El conflicto de Sánchez y Begoña Gómez con Air Europa podría acabar en el Supremo

Más dudas hay con que pueda derivar en una inhabilitación de entre 5 y 10 años para Pedro Sánchez, castigo tipificado en la Ley 3/2015 que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Por lo pronto, fuentes del PSOE aseguraban ayer que la denuncia «no tiene ningún recorrido, por lo que es evidente que se trata de una utilización malintencionada de una institución tan ejemplar con la única intención de intoxicar a la opinión pública». No lo entienden así en el PP, donde confían «en que la Oficina de Conflictos de Intereses actúe con criterios de independencia y objetividad, aunque dependa de un Ministerio». «Esperamos que esta Oficina no se guíe por las mismas actitudes proteccionistas y sectarias en favor del Gobierno como las que, lamentablemente, ya rigen en el CIS de Tezanos», señalan fuentes del PP.

A pesar de ese posible frenazo gubernamental, esperado ya por Génova antes de iniciar este movimiento jurídico —«o le castigan o le protegen», señalaban el pasado miércoles en referencia al presidente—, el recorrido de la denuncia podría ir mucho más allá. Fuentes de la formación liderada por Feijóo reconocen que «si de la información recabada se hubiera incurrido en responsabilidad penal, se daría traslado a la Fiscalía dada la vinculación de alguna de las empresas con investigaciones judiciales en curso relacionadas con la trama de corrupción socialista». Se referirían a los vínculos de Air Europa con el comisionista principal de la operación Delorme, Víctor de Aldama, que estaba asalariado por esa compañía y que acudió a Barajas en la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez para, supuestamente, cobrar una deuda del gobierno de ese país con la aerolínea.

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Sería la Fiscalía la encargada de elevar en su caso, la denuncia ante el Tribunal Supremo, donde podría recaería en la Sala Segunda si se aprecian responsabilidades penales y en todo caso en la Tercera, encargada de revisar los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, el PP confía en que la Oficina responda aportando algunos documentos que puedan ser de interés para esclarecer el conflicto en estudio y cualquier otro que se haya podido producir por los vínculos de Begoña Gómez y las decisiones de su marido en Consejo de Ministros. «El PP ha solicitado a la Agencia Tributaria, a los órganos gestores de la Seguridad Social y a los servicios públicos de empleo la información de que disponga para determinar la naturaleza de la relación jurídica que existía entre el Instituto de Empresa y Begoña Gómez, así como de las retribuciones percibidas por la esposa del presidente», señalan fuentes populares, determinadas a aclarar lo ocurrido entre miembros de la trama del caso Koldo García y la mujer del presidente.

Una determinación que recibió un impulso definitivo el pasado miércoles, después de que Pedro Sánchez utilizara un tono muy duro y desafiante con la oposición. «Allá usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que acaba de decir», advirtió Alberto Núñez Feijóo, que dio luz verde a una nueva estrategia más agresiva con la mujer del presidente tras haber escuchado a Sánchez pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por las supuestas irregularidades fiscales de su pareja y de airear, de nuevo, su relación de hace 30 años con el narco Marcial Dorado.