El Tribunal Constitucional propone exonerar a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán de sus delitos en el caso ERE

Los borradores de las sentencias redactados por la magistrada Inmaculada Montalbán, la vicepresidenta del órgano de garantías, que serán examinados por el Pleno del TC a partir del 16 de julio, proponen exonerar a ambos expresidentes andaluces y ex secretarios generales del PSOE regional del delito de prevaricación entre los años 2002 y 2009, en los que se estuvieron repartiendo ayudas sin regla ni transparencia.

La ponencia referida a Griñán a la que ha accedido ABC, elimina por completo el delito de malversación atribuido al que también fuera consejero de Economía y Hacienda de la Junta entre 2004 y 2009, y por el que fue condenado a seis años de prisión, una pena que está suspendida durante cinco años para poder tratarse el cáncer que padece. Montalbán justifica la anulación de la pena porque entiende que se han vulnerado sus derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal.

«No se considera mínimamente motivado que el señor Griñán Martínez hubiera realizado los hechos que la sentencia declara probados con conocimiento de que la Consejería de Empleo concedía ayudas que no respondían a ningún fin público amparado en el programa presupuestario 31L», argumenta el borrador.

Por consiguiente, según el escrito que previsiblemente aprobará la mayoría progresista del TC, el expresidente andaluz no era conocedor del «riesgo concreto» de desviación de fondos públicos que podría conllevar la gestión del programa de ayudas. Su presunción de inocencia «no ha sido respetada por los órganos judiciales que pronunciaron la condena y que desestimaron el recurso de casación» presentado en el Supremo, apostilla. La estimación de esta queja es, a juicio de la vicepresidenta del TC, «bastante para declarar la nulidad de la condena por delito de malversación».

Griñán fue condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por la Audiencia Provincial de Sevilla el 19 de noviembre de 2019, fallo que fue ratificado por el Supremo. El Alto Tribunal, en una sentencia que contó con tres votos a favor y dos votos discrepantes sobre la atribución del delito de malversación, reprochó a Griñán su «pasividad» al no parar la financiación de las ayudas pese a que, como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, había sido destinatario de los informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que, a partir de 2005, advirtieron a los exconsejeros de Empleo, Innovación y Hacienda de hasta 18 irregularidades en el sistema de ayudas por el que se repartieron 680 millones de euros entre 2000 y 2009.

La ponencia contradice la inacción de Griñán y afirma que los citados informes que la sentencia de la Audiencia esgrime como «medio de prueba acreditativo del tipo subjetivo de malversación no llegan a demostrar que el señor Griñán Martínez» conociera las «graves desviaciones» cometidas por las autoridades de la Consejería de Empleo y, en concreto, que «las ayudas se fueran a conceder al margen de toda finalidad pública».

La magistrada ponente tampoco estima «concluyente» que éste tuviera conocimiento del déficit que la distribución estaba ocasionando en el ente público utilizado para pagar las subvenciones, el Instituto de Fomento de Andalucía, rebautizado luego como Agencia IDEA, porque el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (fallecido antes de que su condena adquiriese firmeza) gastaba más dinero en las ayudas del que tenía consignado en los presupuestos. Este agujero superó los 95 millones de euros en el año 2005, debido a que se concedían nuevas subvenciones sin que fuera necesaria la existencia de crédito suficiente.

El Tribunal Constitucional estudiará a partir del 16 de julio las ponencias elaboradas por Montalbán, que fue condecorada con la Medalla de Andalucía por el Gobierno de Griñán en el año 2012. Según fuentes jurídicas consultadas por ABC, el bloque de magistrados progresistas, mayoritario en el TC, aplicará la misma doctrina que a otros seis condenados por los mismos delitos, como la ex 'número dos' de Griñán y exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión como su jefe, y la exministra y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez, que va a ver reducida su pena de nueve años de inhabilitación por prevaricar.

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El órgano de garantías presidido por Cándido Conde-Pumpido ha anulado parte de las penas a seis ex altos cargos condenados por prevaricación y/o malversación con el argumento de que la partida de la que se nutren las ayudas estaba apoyada en las leyes de Presupuestos desde 2002 a 2009, por lo que no puede considerarse ilegal su reparto.

El TC se alinea, de este modo, con las defensas y en contra del criterio marcado por la Audiencia Provincial de Sevilla, que fue avalado después por el Tribunal Supremo. Así, Magdalena Álvarez fue condenada por prevaricación al haber dictado «resoluciones arbitrarias» al incluir en el anteproyecto de presupuestos un criterio de presupuestación ilegal para los ERE fraudulentos, que consistía en el uso de transferencias de financiación, un mecanismo que no está concebido para el pago de subvenciones excepcionales y que impidió su control y fiscalización.

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El TC entiende que la Audiencia y el Supremo vulneraron el derecho a la presunción de inocencia de algunos exconsejeros como Álvarez o los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) y Francisco Vallejo Serrano (Innovación), que fueron liberados de sus respectivas penas de prisión la pasada semana. El órgano que preside el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido considera que no puede «trasladarse automáticamente la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas en la Consejería de Empleo a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes».

Dando por válida esta tesis, el TC sostiene que a la antigua 'número dos' de Griñán cuando éste era consejero andaluz de Hacienda se le impuso una condena «sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por la recurrente».

Siguiendo esta doctrina, el TC concederá amparo a los dos expresidentes regionales y remitirá sus resoluciones a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para que emitan nuevas sentencias en las que se aplique a los expresidentes andaluces sustanciales rebajas de las penas de nueve años de inhabilitación por prevaricación en el caso de Chaves, mientras que su sucesor en la Presidencia de la Junta, José Antonio Griñán, también se libraría definitivamente de la prisión.