De los abusos a menores a las ayudas a la dependencia: los deberes de la nueva número dos de Ximo Puig

[Mónica Oltra se marcha entre homenajes mientras la Generalitat evita pedir perdón a la víctima de los abusos sexuales]

La dirigente alicantina, la más joven en encabezar una candidatura al Congreso con apenas 21 años , tendrá encima de la mesa a su llegada al Palau de Valeriola una retahíla de asuntos sin resolver, no exentos de polémica, que se sumarán a los que ya cuenta a nivel orgánico dentro de Compromís a menos de diez meses de los comicios autonómicos.

Más asumirá, además de la vicepresidencia y la portavocía del Gobierno valenciano, las competencias de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, departamento señalado en la investigación judicial abierta por un presunto encubrimiento del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado el exmarido de Mónica Oltra.

Una misión ardua y compleja para el tiempo que tiene por delante, pues deberá lidiar con una Conselleria en el ojo del huracán , tanto por la investigación por el caso Oltra , como por el modelo de las residencias de la tercera edad, las listas de espera en ayudas para la dependencia, así como por las desavenencias públicas con la titular de Justicia, Gabriela Bravo, respecto a la forma de abolir la prostitución en la Comunidad Valenciana.

No será tarea sencilla, ya que ha asumido todos los poderes de Oltra en un momento donde la exvicepresidenta elevó los decibelios contra los socios socialistas del Gobierno y su hiperliderazgo merma la capacidad electoral de las próximas generaciones de Compromís . Tanto es así que, Aitana Mas, pese a ser una figura de concordia dentro de la coalición, parte con desventaja con respecto a Joan Baldoví de cara a las elecciones de 2023.

No obstante, Iniciativa, formación en fundó Oltra y en la que milita Mas, no descarta que la crevillentina sea la candidata de Compromís en los próximos comicios, aunque públicamente se muestran esperanzados en que la exvicepresidenta resuelva su situación judicial antes de la campaña, algo que, tiempo en mano, resulta complicado de imaginar.

Todo ello, Aitana Mas tomará posesión de su nuevo cargo a principios de la próxima semana en el Palau de la Generalitat , una vez regrese de un viaje familiar en el extranjero, donde ha contraído el coronavirus. La previsión que maneja el Ejecutivo valenciano es que el acto se celebre entre el lunes 27 y el miércoles 29 de junio .

Una vez asuma sus asignaciones públicas, la dirigente de Compromís deberá ponerse al frente de un departamento que cuenta con trece personas imputadas en la causa judicial por la gestión que Igualdad llevó a cabo en relación a los abusos a una menor tutelada por parte del exmarido de Oltra.

Entre ellas, se encuentra incluso la directora general de Infancia y Adolescencia , Rosa Molero , en el tercer escalón del organigrama de la Conselleria de Igualdad. Sobre esta alto cargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia destaca su papel fundamental en la investigación «paralela» a la judicial cuando un magistrado decretó orden de alejamiento del agresor sobre la víctima.

Otro de los frentes abiertos de Mas pasará por mejorar la relación de Igualdad con el Síndic de Greuges , el equivalente al Defensor del Pueblo valenciano, de cuyas denuncias más de un tercio corresponden al departamento hasta ahora dirigido por Oltra.

Al respecto, durante el pasado de mes de enero el PP denunció que un total de 175 menores «bajo la tutela» de la Generalitat sufrieron abusos sexuales en un año, algo que llevó al Defensor del Pueblo a abrir una investigación e instar a la Conselleria a incrementar los controles y un protocolo único frente a los casos que afecten a niños y adolescentes.

Pese a la promesa de Oltra de acabar con las listas de espera en ayudas a la dependencia en 2022, la realidad es que más de 12.000 personas siguen sin ser atendidas por la Conselleria de Políticas Inclusivas, algo que recibió numerosas críticas del Síndic de Greuges, que alertó que estas subvenciones, al igual que la Renta Valenciana de Inclusión , no funciona. De hecho, las quejas sobre este tema engloba el 15% del total de las denuncias recibidas, según explicó su portavoz Ángel Luna.

Las residencias de ancianos también se consolidaron como uno de los mayores quebraderos de cabeza de la gestión de Oltra. Pese a proclamar sus intenciones de acabar con las concesiones público-privadas en estos centros, según publicó el diario Las Provincias antes de renunciar a su cargo firmó un contrato de 240 millones de euros para empresas del conocido 'modelo Cotino'.

Un cambio en su hoja de ruta que ha levantado las críticas de residentes y trabajadores ante un problema que se agrava cada día, que amenaza con eliminar hasta 10.000 plazas y que según los sindicatos como AERTE sólo cubrirá el treinta por ciento de las plazas necesarias.

Por último, Mas deberá tomar partido en la disputa que mantenían desde hace semanas Oltra y la consellera socialista de Justicia, Gabriela Bravo , sobre su propuesta de ley abolicionista contra la prostitución, la cual llegó a considerar que invade competencias estatales y las de Igualdad en materia de violencia de género.

Una rivalidad cimentada años atrás que incluso Bravo verbalizó cuando le preguntaron sobre la posible imputación de su compañera de Gobierno. «Yo desde luego en una situación así, más allá de responsabilidades penales, en la que pudiera comprometer la credibilidad de la institución a la que represento, me lo plantearía», afirmó.

En las alegaciones presentadas por el departamento de Oltra al borrador de anteproyecto de ley de modificación de la Ley 14/2020 de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, recuerda a Justicia la diferencia entre prostitución y explotación sexual o trata y pone el foco de la discordia en las multas a puteros, al considerar que «aumenta la inseguridad» de las mujeres porque las «conduce a la clandestinidad y al ocultamiento».

Incluso, el escrito del departamento que dirigía la vicepresidenta llegó a exponer diferentes modelos abolicionistas fallidos en Europa y calificó la propuesta de modificación de Bravo dentro de un «discurso punivista» que sitúa en un marco «de mayor vulnerabilidad a las mujeres» y que «aumenta la estigmatización social».