Begoña Gómez pone a prueba hoy ante el juez su cambio de estrategia de defensa
Moncloa pide que entre al juzgado por el garaje ante el «ambiente hostil» contra ella
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Isabel Vega y Carmen Lucas-Torres
Madrid
Ocho meses han pasado desde que el magistrado Juan Carlos Peinado admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias y abrió causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Y hasta hace apenas dos semanas, ella mantenía una posición silente respecto de ... la instrucción y no sólo porque se acogiera a su derecho a no declarar cuando fue citada ante el juez el pasado mes de julio, sino porque más allá de un puñado de recursos no había sido proactiva a la hora de acelerar el esclarecimiento de los hechos.
Fue a finales de noviembre cuando la estrategia cambió y por primera vez, la defensa de Begoña Gómez que ejerce el letrado (y exministro del Interior) Antonio Camacho, presentó un escrito pidiendo que se citase a una batería de testigos y aportando correos electrónicos como pruebas de descargo. Había variado mucho la situación. Si al inicio a Begoña Gómez se le imputaba tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratación pública, ahora se ha incorporado una querella de HazteOír que la sitúa en presuntos ilícitos de apropiación indebida e intrusismo profesional por la gestión que hizo de un software pagado por la Universidad Complutense de Madrid para la cátedra extraordinaria que ella dirigía. Su acceso a esta posición, como también el puesto de directora del África Center en el Instituto de Empresa, también están en cuestión. Se investiga el «despegue», como lo calificó la Audiencia Provincial de Madrid, de la carrera profesional de Gómez desde que su marido llegó a La Moncloa. Palabras mayores.
Admitida la documental que aportó y pendiente de resolver la solicitud de citaciones, la incógnita ahora es cuál será su posición ante el magistrado Juan Carlos Peinado en la comparecencia que tendrá lugar hoy a partir de las diez de la mañana. Se le notificó en Moncloa la admisión de la nueva querella y la ampliación consecuente de las imputaciones. Está citada a declarar sobre ellas y esta vez, podría avenirse a declarar, aunque fuese sólo a preguntas de su letrado, consolidando así ese cambio de estrategia procesal iniciado hace unos días.
Lo que no variará es su forma de acceder a los juzgados, pues igual que las dos veces que hubo de acudir en julio (la primera comparecencia se suspendió porque no había tenido acceso a toda la causa), Presidencia del Gobierno ha alegado razones de seguridad que desaconsejan el paseíllo.
Las 4 imputaciones
Corrupción en negocios
Está presente desde el inicio de la causa y se le imputa por su vinculación con el empresario Juan Carlos Barrabés y unas cartas de recomendación que él presentó a un concurso público.
Tráfico de influencias
Se le imputa por su vinculación con Barrabés, pero también por su acceso a una cátedra en la UCM y un puesto en el Instituto de Empresa.
Apropiación indebida
Por el destino del software que pagó la UCM para la cátedra que ella dirigía. Su defensa lo ha rebatido con correos que apuntan a que siguió instrucciones del centro.
Intrusismo profesional
Por firmar los pliegos técnicos para la contratación del software de la UCM sin tener cualificación profesional para ello. Su defensa insiste en que en esto también siguió las instrucciones de la Complutense.
La decana de los jueces de Madrid, María Jesús Del Barco, permitió ayer por la vía de un acuerdo gubernativo que acceda en coche por el garaje de la puerta lateral del edificio, en el Paseo de la Castellana. Accede a la petición del departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, que en su informe para la solicitud afirmó que «existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones, insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada».
Riesgo para su integridad
La decana de los juzgados madrileños recuerda que la práctica habitual es que todo el que acceda a las sedes judiciales debe hacerlo por las entradas comunes, pero «cuando nos encontramos ante determinadas personas que por su relevancia pública o por el interés mediático del procedimiento en el que comparecen solicitan su acceso por un lugar diferente, debe existir una justificación que excepcione la regla general que afecta a todos los ciudadanos, como la posible existencia de un riesgo para la seguridad, la vida o integridad física de estas personas». Y, en este sentido, el informe de Seguridad de Moncloa sí justifica el posible riesgo.
Hoy se producirá, como ha ocurrido las anteriores veces que Begoña Gómez ha acudido al Juzgado, una concentración en las inmediaciones de la Plaza de Castilla convocada por la asociación HazteOír, que ejerce la acusación popular en la causa y viene liderando manifestaciones.
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