La AEB impugna las instrucciones lingüísticas de la Generalitat de Cataluña para el próximo curso

En concreto, la AEB ha impugnado parte de los capítulos titulados 'El tratamiento y el uso de las lenguas en el sistema educativo. El proyecto lingüístico' y 'Objetivos prioritarios y líneas estratégicas del sistema educativo', que de las ochenta y seis páginas que suma el documento se centran en el tratamiento del uso de las lenguas en las escuelas y los institutos, y en opinión de la asociación que preside Ana Losada vulneran los derechos fundamentales de educación y de no discriminación, según recoge el recurso de la AEB consultado por ABC, diario que adelantó el pasado 11 de junio las instrucciones de la Consejería.

Con estas directrices a los centros, el departamento de Josep Gonzàlez-Cambray evitará el cumplimiento de la sentencia del TSJC de diciembre de 2020, que establece el 25 por ciento de español en todo el sistema. La aplicación de esta sentencia, en su fase de ejecución obligatoria, está a la espera de que el tribunal autonómico acuda al Tribunal Constitucional para que este valore la legalidad de la ley de lenguas oficiales en la enseñanza y el decreto ley que la regula. Ambas normas se aprobaron en el Parlamento catalán (con los votos a favor de ERC, Junts, los comunes y, para la ley, el PSC) con la intención de sortear la orden de la Justicia.

En las instrucciones de la Consejería se establece que «el catalán en toda Cataluña, menos en el Arán, y el occitano (denominado aranés) en el Arán, como lenguas propias, sean las lenguas normalmente utilizadas como lenguas vehiculares y de aprendizaje del sistema educativo, y que la lengua de signos catalana sea la lengua de referencia cuando proceda» y que «la lengua catalana ha de ser el vehículo de expresión y comunicación normalmente utilizado, tanto en las actividades internas del centro como en las de proyección externa».

De la misma manera, en las indicaciones se establece que «la lengua catalana no es únicamente una lengua objeto de aprendizaje», ya que es «la lengua de la institución y, por tanto, la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general». Y se vincula la lengua catalana con la política: «Los factores culturales y cívicos son impulsados por la voluntad de conformar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común, en la que la lengua catalana se convierta en un factor básico de integración social».

Para la AEB, estas instrucciones contravienen varios preceptos constitucionales. La entidad ha solicitado al TSJC que ordene a la Consejería de Educación a que las modifique para que el español sea considerado, también, junto al catalán y el aranés en el Valle de Arán (Lérida), lengua vehicular de la enseñanza, tal y como han señalado todos los tribunales, que ha fijado el modelo de bilingüismo como el único legal en Cataluña, en función de las normas aprobadas en desarrollo de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.