Ximo Puig encara la era post Mónica Oltra con un Gobierno partido y la amenaza de tres frentes judiciales

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La salida de la histórica dirigente de Compromís del Consell ha provocado un nuevo cisma entre las fuerzas de izquierda que gobiernan en la Comunidad Valenciana a tan solo once meses de las elecciones autonómicas , siempre y cuando el líder socialista no decida adelantarlas. Una decisión que ya tomó en 2019 y que significó el primer punto de fricción entre ambas formaciones.

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Ahora, pese a la dimisión forzosa de Mónica Oltra por la causa que investiga un presunto encubrimiento de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de los abusos sexuales de su anterior pareja a una adolescente tutelada por la Generalitat, la batalla judicial no ha terminado para el Ejecutivo de Puig.

En la instrucción practicada por el titular del Juzgado número 15 de Valencia sobre esta causa, todavía permanecen trece personas imputadas pertenecientes a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. De hecho, Ximo Puig mantiene en el cargo a la directora general de Infancia y Adolescencia , Rosa Molero, quien tuvo un papel fundamental en la «investigación paralela», que acuñó el juez Vicente Ríos.

Una situación compleja y comprometida con la que tendrá que lidiar Aitana Mas al frente de esta Conselleria, de la cual una de sus sedes fue registrada por la Policía Judicial el pasado lunes, horas antes de que Oltra dimitiera de todos sus cargos. Así, dentro de la sala noble de la Generalitat existe temor ante la aparición de nuevas revelaciones sobre el caso que comprometa al Ejecutivo.

La crisis generada por la caída de Oltra y su comprometida situación judicial ha opacado diferentes logros en materia económica y de gestión que Ximo Puig pretende enarbolar sin la atención mediática ni la aceptación social que desde Presidencia consideran oportuno.

Casos concretos como la elección de la factoría de Ford Almussafes para fabricar dos modelos de sus coches eléctricos a partir de 2025, la elección de Volkswagen para instalar su nueva gigafactoría de baterías en Sagunto, así como la inauguración del CaixaForum en el icónico Ágora de Valencia, inversiones en la Ciudad de la Luz de Alicante o el refuerzo de la actividad del aeropuerto de Castellón.

Todos ellos, salpicados por la gestión de la Conselleria dirigida hasta la semana pasada por Mónica Oltra, quien mostró ciertas desavenencias con diferentes miembros del ala socialista del Gobierno autonómico, como la titular de Justicia, Gabriela Bravo , por la abolición de la prostitución.

Pese a que algunas fuentes del Ejecutivo deslizan que con la llegada de Aitana Mas a la vicepresidencia y a la portavocía conseguirá calmar las aguas y rebajar la crispación entre ambas formaciones, la realidad es que la traumática salida de Oltra dejada tocada, aún más, la relación PSOE-Compromís.

Por otro lado, con la tercera parte de la ecuación, Podemos , formación con la que los socialistas comparten Gobierno a nivel nacional, también existe un palpable clima de falta de entendimiento autonómico, debido a las intención de Puig de ofrecer la imagen de un Ejecutivo de moderación. Algo para lo que no ha ayudado la crítica de su vicepresidente Héctor Illueca hacia la OTAN, organismo que responsabiliza totalmente de la guerra en Ucrania .

El líder valenciano encara así los últimos kilómetros del segundo Gobierno del Botánico con dos frentes judiciales que generan cierta preocupación en el partido socialista. Al margen de la gestión de Oltra en la causa de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat, el devenir de la coalición puede estar marcado por la evolución del caso Azud , en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística que habría destinado más de 40.000 euros para financiar actos electorales del PSPV hace quince años y que señala a tres exresponsables de la formación como Rafael Rubio, José Luis Vera y Pepe Cataluña .

Por si fuera poco, en paralelo, otro juzgado mantiene como imputado a Francis Puig , hermano del presidente de la Generalitat, por un presunto fraude en las subvenciones concedidas por el Gobierno valenciano, algunas de ellas justificadas con facturas de alquiler de una nave a su padre o reparaciones del coche de otro hermano.

Así, la recta final de la legislatura para Puig y sus socios no será sencilla, sino más bien radiactiva y minada. Por ello, a nivel interno se valora como una salida de escape un posible adelanto electoral que solo puede decretar Puig según el Estatuto de Autonomía, aunque el auge del Partido Popular en el tablero nacional, sustentado por la moderación de Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, hace dudar al PSOE sobre el momento más adecuado para sus intereses en los próximos comicios, previstos inicialmente para el último domingo de mayo de 2023.