La familia Sumarroca se querella contra el exministro Fernández Díaz por la operación Cataluña

El empresario y fundador de Convergència Democràtica, Carles Sumarroca, junto a sus tres hijos y su hermano, los acusan de organización criminal, falsedad en documento oficial, revelación de secretos y malversación de caudales públicos. La querella, consultada por ABC, apunta que a partir de 2012, y en años posteriores, coincidiendo con el auge del independentismo catalán, varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía, miembros del Gobierno español y dirigentes del Partido Popular, entonces gobernante, se concertaron para elaborar un plan contra dicho movimiento político.

Una estrategia, apunta la defensa que ejerce el despacho Molins, que consistía en obtener información y confeccionar pruebas falsas para intimidar, desprestigiar, y perjudicar a personas que consideraban cercanas al independentismo. Entre estos, los Sumarroca. Sitúan así el origen de la trama en una reunión entre Villarejo y la entonces líder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho -ahora senadora-. Un encuentro en el que ésta habría aportado al excomisario una «lista negra» de personas que debían ser investigadas y «perseguidas policialmente» por su presunta relación con el movimiento soberanista.

Así, los implicados en la presunta trama, prosigue la querella, estaban convencidos de que la familia Sumarroca habría actuado de testaferro del clan Pujol, e incluso de que habían participado en algunas operaciones empresariales por las que posteriormente se investigó a la familia del expresidente catalán.

El contenido de esa conversación, que destapó el digital 'El Món', consta también en las agendas de Villarejo, y para los representantes legales de los Sumarroca son una prueba de las investigaciones prospectivas a las que la familia fue sometida. También otra conversación entre el excomisario y Cospedal, junto a Pino, y otra en la que los dos últimos se reúnen con Fernández Díaz, lo que demostraría que éste «estaba perfectamente al corriente» de la trama urdida.

Por este motivo, la querella indica que los Sumarroca fueron investigados «por razones puramente ideológicas y de pensamiento», y que los recursos materiales y humanos de la Policía se pusieron al servicio de los intereses del partido que gobernaba entonces. Señalan así los abogados que uno de los fines de la investigación fue «averiguar la presunta comisión de ilícitos» por parte de los Pujol, que se encuentran a la espera de juicio, acusados de integrar una organización criminal.

No así Carles Sumarroca Coixet, ya que la Audiencia Nacional archivó la causa abierta contra el empresario, tras siete años de investigación. Las pesquisas se centraron en empresarios que se habrían concertado con CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones. Según relata la querella, durante la investigación, la Guardia Civil les trasladó en reiteradas ocasiones que «todo se arreglaría si facilitaban información sobre Pujol, [Artur] Mas o Convergència».