Zarrías lleva al juzgado a la Junta por «discriminarle» tras negarse a pagar su defensa en el caso ERE

El punto de la discordia es una orden de la Consejería de la Presidencia del Gobierno saliente de Susana Díaz del pasado 4 de julio por la que acordó abonarle tan sólo el 6 por ciento de los honorarios profesionales del letrado que lo ha defendido en el juicio. Gaspar Zarrías está acusado de un presunto delito continuado de prevaricación en un proceso que quedó visto para sentencia el pasado 17 de diciembre, después de un año y 152 sesiones.

En dos años, el Gobierno anterior ha dado un giro en este asunto espinoso. El recurso, al que ha tenido acceso ABC, fue presentado el pasado 27 de diciembre ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), días después de que finalizara el juicio en la Audiencia de Sevilla.

En el escrito, su letrado, Miguel Ángel Martínez-Fresneda, argumenta que el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios (PSOE), dictó el 27 de abril de 2016 una orden por la que reconocía el derecho al abono de los honorarios al exconsejero pero posponiendo su pago al momento en el que hubiera una sentencia firme absolutoria.

El exvicepresidente andaluz había solicitado que su defensa fuera asumida por la Junta amparándose en el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta. Dicha norma estipula que los letrados autonómicos «podrán representar y defender a las autoridades y personal» al servicio de la Administración «en toda clase de procedimientos judiciales que se dirijan contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos ».

Como la Junta tiene la condición de perjudicada en la instrucción del caso ERE, aunque rehusó acusar a los 22 ex altos cargos procesados, se producía una incompatibilidad para asumir directamente la defensa de Zarrías. Por este motivo, el exconsejero solicitó que « se le autorizara a contratar» a un abogado «haciéndose cargo la Junta de los gastos» por estos servicios profesionales «a medida que se fueran devengando».

El 22 de diciembre de 2016, la Consejería de Presidencia dictó otra orden donde accedía a las pretensiones de Zarrías y dejaba sin efecto la limitación en la cuantía de los honorarios que había fijado previamente. Obtenido el plácet, Zarrías presentó en la Junta las facturas de los honorarios de su letrado, Gonzalo Martínez-Fresneda .

La sorpresa fue mayúscula. Mediante una nueva orden, la Junta acordó pagarle el 6% del importe de los honorarios de su letrado . Basándose en un informe de su Gabinete Jurídico que hacía una interpretación «restrictiva» de los Criterios Orientativos de Honorarios, resolvió que sólo se iba a hacer cargo de las costas procesales.

Su derecho al reintegro de los gastos de defensa «quedaría cubierto de manera insuficiente» porque no se tienen en cuenta la complejidad del procedimiento, así como el tiempo empleado en reuniones, asistencia en el juicio y estudio del sumario , avisaba en el recurso. Para ilustrar la envergadura de la llamada pieza política del caso ERE por la que ha sido juzgado Zarrías, apuntó que la sola enumeración de los documentos que componen las diligencias ocupa 55 páginas.

El juicio de los EREha sentado en el banquillo a la antigua cúpula política del PSOE andaluz durante una década y a dos referentes históricos como son los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán . La Fiscalía les acusa de crear un sistema «totalmente opaco» para repartir ayudas públicas al margen de los controles establecidos por la Intervención General.

En la demanda de quien fuera uno de los pesos pesados de la política andaluza, expone que los precios que cobra su letrado son muy parecidos a los que figuran en las pólizas de responsabilidad civil.Las compañías de seguro se mueven en márgenes de 220 euros la hora para el letrado contratado y 150 euros para sus colaboradores.

La decisión del Gobierno anterior «equivale a una negativa a cumplir con las normas que reconocen a mi representado el derecho al cobro de los gastos de defensa», lamenta el abogado del exconsejero en su recurso de 16 páginas. El Gabinete Jurídico rechaza valorar la minuta con criterios de mercado apelando a que la normativa liberalizadora prohíbe regular los honorarios profesionales más allá de la tasación de costas procesales.

Su abogado cree que hay una «clara discriminación» de Zarrías respecto a «los que pueden ser defendidos por los servicios jurídicos de la Junta». La demanda no lo cita, pero un letrado autonómico defiende, por ejemplo, al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo en una pieza separada de las irregularidades del caso Invercaria.