El 'whatsapp' que prueba que la asesora de Moncloa trabajaba para los negocios de Begoña Gómez

La asesora de La Moncloa ha acompañado durante los últimos años a Begoña Gómez en sus actividades en la Universidad Complutense de Madrid, en la que ha dirigido una cátedra extraordinaria y codirigido dos másteres pese a carecer de titulación superior oficial. Cristina Álvarez no sólo ha pedido dinero a empresas para las iniciativas privadas de la mujer del presidente, como acreditan los correos electrónicos entregados a la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado, sino que también trabajaba en el día a día de las actividades académicas de Begoña Gómez.

Así lo acredita un mensaje de WhatsApp que la asesora de Presidencia envió a Juan Carlos Doadrio, quien era vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense cuando la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) se puso en marcha, en octubre de 2020 (la UCM decidió no renovarla el mes pasado, cuando se cumplió el primer plazo de cuatro años). «Hola Juan Carlos para el tema de la propiedad intelectual de la plataforma de medición que se va a hacer con otri Ucm y que te comenté incorporarte junto a Ruano y bg. Necesito estos datos tuyos», escribió Cristina Álvarez a Doadrio en un mensaje enviado el 3 de octubre de 2022.

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La cargo de confianza de la Secretaría General de Presidencia estaba hablando, precisamente, del polémico 'software' de la UCM que el juez Peinado investiga como apropiación indebida –la esposa de Sánchez lo registró a su nombre– y que sigue sin aparecer. En el mensaje, Álvarez cita a Begoña Gómez, mediante la abreviatura 'bg', además de al profesor José Manuel Ruano, quien la Complutense puso –propuesto por la esposa de Sánchez– como codirector de la cátedra, ya que él sí cumple con los criterios académicos exigidos.

El mensaje lleva adjuntas dos fotos de un documento en el que figuran los datos del vicerrector Doadrio que la esposa de Sánchez necesitaba para la puesta en marcha de la plataforma. Según las fuentes consultadas por ABC, Cristina Álvarez, cargo de confianza del área de Presidencia sufragado con presupuestos públicos, intercalaba con la Complutense como la «asistente de Begoña, la persona que le llevaba la agenda».

De hecho, era su sombra y casi siempre la acompañaba a la universidad. Allí estuvo, por ejemplo, en la inauguración de la cátedra, en octubre de 2020, cuando Begoña Gómez se tomó una foto con el rector, Joaquín Goyache, al que el juez Peinado imputó por tráfico de influencias y que reconoció haber sido citado en el Palacio de la Moncloa, donde Begoña Gómez le propuso la creación de la cátedra extraordinaria que él aceptó.

El mensaje al que ha tenido acceso ABC refleja que el entonces vicerrector de Relaciones Institucionales, área de la que dependen las cátedras extraordinarias, tenía memorizado el teléfono móvil de la cargo de confianza de La Moncloa como «Cristina secretaria d...». Se entiende que el resto del nombre del contacto es «de Begoña Gómez», aunque Juan Carlos Doadrio ha declinado hacer declaraciones.

Tal y como ha venido desgranando este diario, Álvarez estaba involucrada en las gestiones relativas a la cátedra. En otra tanda de correos aportada al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a la que tuvo acceso ABC se revela que ella, con su correo personal, constaba en copia de los mensajes que iba enviando Doadrio al resto de integrantes del Comité de Seguimiento de la Cátedra Extraordinaria cada vez que se incorporaba una entidad o empresa nueva mediante la firma de una adenda. Así, figuran por ejemplo las incorporaciones de Deloitte –que además del convenio luego sería adjudicataria del polémico 'software'– que Doadrio envía a Reale para la imprescindible firma de su CEO o la de Spainaab, que se rebota para firma también del representante de la igualmente patrocinadora Fundación la Caixa.

La asesora de La Moncloa figura en copia en estos casos, si bien con su correo personal, una dirección de Gmail. Desde esa misma cuenta enviará en febrero de 2024 la petición a Reale para que no dejen de financiar la iniciativa, en un momento en que vencían los cuatro años del convenio inicial y tocaba renovar: «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», reza ese 'email', como reveló este diario.

Sí usó su cuenta corporativa de Presidencia del Gobierno cuando se involucró en la organización de un evento de la Cátedra Extraordinaria en un congreso en el recinto de ferias Ifema. Los mensajes, en los que se recaba de un patrocinador el perfil de su ponente o se tramitan los accesos llevan el membrete de La Moncloa.

El propio Doadrio informó de esta situación cuando, como testigo, declaró ante el juez el pasado julio. «Tengo un 'whatsapp' de Cristina», dijo, el que ahora revela ABC, para dar más fuerza a su relato. Desgranó cómo en una ocasión Begoña Gómez fue a verle con ella para hablar del 'software' que querían contratar para la cátedra. «Venían las dos juntas. Me preguntaron cómo había que pagar porque tenían que terminar el producto ese, la plataforma, que era una contratación como de 60.000 euros y les dije que en eso había que hacer una licitación, que no se podía hacer de otra manera. Ella me insistió: 'No sé cómo se puede hacer'. Y llamé al vicegerente de recursos económicos», señaló, conforme informó ABC, a partir del vídeo de la comparecencia al que tuvo acceso. Doadrio les consiguió así el contacto de la funcionaria que se encargaba de esos menesteres. «Se lo di a ellas y ellas debieron dirigirse a la funcionaria para hacer el papeleo», añadió, relacionando directamente a esta asesora en nómina de la Administración General del Estado con esa iniciativa privada de Begoña Gómez.

Las acusaciones populares vienen pidiendo al juez desde entonces que cite como testigo a la asesora de la Moncloa para que explique su conocimiento y su rol en este asunto.

La mujer del presidente del Gobierno está investigada además de por corrupción en los negocios privados y tráfico de influencias, por delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida, precisamente, en relación a ese proyecto. El intrusismo se le atribuye indiciariamente porque fue ella quien redactó los pliegos para la adjudicación del contrato de creación de esa herramienta no ostentando titulación alguna relacionada con la ingeniería informática.

La apropiación tiene que ver con que consta una marca en la Oficina de Patentes, una página web y una empresa denominadas todas con un nombre análogo al de la cátedra extraordinaria, transformación social competitiva, y a su nombre, siendo un proyecto de la Complutense.