El 81 por ciento de los catalanes quiere bilingüismo en los colegios públicos

Así opinan también los encuestados. El 40 por ciento quiere que la mitad de las asignaturas sean en catalán y la otra mitad en castellano; el 37 opta por la mayoría en catalán y alguna en español, y un 4 aboga por la mayoría en castellano, con alguna en catalán. Sólo el 15 por ciento es partidario de que todas las asignaturas sean en catalán. El bilingüismo al 50 por ciento es defendido principalmente por votantes del PSC (46%), mientras que la preeminencia del catalán es avalada por el electorado de CiU (44).

Los resultados del sondeo también suponen un revés para la nueva ley del cine, aprobada por el tripartito (PSC, ERC e ICV) en esta legislatura, en la que se establecen multas por incumplimiento de las cuotas de doblaje (la mitad de las copias deben estar dobladas o subtituladas en catalán). Así, la opinión mayoritaria, un 73 por ciento, es favorable a que los cines decidan libremente el idioma de las películas que proyectan, sin ninguna obligación legal de emitir una parte en catalán, frente a un 22 que se declara en contra de esa libertad. Quienes integran esa mayoría partidaria de que no hayan imposiciones legales son votantes de PSC y de CiU.

Los encuestados también están en contra de las sanciones a los empresarios que rotulan solo en castellano. El 68 por ciento apoya que los establecimientos comerciales puedan decidir el idioma en el que instalan sus rótulos, sin ninguna obligación legal de hacerlo en catalán, frente a un 28 por ciento que sí defiende la regulación. Esas sanciones han sido incrementadas recientemente por el Gobierno de tripartito mediante la nueva ley de consumo, en la que se elevan a 3.000 euros las multas a aquellos comerciantes que no rotulan en catalán. Cabe recordar que tanto la ley del cine como la del consumo han sido recurridas ante el TC por el Grupo Parlamentario Popular, en línea con las recomendaciones citadas de la sentencia sobre el Estatuto. La Defensora del Pueblo, María Luis Cava de Llano, también ha puesto en manos del Alto Tribunal la ley de consumo.

DYM también requiere de los encuestados sus opiniones sobre políticas de inmigración. La mayoría de los catalanes defiende que solo puedan empadronarse los inmigrantes legales. Así, el 79 por ciento dice que solo aquellos extranjeros que dispongan de pasaporte o permiso de residencia deben ser incluidos en el censo. Apenas hay distingos entre la ideología política de los entrevistados, pues el 82 por ciento de los que votaron al PSC en las anteriores elecciones autonómicas avalan esta respuesta, mientras que el 87 que votó a CiU también defiende que se excluya del padrón a los «sin papeles». Se da la circunstancia de que la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), gobernado por CiU, de aplicar estos límites provocó una auténtica polvareda política, en la que los nacionalistas se mostraron muy divididos, al igual que el PSC. Finalmente, el citado municipio renunció a ese veto, que el PP sí que propone de forma explícita, algo que ha contribuido a ser objeto de durísimas críticas en esta campaña por parte del tripartito, empeñado en silenciar este asunto suscitador, como demuestra la encuesta, de fuertes contradicciones dentro de los socialistas.

Respecto a las principales preocupaciones de los catalanes, el paro y la crisis van en cabeza. El 60 por ciento cree que el primer problema de Cataluña es el paro, mientras que el 31 cita la crisis económica y el 22, la inmigración. Les sigue los partidos políticos (17 por ciento), las relaciones con España (16), la delincuencia (9), la educación (6), las infraestructuras (5), los impuestos (4), los idiomas (4), la sanidad (3) y la vivienda (2). Las diferencias de percepción de los problemas actuales que se observan entre los votantes de los distintos partidos son muy escasas.

Según publicó ayer ABC, los encuestados otorgan una baja valoración a la gestión del Gobierno tripartito de José Montilla, un 4,1 sobre 10. De hecho, si se confirman los datos del sondeo de DYM, el tripartito no volverá a sumar la mayoría absoluta (68) debido al hundimiento del PSC y, sobre todo de ERC, que pasa a ser la cuarta fuerza del Parlamento del catalán, por debajo de ICV y del PP la tercera posición. Los encuestados otorgan entre 60 y 62 escaños a CiU.

La mayoría de los encuestados tiene más confianza en CiU para resolver el problemas como el desempleo; la mejora de la enseñanza, de la sanidad y de la imagen que se tiene de Cataluña en el resto de España, y acordar un sistema de financiación justo con el Gobierno de España. Por contra, la preferencia de los encuestados en el PSC en cuanto al mantenimiento de buenas relaciones con el Ejecutivo español. Recordar que buena parte de los ciudadanos apuesta por una alianza entre PSC y CiU.