El juez cierra la puerta a la operación Cataluña en el caso Villarejo

En un auto de este viernes al que tuvo acceso ABC, el juez cerraba así la puerta a investigar la denominada operación Cataluña como sí viene investigando la operación Kitchen. Y lo rechaza, en la misma línea que lo hace la Fiscalía Anticorrupción, con dos premisas: que no hubo «un encargo de clientes privados» a Villarejo para investigar a Pujol Ferrusola «a cambio de un precio» y que tampoco se emplearon contra él «técnicas de investigación restrictivas de derechos de terceras personas».

Kitchen tampoco era un encargo privado, pero ahí sí se utilizaron ese tipo de técnicas, de acuerdo al sumario, como cuando se allanó un estudio que utilizaba la mujer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en busca de documentación y «extramuros» de la justicia. Este factor no concurriría en el caso del primogénito de los Pujol, pues según concluye el juez, lo que se hizo fue una «captación de información de interés policial, principalmente manejo de fuentes humanas, en relación a posibles casos de corrupción vinculados a la familia».

La decisión se adopta un año y medio después de que Pujol Ferrusola pidiese entrar en el caso Villarejo como perjudicado a la luz de la pluralidad de informaciones, incluido el contenido de las agendas del comisario, que apuntaban a que podría haber maniobrado con artificios para desencadenar lo que se acabó convirtiendo en la macrocausa sobre el patrimonio que sentará en el banquillo a toda la familia por organización criminal y blanqueo, entre otros delitos.

El instructor, a fin de valorar la procedencia de su solicitud, pidió a Asuntos Internos que comprobase los hechos que relataba el mayor de los Pujol, como que se habrían practicado sobre él «multitud de seguimientos personales», que «se confeccionó documentación falsa luego aportada por particulares a la Fiscalía Anticorrupción» o que «se dio cobertura con cargo a recursos públicos a distintos denunciantes «espontáneos», todo ello por cauces ajenos al conocimiento de la autoridad judicial y escapando a su fiscalización, en interés y lucro propios».

Asuntos Internos elaboró informe que recopilaba audios y documentos relacionados con aquella investigación y fue reenviado a la Fiscalía, que, en un escrito al que tuvo acceso ABC, desestimaba las pretensiones de Jordi Pujol Ferrusola en los mismos términos en los que finalmente, las rechaza el juez. Entienden que lo recopilado a lo que apunta es a una «actividad policial de captación de información».

«Entre esas grabaciones destacan las concernientes a reuniones de Villarejo con dos informantes, Javier de la Rosa y Victoria Álvarez , sin que de su contenido resulte que se haya hecho uso de ningún tipo de coacción o indicación para tergiversar el relato por parte de quien recibe la información», detalla García Castellón. Él es un empresario y ella, la exnovia de Pujol Ferrusola y primera denunciante de sus movimientos de patrimonio.

Pone un ejemplo que considera «buen reflejo» de esa ausencia de manipulación y es el archivo de audio correspondiente a la comparecencia de Victoria Álvarez ante un funcionario policial para ratificar su denuncia. La única instrucción que recibe es sobre «la conveniencia de seguir un cierto orden cronológico para facilitar la comprensión de lo que desee expresar en ese acto».

Además, da cuenta de la intervención entre los documentos de Villarejo de «numerosas notas informativas relacionadas con estas mismas funciones policiales» en las que «se advierte la obtención de información por parte del por entonces comisario Villarejo en relación a la familia Pujol, pago de comisiones al partido político CiU o en relación a lo que se define como una estructura oficial e institucionalizada a través de la cual han estado percibiendo durante años porcentaje de todas las adjudicaciones». Los tres asuntos acabaron judicializados en la Audiencia Nacional.

«En dichas notas de uso interno y estrictamente policial no se especifica con carácter general la forma de obtención de la información, (fuentes humanas y otros), si la misma está verificada o no, como tampoco se conoce si la información contenida se ha llegado a incorporar a algún procedimiento judicial», expone el auto.

Reconoce no obstante, que cuatro de esos documentos «sí pueden ser considerados como evidencia de la comisión de hechos delictivos en perjuicio directo de la familia Pujol y en concreto, de Jordi Pujol Ferrusola», pero esa «actividad delictiva se habría desarrollado en Andorra y ha sido objeto de investigación en un procedimiento incoado en aquella jurisdicción».