La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de los Pujol, que irán a juicio por organización criminal

En una batería de autos notificados este martes, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirma así íntegramente el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el instructor para todos los investigados a excepción de Carlos Sumarroca Coixet, para quien se acuerda el archivo de la causa, y de Mercé Gironés, a quien se le retiran dos delitos contra la hacienda pública.

Afecta así a todo el clan familiar: el expresidente catalán Jordi Pujol y Marta Ferrusola -aunque esto podría ser temporal habida cuenta de un reciente informe médico que constata una degeneración neurológica que podría eximirla de responsabilidad penal- y los hijos de ambos Jordi, Marta, Josep, Pere, Mireia y Oleguer. Habían recurrido el procesamiento por entender que la Audiencia Nacional no es competente, que no serían en todo caso delitos de organización criminal, que no hay blanqueo ni falsedad documental y que los hechos estarían prescritos, entre otras alegaciones.

En la resolución que responde a los recursos, el tribunal confirma la competencia de la Audiencia Nacional y señala que los actos nucleares se realizaron fundamentalmente en Andorra mediante el movimiento de fondos en efectivo de diversas cuentas abiertas en el extranjero de las que eran titulares varios miembros de la familia Pujol, cuentas que, además, fueron puestas a nombre de fundaciones controladas por dicha familia.

Para la Sala, los hechos sí deben ser calificados como de asociación ilícita u organización criminal, porque del relato que hizo De La Mata se desprende una actuación claramente concertada de todos los integrantes de la familia Pujol consistente en la apertura y cierre simultáneo de cuentas bancarias en el extranjero, así como de movimientos de fondos entre ellas, que indiciariamente obedece a una estrategia orientada a ocultar su origen. El instructor los conecta con operaciones ilícitas determinadas que tuvieron como consecuencia determinadas resoluciones de la administración autonómica catalana.

«Se trata de una serie de actuaciones, prolongadas en el tiempo, de todos los miembros de la familia investigados, que el auto sustenta en los correspondientes elementos indiciarios extraídos de la labor instructora, determinando también, con igual engarce en las actuaciones, los respectivos papeles asumidos por cada miembro, lo que permite afirmar en el plano provisional propio de esta fase procesal, que nos encontramos ante una asociación ilícita inicialmente y una organización criminal con posterioridad y no ante meros partícipes a título lucrativo«, señala.

Algo similar ocurre con la alegación del primogénito de la familia, que descarta delitos contra la Hacienda y de blanqueo y falsedad. Para la Sala, existen indicios que apuntan «a la procedencia desconocida» de varios ingresos, como también de la «simulación» de contratos y, tanto en su caso como el de Jordi Pujol padre, «numerosos ejemplos de contratos de prestación de servicios inexistentes».

Para los magistrados, hay indicios suficientes de «una serie de actuaciones de la organización presuntamente formada por los recurrentes, destinadas a orientar en determinada dirección diversas resoluciones administrativas aprovechando el cargo de Pujol Soley al frente de la administración autonómica catalana».

Apunta que fruto de esa posición en la Generalitat «se obtenían importantes rendimientos económicos que eran ingresados en el extranjero y sometidos a diversos movimientos y transmisiones para ocultar su origen ilícito», una actividad que se extendería más allá de 2004.