La Junta de Castilla y León tramita al año más de 100 actas por infracciones muy graves en bares, pubs y discotecas

Con la mirada puesta especialmente en estos locales de ocio y su seguridad a raíz de los fatídicos acontecimientos de la discoteca Fonda Milagros que se cobró la vida de 13 personas en Murcia, Cortés se muestra firme: «Independientemente de que pasen cosas en otros sitios, aquí llevamos tiempo haciendo este trabajo que, también digo, ojalá fuera menos». «Pero mientras se siga infringiendo, seguiremos sancionando«, recalca.

Para Cortés, «la situación de Murcia no la contemplamos. Me parece muy difícil con la labor inspectora por parte de la Junta de Castilla y León y la labor entregada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad«. «Trabajar» con la Policía Local en ciudades y Guardia Civil en el medio rural, además de contar con un «protocolo» de actuación en este sentido, «es indispensable», sostiene, además de destacar la relación y coordinación «extraordinaria y exquisita» entre todos.

En ese control, los agentes son sus 'ojos', en base a la Ley 7/2006 de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León, en la que se regulan las condiciones de seguridad y obligaciones de los titulares de estos establecimientos así como de los organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas. Mientras la Junta es la responsable de la inspección y ejerce la labor sancionadora, los ayuntamientos son quienes tienen en su mano la concesión de las licencias en base a sus ordenanzas reguladoras y el código técnico de edificación sobre los propios locales.

El acta por una posible infracción detectada por los uniformados «nos sirve para iniciar el procedimiento», apunta Cortés: se abren diligencias, recaba información... Y en base a todo, llegado el caso, «se decreta la sanción por incumplimiento», que se comunica al titular del establecimiento, quien tiene plazo para recurrir. «Cada expediente tiene una vida propia y singular», señala la directora de la Agencia de Protección Civil sobre el tiempo que transcurre desde que Policía Local o Guardia Civil ven que algo no se adapta a la norma y se impone efectivamente la sanción, que puede ser económica en forma de multa o llevar también aparejada orden de cierre. «Lo más rápido, dos meses», aunque «se puede demorar hasta un año».

Eso sí, señala, esos plazos son para la tramitación, pues una vez dictada la sanción, se cumple. «Aquí es imposible» que se dé un caso como el murciano, con un local que permanecía abierto pese a tener sobre sí una orden de cierre desde año y medio antes de los dramáticos hechos del pasado 1 de octubre. «Ahí la labor de seguimiento –sobre los expedientes sancionadores– es fundamental», asevera Cortes en relación a la actuación que se lleva a cabo en Castilla y León, pues «no» para en el momento de imponer la correspondiente orden de clausura. «Aquí la colaboración y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es indispensable», insiste la directora general de la Agencia de Protección Civil.

«Aquí se sanciona y se cierra», subraya rotunda Irene Cortés, quien recuerda que llevan «muchísimos años» haciéndolo. «Mientras se siga infringiendo, pues seguiremos sancionando», afirma.

Y no siempre es fácil llegar hasta el final «porque, a veces, nos cuesta« localizar a la persona» a la que notificar la sanción, que en todos los casos se comunica «personalmente». «Pero hasta que no la encontramos, no paramos», añade Cortés. «Si no lo conseguimos, pues abrimos la vía judicial« y ya es la Fiscalía la que toma las riendas del caso, lo que hace que el expediente se retarde más. También en los tribunales acaban los casos en los que se detecta incumplimiento de la sanción, como está en estos momentos uno en Burgos, detalla.

Ante sí, el listado de con más de una treintena de expedientes en los últimos meses. En 2022, decretaron hasta 40 cierres temporales e impusieron 26 sanciones de inhabilitación para el ejercicio de la actividad, con multas aparejadas por un montante total cercano a los 290.000 euros. Y es que la pena dineraria oscila entre los 601 y 6.000 euros, con hasta un año de clausura, en el caso de las infracciones graves –como puede ser no cumplir los horarios– y de 6.001 a 100.000 euros y hasta tres años sin levantar la persiana en las muy graves –por ejemplo exceder de forma notable el aforo, pues hay casos, señala Cortés en los que «incluso se triplicaba»–.

«La normativa es exigente. Se puede decir, súper exigente, de las más exigentes que hay«, incide la directora de la Agencia de Protección Civil, quien añade que, además, hay establecimientos que por sus dimensiones y tipo de espectáculos tienen que contar con un plan de emergencia específico. Aunque, apostilla, Castilla y León »no« es como Madrid o Murcia, y aquí las grandes discotecas que sí pudieron existir en otros tiempos no se dan y apenas media docena de locales tiene está categoría, pues lo que más abundan son las licencias para pubs y bares.

Si tras varias sanciones económicas por una infracción, por ejemplo, el recurrente incumplimiento de horarios, el local sigue infringiéndolo, «a la siguiente, se cierra». «Se cumple o se cumple», recalca, a la vez que reconoce que no siempre encuentran colaboración al otro lado de la barra, donde «tratan de justificar lo injustificable».

En la mano de los propietarios, poder recurrir. Algunos lo hacen, como un local en Segovia para el que la Junta decretó, por falta de seguro, el cierre durante un año, que debía haber transcurrido entre julio de 2023 y el mismo mes de 2024. Su propietario lo llevó al Contencioso. El juzgado ha decidido acordar la suspensión cautelar del cierre, por lo que en estos momentos está abierto. «Si ocurriese algo, tendrían que dar explicaciones» tanto el dueño como el tribunal, apunta Cortés, confiando en que «no pase nada»..