Begoña Gómez ayudó a dos empresas privadas a conseguir una adjudicación del Gobierno en 2020

Uno de los principales accionistas de la empresa que ganó la adjudicación es el empresario Carlos Barrabés, el mismo que puso en contacto a Begoña Gómez con Air Europa en 2019 y más tarde puso en marcha el máster de la Universidad Complutense de Madrid que dirige la mujer del Sánchez.

La consultora de Barrabés, Innova Next SLU, se unió a la escuela de negocios The Valley para pujar por los lotes 1 y 3, de los seis en los que estaba dividido el concurso. Entonces la empresa presentó la carta de Begoña Gómez mostrando su respaldo frente al resto de compañías rivales.

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No obstante, fuentes del Gobierno han asegurado a 'El Confidencial' que «el proceso de licitación fue impecable» y que la empresa ganadora presentó 19 cartas de apoyo, no solo la de Begoña Gómez, quien –aseguran– lo hizo como representante del máster de la Universidad Complutense y no como esposa del presidente.

Desde que estalló el caso Koldo, el nombre de Begoña Gómez ha aparecido en diferentes informaciones que la han relacionado con la adjudicación de contratos o ayudas públicas. ABC ya adelantó la conexión de la mujer del presidente del Gobierno con la adjudicación de ayudas públicas a empresas del grupo Globalia, compañía que patrocinó actos en los que la misma participó.

Begoña Gómez tiene relación con el ex consejero delegado e hijo del fundador del grupo Globalia, Javier Hidalgo. Y fue el mismo Carlos Barrabés quien medió para que Hidalgo y la mujer de Sánchez se conocieran.

El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprobó en dos ocasiones las ayudas públicas para este grupo: la primera, el 3 de noviembre de 2020, cuando se aprobó el rescate público a Air Europa por 475 millones de euros, la aerolínea del grupo Globalia; la segunda, el 16 de marzo de 2021, con 320 millones de euros a Avoris, agrupación de touroperadores del mismo grupo.

Según la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, el presidente del Ejecutivo pudo incurrir entonces, según consideran expertos en Derecho Administrativo consultados por ABC, en un conflicto de intereses del artículo 11.2 de la citada ley.