El socio del hermano de Puig reconoce al juez que tiene siete expedientes abiertos para devolver subvenciones

La Fiscalía pidió la declaración de Adell Bover en calidad de invetsigado como solicitante de las ayudas públicas que recibió Canal Maestrat -que ha reclamado recientemente el concurso de acreedores-, por las facturas cuyo pago no ha podido ser acreditado o aquellas cuya relación con la actividad de las empresas no ha podido ser determinado. Se le añaden también las imputaciones de falseamiento de nóminas, para obtener subvenciones a través de otra productora denominada Kriol Producciones.

La Guardia Civil detectó hasta cuatro tipos de irregularidades en los 1,2 millones que estas mercantiles, junto a las administradas por Francis Puig -Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions- recibieron entre 2015 y 2018 de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, en distintas convocatorias, para el fomento de la lengua propia o el empleo joven. Se da la circunstancia de que Comunicacions dels Ports y Canal Maestrat fueron multadas con 43.000 euros por la Comisión de Defensa de la Competencia por pactar precios para ganar un concurso público para prestar servicios en Castellón a la televisión autonómica À Punt.

Fuentes juridicas han explicado a ABC que, como ya hizo Puig en su comparecencia ante el juez este lunes , Adell Bover ha afirmado que es la Generalitat la que tendría que haber decidido si imputar a las subvenciones las facturas que un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial pone en duda y ha admitido que, al contrario que el hermano del presidente autonómico, él sí t iene siete procedimientos abiertos de reintegro de ayudas públicas, que ha recurrido.

Durante casi tres horas de comparecencia, según su abogada Carmen Gallego, «se ha aclarado que no hay facturación falsa en ningún sentido» ni « ningún tipo de relación societaria con las empresas de Francis Puig». La letrada ha incidido en que seguirán colaborando y aportando más documentación «para despejar todas las dudas» de la Fiscalía, al tiempo que ha subrayado que, de las facturas recogidas de los cuatro años bajo lupa, solo un 0,01% guardan algún tipo de relación -que es «casi inexistente»- con las productoras de Puig, porque sus clientes colaboran más con otras empresas.

Adell Bover también ha defendido ante el juez que si se presenta la misma factura en la Generalitat Valenciana y en la catalana es porque así lo permiten las bases. A la espera de las auditorías solicitadas a la Intervención de ambas administraciones autonómicas, la defensa del imputado ya presentó un escrito en su día justificando que los importes que la Guardia Civil señala -«sin ninguna conclusión»- no superan el umbral de 120.000 euros para que se considere el fraude subvenciones.

Precisamente, la principal cuestión a dirimir es si la cuantía presuntamente defraudada supera esa cifra para que el proceso se siga por la vía penal o se resuelva, en caso de que se demostraran las irregularidades, con una sanción administrativa. El caso, en el que también está imputado el director de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, partió en 2019 de una denuncia del Partido Popular, que ejerce la acusación particular, a la que Adell Bover no ha querido responder durante la sesión.