Aplazado el desahucio del asentamiento de «El Cavero» en Olías hasta el finales de septiembre

La noticia ha sido recibida con gran alegría entre los vecinos , que desde primera hora de la mañana esperaban con nervios el momento de la llegada de la autoridad judicial. Éste era el caso de Tina y César, un matrimonio con dos hijos de 13 y 9 años que lleva trece años viviendo en su propia casa en el asentamiento, y que, antes de saber el aplazamiento del desalojo, se mostraban nerviosos ante su futuro más inmediato, pues afirmaron que no se niegan a pagar un alquiler asequible, pero sí piden más tiempo para que se les ofrezca esa alternativa para vivir.

El desalojo no se llevó a cabo porque, tal y como ha explicado el abogado de los afectados, Ángel Benito, «no había efectivos para llevarse a cabo», es decir, que no se habían dispuesto los servicios sociales necesarios para alojar a los 53 niños y los veinte mayores de más de 80 años que viven en el asentamiento . Aclaró que estos efectivos necesarios «no eran miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino funcionarios dedicados a acciones como llevar a los niños a casas de acogida o a los mayores a residencias».

Además el abogado ha desvelado que, al no estar presentes estos efectivos de acción social, desde la Tesorería de la Seguridad Social estuvieron de acuerdo en que se suspendiera el desaloj o y ha reiterado que «ahora hay que esperar al nuevo auto de señalamiento que indique la nueva fecha de lanzamiento», añadiendo que «si se sigue la acción social prevista, los vecinos estarían dispuestos a realizar un desalojo voluntario entre el 15 y el 30 de septiembre».

Tras la decisión judicial de aplazar el desalojo de estas más de 40 familias de etnia gitana, las administraciones públicas se comprometen a elaborar un plan integral de acción, que pasa tanto por la intervención social, como la escolarización de los niños, y ofrecer una oportunidad laboral a los adultos.

El portavoz de los afectados, Victorino Jiménez, ha manifestado su alegría por la paralización del lanzamiento, pues según ha señalado, en «El Cavero» viven niños, mujeres embarazadas y ancianos enfermos que, de ser hoy desalojados, se habrían visto viviendo en la calle, ya que no tienen una alternativa a las chabolas donde residen.

Una alegría compartida también por el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, quien ha apuntado que en los meses de agosto y septiembre «desde Bienestar Social se va a hacer un estudio exhaustivo de las familias», haciendo hincapié en que el retraso en el lanzamiento «es lo que se pidió desde el primer momento».

Por su parte, el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina,ha indicado que la «clave» fue que la Tesorería de la Seguridad Social, que hasta ahora no era partidaria de paralizar el lanzamiento «viniera y viera las condiciones de vida» de los vecinos.

Molina ha comentado que a las consejerías de Fomento y Bienestar Social «no les daba tiempo a montar ningún dispositivo» para ofrecer una alternativa a los vecinos desalojados, por lo que ha insistido en la necesidad de que desde la Tesorería de la Seguridad Social «se tomara conciencia de que el lanzamiento no se podía producir». «A partir de ahora la Consejería de Bienestar Social evaluará los casos uno a uno para programar un realojo, lo que irá aparejado a un proyecto global por el empleo para los afectados», ha añadido.

Tras el aplazamiento del desalojo, que aún no tiene una fecha fijada y que se prevé que pueda ser voluntario y progresivo a medida que se vayan facilitando las nuevas viviendas a los afectados, los familias comenzaron con alegría a desempaquetar sus pertenencias para volver a habitar sus viviendas, aunque sea de forma provisional.