La Fiscalía podría citar al alcalde de Alicante también por despedir a la cuñada del portavoz del PP

Así lo ha comunicado este jueves, al término de esa reunión, el fiscal jefe provincial, Jorge Rabasa, quien ha calificado de "prematuro" en estos momentos aventurar la posición que adoptará el ministerio público en este caso.

La denuncia por dicho despido fue presentada hace unos meses por dos dirigentes vecinales y desembocó en la apertura de unas diligencias de investigación en fiscalía por un presunto delito de prevaricación.

Estas pesquisas se suman a otras abiertas por el juzgado de Instrucción 9 de Alicante por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio , hechos por los que Echávarri y dos asesores suyos declararán este viernes como investigados (antes imputados).

La funcionaria, una técnica interina adscrita a la Concejalía de Cultura, fue despedida a finales del pasado mes de abril, días después de que su cuñado y portavoz del PP en la corporación local, Luis Barcala, denunciase al alcalde por prevaricación por la adjudicación de contratos por un importe total de 190.000 euros desde la Concejalía de Comercio.

Con posterioridad, el consistorio readmitió a la trabajadora forzado por el pleno del ayuntamiento con las abstenciones de los socios del PSPV en el tripartito que gobierna la ciudad, Compromís y Guanyar Alacant.

El teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor, ha asumido la investigación por el cese de la interina y en las últimas semanas ha interrogado al concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez , como sospechosos, y a varios técnicos municipales, en calidad de testigos.

Llor ha dado cuenta en la junta de coordinadores de la fiscalía celebrada este jueves del estado de las pesquisas, como prevé el estatuto de la institución para casos que revistan una especial relevancia pública.

El fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, ha explicado posteriormente a los medios que no se ha tomado aún una decisión sobre el destino final de la denuncia porque el teniente fiscal está a la espera de un informe de la Concejalía de Cultura sobre la situación laboral que tenía la trabajadora cuando fue despedida.

"En función del resultado de ese informe, se podría pedir otro ampliatorio. Hay que valorar si la medida tiene algún tipo de justificación", según Rabasa, antes de plantear la citación del denunciado en Fiscalía, el archivo de las diligencias o su remisión a los juzgados.

Asimismo, ha señalado que la junta ha tratado otros temas de carácter técnico, como las penas que han de pedirse para los acusados de delitos de alcoholemia al volante, en función de las circunstancias que concurran en el delito, o la necesidad de incorporar un acuerdo del pleno del Tribunal Supremo sobre las competencias del jurado popular.