Zarrías solicita su absolución por los ERE

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Zarrías solicita que en la vista oral declaren como testigos once personas, entre ellas Francisco Reyes; los ex presidentes del Parlamento Manuel Gracia, Javier Torres Vela y Fuensanta Coves; el que fuera consejero de Obras Públicas y viceconsejero de Medio Ambiente, Cultura y Obras Públicas, Luis García Garrido, o el consejero mayor (presidente) de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas.

El abogado de Zarrías, Gonzalo Martínez-Fresneda, inicia el escrito expresando su protesta por el hecho de que el plazo para presentar los escritos de defensa, de 30 días, haya sido «notoriamente inferior» al otorgado por el juez Álvaro Martín a las acusaciones, ascendente a 45 días, señalando que el hecho de «haber recortado injustificadamente» los plazos para la instrucción de la defensa «ha provocado que estemos obligados a presentar» el escrito de defensa sin que la Audiencia haya resuelto los recursos contra el auto de procesamiento.

«Frente al plazo de 45 días concedido a las acusaciones (que realmente fueron 78 días, o incluso 137 días si se cuentan desde el auto de incoación de procedimiento abreviado), el instructor se ha negado a conceder a las defensas más de 30 días naturales para formular sus escritos de defensa», asevera el letrado.

Asimismo, el abogado del ex consejero, que califica la imputación de «absurda», plantea además la nulidad de la decisión del juez de abrir juicio oral contra su cliente por un delito de asociación ilícita, pues la pieza separada del procedimiento específico «no se abrió para el esclarecimiento de hechos constitutivos de un delito de asociación ilícita, sino exclusivamente para investigar la posible existencia de un delito de prevaricación».

Respecto a los hechos en sí, el letrado manifiesta que Zarrías «se ve en el banquillo no tanto por ser consejero de la Presidencia -cargo que ocupó del 17 de abril de 1996 hasta el 24 de abril de 2009-- sino únicamente por ser miembro del Consejo de Gobierno de la Junta y, en tal carácter, corresponsable de algunas decisiones adoptadas en su seno».