Veintidós años del desastre de Aznalcóllar: del vertido tóxico al laberinto judicial

La suerte fue que el curso del agua, mezclado con el ácido sulfúrico, ralentizó el curso de las aguas . La sequía se convirtió en otro aliado, lo que permitió construir rápidamente un dique doce kilómetros más abajo y salvar así las marismas de Doñana.

Veintidós años más tarde, el causante de la contaminación, la filial española de la multinacional sueca Boliden AB , sigue sin pagar la factura de los trabajos de limpieza y de restauración que costaron no menos de 500 millones de euros. El camino judicial emprendido en 1998 para reclamar el importe de los daños se ha convertido en un accidentado viaje por un laberinto judicial que parece no tener salida.

Distintos tribunales le han dado hasta siete veces la espalda a la Junta de Andalucía en su empeño de recuperar los 90 millones de euros en los que ha tasado la deuda de Boliden, a los que se suman otros 40 millones del Estado y 11 millones de acreedores públicos y privados. Sepultada la vía penal por la Audiencia de Sevilla en el año 2001, se inició una rocambolesca carrera de obstáculos.

Cuando la Junta pretendía cobrarle la factura a los suecos por la vía civil, los tribunales le contestaban que era una cuestión administrativa. Cuando acudía a la vía administrativa, redirigían sus pasos hacia el camino civil. El tiempo fue pasando, mientras crecían los recursos de los letrados autonómicos hasta abril de 2012. La Sala de Conflictos del Tribunal Supremo determinó que correspondía resolver el caso en la jurisdicción civil. Vuelta a la casilla de salida.

Catorce años después, la demanda regresó al Juzgado que lo instruyó en sus orígenes. Desde 2013 hasta ahora no se ha producido un fallo judicial sobre la demanda de la Junta de Andalucía tras procurar un acuerdo extrajudicial que no se ha producido. Hay que tener en cuenta que Boliden Apirsa presentó un concurso de acreedores y está en liquidación.

Boliden no sólo no ha pagado nada sino que a los andaluces les ha costado dinero tener cerrado el yacimiento . La Junta ha destinado 6 millones de euros cada año al plan de adecuación ambiental de las labores de desmantelamiento y restauración final de las instalaciones mineras desde 2001 hasta 2015: 72 millones en números redondos.

Los suecos cerraron la mina el 29 de enero de 2002. La fecha la tiene grabada a fuego en la memoria Juan José Fernández Garrido , alcalde de Aznalcóllar. Era minero de Boliden cuando la balsa derramó el lodo sobre el río. No recuerda ningún estruendo. Se enteró del vertido tóxico en el bar tomando café minutos antes de iniciar su turno de trabajo a las seis de la mañana. El «revuelo» de guardias civiles en el pueblo no presagiaba nada bueno. «Aquí empieza el calvario de Aznalcóllar», rememora.

El Gobierno andaluz declaró la comarca como Zona de Acción Especial y prometió recolocar a los 109 trabajadores que no se acogieron a las prejubilaciones de Boliden Apirsa, financiadas con 54,2 millones con cargo a la partida de los ERE.

En enero de 2014, la Junta convocó un concurso internacional para reabrir la mina en el que se prohíbe participar a Boliden. La empresa andaluza Magtel y Grupo México se hace con un contrato en 2015 y desde ese momento asume también los costes de mantenimiento. La empresa perdedora, Emérita , contraataca con una batería de recursos y demandas alegando supuestas irregularidades en la adjudicación. Ha pedido que se practiquen más y más pruebas, siguiendo una estrategia más encaminada a eternizar el proceso judicial y a evitar la reapertura de la mina que a hacerse con los derechos de explotación. Más de 300 millones de inversión penden desde hace un lustro de una instrucción que ha sido archivada dos veces por una juez de Sevilla y reabierta después por la Audiencia Provincial.

En su declaración ante la instructora, Patricia Navarro , el demandante, Joaquín Merino , presidente de Emerita Resources, reconoció que había contado con documentación técnica de Boliden para poder presentarse al concurso minero. Ni la propia Junta contaba con dicha documentación. Los caminos de los dos laberintos judiciales parecían cruzarse.

El alcalde de la localidad está cansado de que se hipoteque el futuro de la comarca. Responsabiliza a una empresa perdedora que «no ha parado de poner zancadillas » a la reapertura de la mina y «a la que han echado de Cantabria y Extremadura» con promesas de inversión en yacimientos mineros que nunca se materializan.

«Queremos que se archive la causa de una vez , porque no puede ser que haya más de 5.000 empleos directos e indirectos en el aire, queremos que nos dejen trabajar, porque la olla hay que llenarla todos los días y hay muchas familias que no pueden hacerlo», se lamenta Fernández Garrido.

El vertido tóxico ya es agua pasada y la zona afectada se ha convertido en un inmenso corredor verde, que es la única buena noticia que ha pasado en la comarca desde que el lodo enfangó el Guadiamar hace ya 22 años.