La Justicia obliga al Govern a mantener el 25% del castellano en dos colegios

Además, en sendos autos, la sección 5ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo advierte a la Generalitat de que «cualquier modificación que pretenda realizar sobre dichas medidas debe ser aprobada por este tribunal». El Govern había pedido la revocación de las cautelares, alegando la existencia de un nuevo marco normativo que aprobó 'in extremis' hace unos meses para paralizar la aplicación de la sentencia firme que obliga a impartir un 25 por ciento de castellano en todo el sistema educativo catalán y que impide el uso de porcentajes lingüísticos en la enseñanza catalana.

En las resoluciones, consultadas por ABC y cuyas medidas cautelares para sendos alumnos de 1º de ESO fueron concedidas en julio de 2020 y el pasado febrero, la sala estima que la nueva normativa de la Generalitat –el decreto ley 6/2022 y la ley 8/2022– «no incide necesariamente en la decisión cautelar adoptada, puesto que, si bien se modifica el modelo lingüístico de la enseñanza pública, no se limita genéricamente la intensidad del uso del castellano como lengua de uso curricular y educativo».

El tribunal también añade que, en ambos casos, «existe una resolución judicial firme, de naturaleza cautelar, que reconoce el derecho del alumno a recibir una enseñanza en castellano con una determinada intensidad de uso, la cual no resulta afectada de forma automática por la modificación normativa alegada por la Administración».

Así el TSJC subraya que, aunque ha elevado al Tribunal Constitucional la normativa de la Generalitat que elimina la aplicación de porcentajes en la enseñanza de las lenguas, y por ello quedó paralizada la ejecución del fallo que obliga a impartir una asignatura más en español, «este marco general en ningún caso incide sobre situaciones jurídicas individuales ya reconocidas, pues, aunque la legislación catalana no defina al castellano como lengua vehicular, su uso educativo está recogido en la nueva normativa y el derecho individual del alumno a recibir enseñanza en castellano tiene base constitucional y está contemplado en la legislación básica estatal». Es decir, está decisión judicial abre la puerta a que, más allá de estos dos casos, se extienda ahora a otras 25 familias que, de forma individual, tienen reconocido por sentencia el porcentaje de castellano.

Tras conocer la decisión del tribunal, el Departamento de Educación de la Generalitat ha criticado el «filibusterismo jurídico» que suponen sendos autos, al considerar que «retuercen unos argumentos que no llevan a ningún sitio, más allá de generar confusión a las familias afectadas e inseguridad jurídica a los centros» a los que atañen dichas medidas. Así se ha manifestado esta tarde la secretaria general de la consejería, Patrícia Gomà, quien además ha afirmado que el TSJC «genera discriminación» entre los alumnos, al reconocer la aplicación del 25 por ciento del castellano en dos centros, cuando no se aplica en ninguna otra escuela de Cataluña, por la normativa, aprobado por el Parlament, que elimina los porcentajes. «Estamos absolutamente en contra de la judicialización extrema e infinita», ha indicado Gomà, antes de explicar que será en los próximos días cuando Educación recurrirá la decisión del TSJC.

Este viernes, Educación había convocado a una reunión a los directores de los 27 centros educativos que, por orden judicial, deben aplicar un mínimo del 25 por ciento de castellano en las aulas, pero a los que el Govern, coincidiendo con el inicio de curso, ordenó dejar de hacerlo.

Y es que, como informó este diario, varias de estas escuelas se han desmarcado de la instrucción del Ejecutivo catalán y han optado por mantener las cuotas de español que ya impartían. La inseguridad jurídica que les genera el hecho de tener que desobedecer una resolución judicial en base a una orden administrativa de la Generalitat es la principal razón esgrimida por estos directores para no acatar lo que les dicta la consejería.

Por ello, el objetivo del encuentro era dar tranquilidad a los directores, tanto a los que ya se han plegado a las órdenes del Govern –nueve– como a los que siguen manteniendo una asignatura más en castellano –los 18 restantes–. Finalmente, la reunión no se celebrará, tal y como ha detallado Gomà, tras el nuevo varapalo judicial para la Generalitat. «Los convocaremos la próxima semana tras haber analizado los autos y determinar cuál será el recurso que presentaremos contra esta resolución», indicó.

Lo esperable es que el TSJC se pronuncie de igual manera al respecto de los 25 centros restantes, sobre los que el Govern también reclamó retirar las cautelares que fijan la aplicación del 25 por ciento del castellano. «Habrá que ver si los nueve que dejaron de impartir una asignatura más en español sin pedir permiso al tribunal han incurrido en desobediencia», señala a ABC José Domingo, de Impulso Ciudadano –una de las entidades en defensa del bilingüismo que integra Escuela de Todos–. A la espera de que el Constitucional se pronuncie sobre la normativa del Govern, Domingo celebra: «Lo que está claro es que no se cumplirá lo que prometió el consejero Josep Gonzàlez-Cambray, que ningún centro aplicaría el 25 por ciento desde el principio de curso». Además, reprocha a Educación que hablen de discriminación. «Si quieren evitarla lo tienen muy fácil, que lo apliquen en todos los centros», concluye.

Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha reclamado a la Generalitat que

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha pedido a Educación que «restaure la legalidad y los derechos de los alumnos que se han visto privados de educación bilingüe» en los centros que tienen fijado un 25 por ciento de castellano.

En un comunicado, la entidad ha señalado que la decisión del TSJC «confirma la gravedad de la decisión unilateralmente adoptada por la Generalitat al ordenar a los directores la desobediencia a una orden judicial vigente y confirmado por los tribunales».

Por ello, los defensores del bilingüismo en las aulas han dirigido un escrito a Cambray, reclamando que informe de los centros que «han desobedecido las órdenes judiciales y pidiendo que de forma inmediata se restaure la legalidad y los derechos de los alumnos que se han visto privados de educación bilingüe».