ya han sido consignadas.

Ante el acuerdo de conformidad entre las partes, la sala ha declarado firme la condena. Los tres abogados de la defensa han solicitado la suspensión de las penas privativas de libertad y de localización permanente, puesto que las penas son inferiores a dos años y los acusados no tenían antecedentes, algo a lo que no se ha opuesto la Fiscalía ni la acusación particular.

El presidente de la sala ha declarado firme la resolución de la suspensión de las penas, si se consignan las cantidades indemnizatorias y multas aceptadas, y bajo la advertencia de que, durante dos años, no podrán cometer ningún delito, puesto que en caso de hacerlo se le sumaría la pena de prisión por estos hechos.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, tras el partido de fútbol entre el equipo de Pego y el de Gandía, un grupo de unos cien seguidores del equipo local, entre los que se encontraban los procesados, se concentró en las puertas del estadio y profirió amenazas hacia aficionados visitantes, que serían de una ideología política distinta y que seguían dentro del recinto deportivo.

Un agente de la Guardia Civil intentó mediar con el grupo del exterior y recibió expresiones como «los nazis esos han venido a provocarnos» o «los vamos a matar», por lo que el agente decidió encerrarse en el estadio y esperar a los agentes de la Unidad de Antidisturbios, según este escrito.

Cuando llegaron, según el relato que hace la Fiscalía, los procesados junto al resto de concentrados -que no han podido ser identificados- comenzaron a lanzarles objetos como piedras, adoquines, botellas de cristal o tapas de alcantarilla. Cinco agentes resultaron lesionados de diversa consideración por el impacto de dichos objetos.

La defensa, representada por Alerta Solidària, relataba que «unos 40 nazis ultra del Gandiblues, del Club de Fútbol Gandía, se pasearon todo el día por la localidad haciendo cánticos de enaltecimiento a Hitler, llenando las calles de pegatinas con la cara del dictador y amenazando a los vecinos y vecinas, que les recriminaban sus acciones». Tras esto, apuntan que «varios colectivos de jóvenes de la comarca se organizaron para echarlos a gritos» y censura que «ninguno de los ultras del Gandiblues ha sido perseguido ni por la Policía ni por la Fiscalía».

A la salida del juicio, los condenados han sido recibidos por un grupo de una treintena de familiares y amigos, quienes han permanecido fuera del edificio ante la imposibilidad de seguir la sesión en directo, ya que la sala era pequeña. También han acudido representantes políticos como los concejales del Ayuntamiento de Alicante de Compromís y EU-Podem, Sara Llobell y Manolo Copé, respectivamente; o el exdiputado de Compromís en Les Corts Josep Nadal.

Los condenados y el grupo de apoyo han desplegado varias pancartas con símbolos antifascistas y lemas como 'Prou repressió als que lluiten' -Basta de represión a los que luchan- o 'Absolució Joves de Pego' -Absolución jóvenes de Pego-. El portavoz del Grup de Suport als Encausats de Pego, Andrés Bonet, se ha mostrado «muy contento» tras el acuerdo después de unos «años complicados» y ha agradecido a las personas que han apoyado a los encausados durante este tiempo.

En cuanto a los abogados de la defensa -Maria Josep Martínez, Joan Bertomeu y Andreu Moreno-, Martínez ha apuntado que se trata de un pacto «agridulce», ya que consideran que «no es justa una sentencia condenatoria». «No es agradable tenerte que conformar y aceptar una culpabilidad en la que no crees y dar por verídico un relato que es una verdad judicial», ha sostenido, pero ha añadido que la posibilidad de una pena de prisión, la petición de ocho años de cárcel de la Fiscalía y de cinco años de la acusación particular, ha abocado al acuerdo.

No obstante, ha recalcado que la rebaja de posiciones de Fiscalía y acusación particular «absolutamente increíble» evidencia, a su juicio, «lo abultado y exagerados que han sido los hechos», así como «la injusticia de todo este procedimiento».

Además, ha considerado que no entraban «en igualdad de condiciones» al juicio, puesto que ha denunciado que «la credibilidad que tiene la Guardia Civil no es igual de cara al tribunal» que la de los acusados; al tiempo que ha censurado las «condiciones de anormalidad» del juicio, con la «vulneración del derecho a la intimidad» porque los agentes «han pasado lista en la calle para que los acusados entraran uno a uno». «Es una anormalidad que evidencia la motivación política de todo este proceso», ha aseverado.

La abogada ha criticado que estos 14 jóvenes hayan estado cuatro años «con una posibilidad de prisión de hasta ocho años por haber participado en una manifestación y haber plantado cara a un grupo de fascistas que habían ido a Pego, habían increpado a la población y habían generado malestar, y contra los que tampoco ha habido ninguna actuación».

En la misma línea, Bertomeu ha sostenido que se trataba de acusaciones «totalmente desproporcionadas» y con «dudas» sobre las pruebas, pero lo ha calificado de «satisfactorio» a nivel técnico. A nivel moral, ha ensalzado la «movilización social» de apoyo y el «ejemplo» de los 14, que cree que «han trasladado la fuerza a la hora de negociar».

Igualmente, Moreno ha insistido en que «no es agradable», porque han debido «aceptar unos hechos muy discutibles», pero ha reiterado que «la idea era evitar en todo caso la posible entrada a la cárcel».