Socorro Ricoy: «Denuncié que quitaron de la lista de espera a cientos de pacientes sin operar y quisieron taparme la boca»

El acoso laboral que le infligió de forma «prolongada y sistemática» el Servicio Andaluz de Salud (SAS) les costó a los andaluces 120.000 euros y sus acosadores fueron ascendidos. El SAS fue condenado en firme a pagarle una indemnización de esta cuantía por la persecución insoportable a la que sometió a la doctora tras negarse a que «se les paraba el reloj» a los pacientes que esperaban una operación.

Han pasado tres años desde que dejó el hospital y un trabajo vocacional que la llenaba por completo. Socorro Ricoy rompe ahora su silencio en ABC para contar su calvario . Hablar es una terapia. Las charlas que ofrece a vecinos sobre sus derechos gracias a la Asociación Justicia por la Sanidad (que preside el médico Jesús Candel) son, en cierto modo, una liberación para ella.

La manipulación de las listas no llegó a juzgarse porque las supuestas infracciones habían prescrito, aunque andando tiempo en la Junta de Andalucía le han acabado dando la razón. El nuevo consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), admitió en ABC que las listas de espera para someterse a una intervención quirúrgica no son reales, hasta el punto de poner patas arriba no sólo la propaganda oficial del anterior Gobierno, sino también el sistema administrativo.

Otros compañeros de bata blanca conocían lo que estaba pasando y miraron para otro lado. Socorro -haciendo honor a su nombre- eligió el combate. Convertirse en el Pepito Grillo anticorrupción la empujó al oscuro túnel del vacío . De ser la responsable del servicio de atención al usuario del hospital granadino pasó al ostracismo laboral. Fue reubicada en un hospital de menor rango, el San Juan de Dios, aprovechando una reorganización interna en 2004.

Pocos meses antes, se había enfrentando a sus superiores , a los que reprochó que habían desaparecido de las listas casi 400 pacientes por el burdo método de dar por hecha una operación que no había existido. «En la tercera reunión que le planteé el problema, el subdirector me lanzó la lista de malos modos y me dijo que me podían trasladar de hospital. Le contesté que si eso era una amenaza nos veríamos en el juzgado». Así ocurrió.

Esta historia comienza en 2001. Mediante el decreto 209/2001, la Junta de Andalucía garantiza un plazo de respuesta para algunas intervenciones quirúrgicas de 180 días , luego rebajado para algunas de ellas a 120 y 90 días. Al mismo tiempo pone por primera vez en marcha un registro de listas de espera centralizado para todos los hospitales del SAS pero gestionado por cada centro.

Se deja transcurrir un año para actualizar las listas de espera, pero cientos de pacientes próximos a cumplir los 180 días o con ese plazo superado no podrían inscribirse. « Se me ordenó darles de baja de la lista de espera por intervención pese a que no habían sido operados con la promesa de que se realizarían jornadas extraordinarias de quirófano para darles respuesta». Pero el tiempo pasaba y los expedientes en el opaco cajón sin fondo del SAS seguían creciendo: «En 2007 y 2008, más del 35% de los pacientes de la lista de espera del Servicio de Traumatología estaban suspendidos temporalmente».

Cansada de mandar cartas a todos los responsables del hospital y del SAS con la callada por respuesta, en abril de 2008 denunció las irregularidades ante la Fiscalía. «Llegué a aportarle más de 7.000 folios recogidos desde el 2002 hasta el 2008, después de seis años revisando a los pacientes que estaban próximos a cumplir el plazo y que no era posible operar, a los que se les suspendía temporalmente por una falsa revaluación clínica y se les dejaba con el reloj parado meses y meses o se les daba de baja antes de ser operados realmente », cuenta.

La Fiscalía de Granada apreció indicios de «mala praxis administrativa» en la gestión de este hospital y extendió su sospecha al resto de hospitales dependientes del SAS . Aunque las evidencias eran abrumadoras, el «maquillaje» clínico quedó impune. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a la que el fiscal había derivado la investigación, dio carpetazo al caso en 2011 porque habían pasado más de dos años desde las posibles infracciones graves cometidas. Se archivaron las diligencias pese a detectar «discordancias» en las fechas registradas en el Programa de Gestión de Demanda.

Su persecución laboral se recrudeció. «Me quitaron todas las funciones y se las dieron a uno que era pinche de cocina y lo hicieron mi jefe. Al reincorporarme de una de mis bajas, me habían quitado la mesa», rememora. Tras la condena al SAS por acosarla, en noviembre de 2011 regresó al hospital de Traumatología.

«Estoy convencida que me quisieron tapar la boca con los 120.000 euros para que no siguiera hablando de las listas de espera», advierte con voz grave. «Yo quería demostrar que no me habían vencido. Pero tanto si pierden como si ganan, te masacran, te aíslan. Me mandaron a un sótano del hospital donde estaba el archivo de las historias clínicas. En el sótano me tiré dos años y pico sin ninguna función, sin nada de nada... Me pagaban la productividad sin tener funciones. Hasta que me jubilé en agosto de 2016».

Se le pregunta si considera que sigue habiendo irregularidades en las listas de espera. «Sí, están a la orden del día», responde al periodista sin titubear. «Le diré por qué lo sé: en una visita al hospital como paciente una compañera me enseñó más de 1.700 resonancias magnéticas metidas en un cajón, sin re gistrar ». ¿Mereció la pena denunciar? «Sí, a pesar de todo lo que he pasado, volvería a hacerlo. Es lo mejor que he hecho en mi vida», contesta sin dudarlo un segundo.