El Tribunal Constitucional analiza ya el recurso de Magdalena Álvarez que pide la anulación de su condena por el caso ERE Andalucía

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que los magistrados debatirán la ponencia de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, que propone estimar el recurso de Álvarez y anular su condena.

La postura de Montalbán coincide con el criterio de la Fiscalía, que a principios de año informó a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación «en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos» de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.

Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa.

Las fuentes consultadas precisan que la cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos -luego aprobada como ley- podía haber sido o no juzgada por un juez penal y calificado como acto administrativo injusto.

Dichas fuentes insisten en que este será uno de los puntos del debate porque se estudia si el juez en cuestión tenía que haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC si albergaba dudas sobre la legalidad de ley en lugar de declarar ilegal la norma.

El Constitucional abordará el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional porque plantea «un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales«, según una nota informativa del tribunal.

Además, está previsto que el Pleno estudie si admite a trámite el recurso que presentaron los diputados del PP del Parlament de Cataluña contra la decisión de la Mesa de Edad de permitir que se contabilizasen los votos delegados de los diputados electos Carles Puigdemont y Lluís Puig. El asunto fue añadido al orden del día del Pleno y el magistrado del ala conservadora Ricardo Enríquez será el encargado de redactar la ponencia.

El tribunal deliberará sobre la admisión a trámite después de que en su último Pleno anulara el voto telemático de Puig al estimar un recurso de amparo de los diputados de Socialistes i Units per Avançar en el Parlament de Cataluña en la anterior legislatura.

Los magistrados concluyeron que no podía ser tenida como «circunstancia constitucionalmente válida» para el voto telemático el hecho de que se encuentre «voluntariamente» fuera del país porque «ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española». Y recordaron, además, que sobre Puig «pesa una orden judicial de busca y captura«.

El Constitucional, a su vez, apuntó que el acuerdo de la Mesa del Parlament en cuestión fue «instrumental con la finalidad exclusiva de intentar dar una apariencia de cobertura normativa a la habilitación del voto telemático al sr. Puig i Gordi para eludir pronunciamientos previos de este tribunal, pero sin una real vocación de generalidad».

Además, se prevé que el Constitucional aborde el debate sobre el recurso de Vox contra la reforma de la ley del aborto después de que el presidente del tribunal, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, pospusiera el asunto para no interferir en las elecciones europeas del pasado 9 de junio.

Fuentes jurídicas apuntan que la corte de garantías se dispone a aprobar el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista Laura Díez, quien defiende que la norma es constitucional.

Así, es previsible que la mayoría progresista del tribunal rechace el recurso que presentaron los diputados de Vox contra la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que modificaba la aprobada en 2010.

Por su parte, consta en el orden del día que el tribunal decidirá si admite a trámite el recurso del presidente del Gobierno contra la ley de Memoria Democrática de Aragón, así como el recurso que presentaron los senadores del PSOE contra el Decreto-ley 3/2024 por el que se adoptan medidas de simplificacIón y racionalización administrativa para las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.

Para admisión a trámite figura también una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la disposición transitoria quinta de la ley de coordinación de policías locales de la Región de Murcia.