Tiendas de campaña y mantas para cobijar a las familias del Cavero

La nueva morada para estas 160 personas está ubicada en un cerro del término municipal, muy próximo a la localidad de Cabañas de la Sagra. Según el alcalde del municipio oliero, José Manuel Trigo , se trata del «único terreno que tenía el Ayuntamiento» y que además «lo tenía alquilado», por lo que el consistorio ha tenido que anular ese alquiler para dar una solución provisional al asentamiento. «El Ayuntamiento posee otro solar al lado de una carretera y un tercero al lado de las vías del tren, pero estas dos opciones se han rechazado por motivos de seguridad», explicó el regidor.

Las nuevas instalaciones en cuestión se componen de dos carpas de grandes dimensiones procedentes de Alemania, con capacidad cada una para albergar a 20 ó 30 personas y un coste total de 8.000. Además, hay diez tiendas de campaña más pequeñas que pueden llegar a acoger hasta seis inquilinos cada una. Asimismo, el Consistorio también ha adquirido una casa prefabricada para que las familias puedan almacenar los alimentos donados, que se han distribuido en 47 cajas con víveres de primera necesidad. A todo esto, hay que añadir que el Ayuntamiento también ha comprado unos treinta sacos para dormir y Cáritas proporcionará cincuenta mantas.

Asimismo, Trigo señaló que para este jueves el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio de autobús, que partirá a las 8.00 horas de mañana del asentamiento chabolista hacia el colegio del municipio, para que los niños puedan acudir con total normalidad a las clases y luego regresar al campamento. No obstante, el alcalde matizó que en los próximos días serán los padres los responsables de llevar a sus hijos al colegio. También se les ofrecerá la posibilidad de hacer uso del servicio de comidas del centro educativo.

Se trata, según el regidor, de «una solución de emergencia social y temporal», ya que no tendrán luz eléctrica, tan solo un par de depósitos con agua corriente.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció que dará una aportación económica única de 1.800 euros a cada familia para que pueda alquilar una casa. «Se trata de una ficha a terceros, a través de una entidad bancaria, para que puedan alquilar un sitio y vivir dignamente», indicó el portavoz de la Junta, Nacho Hernando. Consideró «injusto» e «irresponsable » que se critique la actuación de la Administración regional «y se le achaque que no ayuda», cuando El Cavero «lleva allí más de 20 años». «La Junta ha intentado buscar una solución digna a este asunto desde el primer día que entró al Gobierno» y planteó «numerosas soluciones» a este tema.

Para el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, todas las soluciones planteadas para el asentamiento chabolista del Cavero son «fallidas» y dijo que le «duele» que «las batallas entre partidos» acabe «pagándolas la gente».

A su juicio, es «surrealista» que se tomen este tipo de decisiones en un mes frío como noviembre y conociendo el problema desde junio. García Molina recordó que su partido había realizado una propuesta con «un coste mínimo» basado en tres aspectos: el realojo, la empleabilidad y la integración socioeducativa.

El abogado de las 47 familias, Ángel Benito Pérez , manifestó, en declaraciones a Europa Press, que la solución puesta en marcha por el Gobierno regional es un «parche» que no resuelve el problema de estas personas, «que cuando se lleve a cabo el desalojo, no van a tener un techo para cobijarse».

Benito Pérez añadió que hace 15 días los representantes de las familias fueron convocados por el Gobierno regional, que les explicó que la vía de facilitarles una vivienda social era «imposible», y se les instó a tramitar la solicitud de ayuda social con carácter de urgencia. «Esto ha sido como un partido de tenis, uno tirando la pelota al otro», expresó el representante legal de los habitantes del Cavero, que criticó el cruce de declaraciones que ha enfrentado estos días al Gobierno regional y a los representantes del Ejecutivo central.

Esta es la tercera vez que se intenta llevar a cabo el lanzamiento y el desalojo del edificio para su posterior derrumbe. En las dos ocasiones anteriores (en los meses de julio y septiembre), la falta de respuesta por parte de las administraciones implicadas provocó su aplazamiento, pero esta vez la decisión no se podrá demorar más al agotarse los plazos judiciales que marcan la ejecución de la sentencia.