Afectados del volcán de La Palma presentan una querella criminal contra cargos públicos y científicos

La gestión de la emergencia volcánica de La Palma en 2021, la mayor catástrofe de este tipo de los últimos 100 años en Europa, ha llegado a los tribunales en vía penal. El despacho de abogados Martínez-Echevarría, presentó a finales de febrero de 2023 una querella ante los Juzgados de Los Llanos de Aridane contra cargos públicos y científicos, tanto su comité director como científico, con responsabilidad en el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA), por presuntos delitos de prevaricación, lesiones y daños.

El equipo de abogados, al frente del cual está el penalista José Antonio Tuero Sánchez, ha presentado la querella en nombre de la asociación Tierra Bonita, con el respaldo de la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por la Erupción y la Asociación Agua para La Palma, previéndose que se personen también otros afectados tanto a título individual como colectivo.

Con esta acción legal, los denunciantes pretenden demostrar que la erupción, aunque era inevitable, sí era previsible, en términos de protección civil, pero no se adoptaron las medidas oportunas que habrían minorado los daños materiales y a la salud de la población, así como a los animales, y no se habría expuesto a un grave riesgo de muerte a miles de personas.

Argumentan los querellantes que no se adoptaron las medidas necesarias frente al riesgo volcánico para proteger con garantías la vida y la salud de personas y de su patrimonio, hasta el punto de que ni siquiera se llevó a cabo una evacuación preventiva general antes de la erupción, pese a las «evidentísimas señales objetivas de su inminencia», con una clara intensificación en los días y horas previos, y de que se había perimetrado la zona donde existía mayor probabilidad de ocurrir este peligroso fenómeno.

Esta omisión del deber de velar por la seguridad y salud de los habitantes y de los animales, con un claro abandono colectivo, evidencia, a juicio de los querellantes, una «negligente, temeraria, imprudente y delictiva» actuación de las autoridades, que derivó en un grave perjuicio, no solo con la pérdida de bienes, al no haber permitido a los ciudadanos tener un tiempo prudente para salvaguardarlos (incluyendo la suscripción o mejora de pólizas de seguros), sino también en la salud y en el bienestar emocional y psicológico de los ciudadanos.

La querella recopila afirmaciones de científicos miembros del PEVOLCA y de instituciones científicas integradas en este operativo de emergencias, que, en declaraciones públicas tras la erupción, han dejado claro que era inminente. La negativa del Gobierno canario de dar a conocer a los afectados las grabaciones y las actas de los comités científicos y del director del PEVOLCA, así como las contradicciones y cambios de versión en que han incurrido alguno de estos expertos en intervenciones públicas tras la erupción, obedece, en opinión de los querellantes, al intento de ocultar que se produjo esta presunta negligencia.

En la denuncia se incluyen más de una treintena de testimonios de damnificados que se publicaron en el libro Las otras historias del volcán, que dan fe de la falta de información y el caos que sufrieron al verse sorprendidos por la erupción, de la que habían percibido con gran preocupación señales precursoras en forma de terremotos y ruidos bajo sus hogares en las horas y días previos, pero confiando en que iban a ser evacuados con antelación para no poner en riesgo sus vidas y poder poner a salvo sus enseres y objetos personales.

Y todo ello pese a que el protocolo del PEVOLCA establece con meridiana claridad que en caso de erupción «inminente» el nivel de alerta o semáforo volcánico debe pasar de amarillo a, cuanto menos, naranja, lo que implica la evacuación preventiva de toda la población en riesgo, recomendación esta que sí consta en el informe del Comité Científico del día 19 de septiembre, pero que no se llevaría a cabo.

«Solo la suerte y no el plan de emergencias, evitó que en el momento del inicio de la erupción se produjeran víctimas mortales», ya que si las bocas eruptivas de hubieran abierto a unos cientos de metros del lugar en que comenzó la catástrofe, hoy estaríamos lamentando una tragedia con muertes desde ese primer momento.

Los denunciantes desgranan además una serie de evidencias científicas sobre la reactivación volcánica de La Palma desde 2017, sin que la población fuera informada de manera oficial ni tuviera mayor consecuencia en la planificación territorial ni en la concesión de licencias de construcción en el ámbito de Cumbre Vieja o en recomendaciones de aseguramiento de bienes, un modo de obrar de las Administraciones públicas que llegó al extremo de no desalojar a los habitantes de la zona ni siquiera en las horas previas de la erupción, lo que, según se enfatiza en la denuncia, supuso una «imprudencia grave» cometida por los querellados.

Los querellantes aprecian también indicios de que no se protegió lo suficiente a la población de los efectos perjudiciales de las emisiones contaminantes del volcán. Hay que tener en cuenta que según datos de la mortalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los tres meses de la erupción volcánica se produjo un aumento de un 40% de fallecidos en La Palma con respecto a la media de defunciones durante el periodo 2017-2021, frente a un alza del 15% en el resto de Canarias.

Se aporta además el testimonio público de especialistas del Servicio Canario de Salud en La Palma, quienes concluyen que las autoridades no confinaron lo suficiente a la población para evitar daños en la salud en personas con enfermedades respiratorias o cardíacas previas por una calidad del aire extremadamente desfavorable en una serie de días durante el proceso eruptivo.

Asimismo, en la querella se alude a los daños psicológicos derivados de la mala gestión de la emergencia para quienes no pudieron salvar sus enseres, animales y objetos personales y por haber sido expuestos a un riesgo mortal.

Se incluye asimismo la mala gestión de los querellados con la protección de los animales y la falta de datos oficiales sobre la afección de esta catástrofe a los animales de compañía y de granja, si bien asociaciones protectoras han advertido de que fueron miles los rescatados y numerosos los que murieron asfixiados por ceniza y gases y quemados por la lava. Además, la isla no contaba con albergue público de animales. Esto supuso que a raíz de la erupción todo el peso del rescate y cuidado recayera en asociaciones y voluntarios, sin un plan o protocolo oficial organizado por las autoridades políticas que debían asumir esta responsabilidad.