El Constitucional 'acata' las palabras de Sánchez y plantea anular la sentencia de los ERE

De momento en el orden del día del Pleno convocado para el próximo 18 de junio están incluidos los recursos de amparo interpuestos por la exministra de Zapatero Magdalena Álvarez y por el exconsejero de Empleo José Antonio Viera. De ambos es ponente la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán. Magdalena Álvarez fue condenada a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación continuada. Viera, por su parte, fue condenado a siete años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos.

Según ha podido saber ABC de fuentes del TC, la propuesta de Montalbán va en la línea del informe de la Fiscalía, que consideró que «la eventual revisión de penas solo debe afectar al delito de prevaricación (no al de malversación) en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos». En sus alegaciones el Ministerio Público explicaba que la «consideración como delito de prevaricación del ejercicio de la iniciativa legislativa presupondría introducir un control de la jurisdicción penal respecto de la forma e incluso el contenido de dicha iniciativa legislativa que tanto el orden jurisdiccional contencioso-administrativo como la propia jurisdicción constitucional sistemáticamente han rechazado ejercer».

Además de los recursos de Chaves y Griñán (en este último caso sólo respecto a la prevaricación), la Fiscalía pidió al tribunal de garantías la estimación parcial de los recursos de Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Gaspar Zarrías, entre otros.

La medida ha trascendido solo unos días después de que Magdalena Álvarez, quien llevaba varios años retirada de la vida pública, asistiese al mitin de Pedro Sánchez en la localidad malagueña de Benalmádena, donde fue saludada públicamente por el presidente del Gobierno, quien se refirió a ella como otra víctima de las «mentiras y fango».

Concretamente, Sánchez declaró que Magdalena Alvarez «también ha sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años», en referencia velada a la instrucción del caso ERE que comenzó la juez Mercedes Alaya y que se prolongó durante una década. Las palabras del presidente hicieron que el público asistente al acto ovacionara a Magdalena Álvarez como antes había hecho con la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

La estrategia de Sánchez en aquel acto electoral, el más importante que celebró en Andalucía, fue extender al 'caso ERE' su argumentación sobre las acusaciones de corrupción que atañen a la intermediación de su esposa con empresas que posteriormente resultaban beneficadas por el Gobierno. El presidente se refirió al «asedio vil de la derecha y la ultraderecha y el silencio de los tabloides digitales que enfangan el debate público». En este sentido, añadió que «somos muy conscientes del nexo de unión entre Abascal, Feijóo y Alvise [el candidato de Se Acabó la Fiesta] con Hazte Oír, Manos Limpias y toda la máquina del fango», explicó.

Menos de una semana después, el gesto del presidente del Gobierno de 'recuperar' la figura de Magdalena Álvarez cobra sentido con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que se alinea de esta manera con la Fiscalía, la cual ya había informado a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación «en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos» de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.

Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa. Esta valoración coincide con la argumentación de la defensa de los acusados desde que comenzó el 'caso ERE' en el sentido de que no se podía considerar delito una gestión que había sido debatida y aprobada en la sede parlamentaria.

La defensa de Griñán, por ejemplo, defendió que los hechos no son subsumibles en el delito de prevaricación administrativa porque «ni identifican una actuación que pueda tenerse por resolución, ni las actuaciones a las que atribuye indebidamente esa cualidad, que vienen enmarcadas en el trámite de la elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos y la tramitación de las solicitudes de modificaciones presupuestarias, no tienen lugar en el seno de un asunto administrativo», ya que fueron refrendadas posteriormente en el Parlamento andaluz.

Esta parece ser la línea a la que se suscribe ahora la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán, para proponer la anulación de la condena. Se da la circunstancia de que Montalbán fue premiada por José Antonio Griñán con la medalla de Andalucía en el año 2012 en reconocimiento a su carrera profesional y por ser «experta en violencia de género y comprometida con la conquista de mayores cotas de calidad democrática, su firme defensa del estado de derecho y su esfuerzo por alcanzar el ideal de una convivencia sin violencia», según se recogía en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en el que se publicaba la concesión del más alto galardón que otorga el Gobierno andaluz.

La línea que apunta a seguir el Tribunal Constitucional contrasta con la adoptada por el Tribunal Supremo, que en julio de 2022 ratificó la sentencia del caso ERE dictada por la Audiencia de Sevilla. En un relato demoledor de 1.200 folios, el Supremo confirmó las penas de una veintena de cargos condenados por la Audiencia de Sevilla, incluida Magdalena Álvarez. El dictamen el Supremo, que contó con dos votos particulares, consideró suficientemente acreditado el descontrol en la gestión y pago de las ayudas por el contenido de un informe pericial elaborado por funcionarios de la Administración General del Estado y ratificado en el juicio, así como por distintos testimonios y documentos.

«Estamos ante una grosera y patente utilización de un instrumento presupuestario para fines absolutamente ajenos para el cual fue concebido, de conformidad con la interpretación que del mismo dio la sala de instancia (Audiencia de Sevilla) y que hemos validado», señalaron los jueces del Tribunal Supremo.